Cientos de mineros ilegales invaden la Amazonia brasileña

Greenpeace atribuye la osadía de la explotación diurna del río Madeira a la licencia “política y moral” dada por Bolsonaro

Balsas de la minería ilegal en el río Madeira, cerca de la comunidad de Rosarinho, en Autazes, a 110 kilómetros de Manaos, capital de Amazonas.Foto: Bruno Kelly | Greenpeace | Vídeo: Reuters

Solo han pasado dos semanas desde que Brasil se comprometió a adoptar medidas de protección del medio ambiente durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26). El escenario que se ve en el país, sin embargo, es muy diferente de la imagen de preocupación por el medio ambiente que el Gobierno federal intentó vender a las grandes potencias. El jueves, las imágenes de cientos de balsas socavando sin traba alguna el lecho de uno de los ríos más importantes de la Amazonia coparon las redes sociales. “Es un delito que ocurre a plena luz del día, sin tapujos”, afirma Danicley Aguiar, portavoz de la campaña amazónica de Greenpeace, que sobrevoló la región para investigar la denuncia del delito ambiental.

Las imágenes tomadas por la ONG muestran varias hileras de dragas y remolcadores de empuje, equipos que excavan el lecho del río en busca de mineral, colocados en el río Madeira, cerca de la comunidad de Rosarinho, en la ciudad de Autazes del Estado de Amazonas, a 110 kilómetros de la capital Manaos.

Habrían llegado hace un par de semanas atraídos por los rumores de un descubrimiento de oro en la zona. La ubicación es bastante estratégica, ya que la distancia de la capital dificulta la inspección. “El Madeira es el río con mayor biodiversidad del mundo. Alberga al menos 1.000 especies de peces que ya han sido identificadas. Este es un gigante que agoniza con las [presas] hidroeléctricas y una epidemia minera que nunca ha sido contenida”, afirmó Aguiar.

El activista atribuye la osadía de los garimpeiros, que explotan el río a plena luz del día, a la licencia “política y moral” dada por Bolsonaro. A finales de octubre, el presidente visitó una explotación minera ilegal, o garimpo en portugués, en el territorio indígena de Raposa Serra do Sol, en Roraima, y defendió un proyecto de ley que regula la explotación de recursos minerales, hídricos y orgánicos en las reservas indígenas. “Este proyecto no es impositivo. Si quieren plantar, ustedes podrán plantar. Si van a garimpar [buscar oro y piedras preciosas], podrán hacerlo. Si quieren construir embalses en el valle del río Cotingo, van a poder hacerlo’”, dijo el presidente en esa ocasión.

El jueves, preguntado por la situación, el vicepresidente, Hamilton Mourão, dijo que las acciones de los garimpeiros pueden tener el apoyo del narcotráfico. “Hemos recibido varios informes de que el narcotráfico, sus bandas, con la orden de proteger sus rutas, se han plantado allí. Una de las formas para mantenerse es apoyando acciones de este cariz”, aseguró. Los rumores de un descubrimiento de oro en el municipio Autazes, en el Estado de Amazonas, han hecho que decenas de balsas de garimpeiros naveguen por el río Madeira en las últimas dos semanas.

Según un estudio publicado por MapBiomas, entre 1985 y 2020 el área explotada en Brasil creció seis veces ―de 31.000 a 206.000 hectáreas― y la minería ilegal ya ocupa un área mayor que la de la minería industrial. El año pasado, tres de cada cuatro hectáreas explotadas en el país se encontraban en la Amazonia, con una especial presión sobre los territorios indígenas.

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En 10 años, la superficie ocupada por el garimpo dentro de las tierras indígenas creció un 495%; en las unidades de conservación, el crecimiento fue del 301%. Hoy, el bioma concentra el 72,5% de toda la minería realizada en el país: 149.393 hectáreas, de las cuales 101.100 (67,6%) son minas ilegales.

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Greenpeace explica que la minería en la Amazonia consiste en extraer minerales del fondo de los ríos, filtrarlos y devolver los restos, con productos químicos, a las aguas. “Además de ser ilegal, el trabajo realizado contamina e impacta directamente en el medio ambiente y en las comunidades ribereñas e indígenas”, informó la organización.

En Twitter, el exministro de Medio Ambiente, Carlos Minc, calificó las acciones de los garimpeiros como las de “una milicia con una estructura política y financiera por detrás, que involucra a políticos y policías”. Los mensajes intercambiados por uno de los grupos de buscadores de diamantes en el río Madeira, a los que el diario Estado de São Paulo tuvo acceso, muestran que están preocupados por la legalización de su situación. “Si no hay ningún representante ante el Gobierno que luche por los garimpeiros, no hay duda de que todos los años se va a ver este descaro“, dijo un hombre no identificado en los mensajes publicados por el periódico, en relación con las operaciones contra los delitos medioambientales.

Los garimpeiros están confiados después de lograr una victoria en enero de 2021, cuando Rondonia autorizó la práctica de la minería en su territorio y revocó un decreto que prohibía la extracción de mineral en el río Madeira, en el tramo de la frontera con el estado de Amazonas, donde la práctica sigue siendo ilegal.

La actividad ha sido promovida por el Gobierno brasileño durante los dos últimos años y ya ha dejado huellas. Un reportaje de EL PAÍS reveló que la extracción ilegal de oro en la Amazonia ha vertido unas 100 toneladas de mercurio en los ríos de la región. La exposición al metal neurotóxico puede provocar daños graves y permanentes, como problemas cognitivos y motores, pérdida de la vista, así como implicaciones en los riñones, el corazón y el sistema reproductor. Este oro fue exportado por Brasil a países como Canadá, Reino Unido y Suiza, irónicamente, naciones que también intentan vender la imagen de estar comprometidas con la causa medioambiental.

En el lento radar de las autoridades

Tras la denuncia, el Ministerio Público Federal (MPF) emitió una “recomendación solicitando la adopción urgente de acciones coordinadas para reprimir y desmantelar la minería ilegal de oro” en el río Madeira, en un plazo de 30 días. El MPF señala que “la extracción de oro en la región no está respaldada por una licencia ambiental emitida por la autoridad ambiental competente (...), lo que hace que esta actividad sea ilegal”. En un evento en Brasilia, el ministro de Justicia, Anderson Torres, dijo que se está preparando una operación con la presencia, incluso, de la Fuerza Nacional, cooperación conjunta de las diversas fuerzas de seguridad de Brasil.

El Ibama respondió, a través de su departamento de comunicación, que se tomarán medidas, pero que la coordinación de la acción está siendo realizada por la Policía Federal y el Ministerio de Justicia. Otros organismos que también fueron requeridos son el Comando Militar de Amazonas (CMA); la Superintendencia de la Policía Federal de Amazonas y el Instituto de Protección Ambiental de Amazonas (Ipaam), vinculado al Gobierno de este Estado.

“Los organismos deben, cada uno en su ámbito de competencia, llevar a cabo la identificación y la imputación administrativa de todas las empresas irregulares en funcionamiento o con indicios de funcionamiento en el pasado reciente en el canal del río Madeira o en sus afluentes, además de adoptar medidas para la interrupción inmediata de las actividades ilegales, incluso mediante la destrucción de los instrumentos del delito, si es necesario”, dijo el MPF.

Sin embargo, Juliano Valente, director y presidente del Ipaam, aclaró en una nota que las balsas están ancladas en el río Madeira, un área de competencia federal. Según la agencia, la regulación de la exploración minera en la zona es competencia de la Agencia Nacional de Minería (ANM en su sigla en portugués); mientras que el Ibama es responsable de la concesión de licencias ambientales. En cuanto a la actuación, en el caso de los delitos de explotación minería ilegal, es competencia de la Policía Federal. Y cuestiones como la contaminación del agua son responsabilidad de la Marina.

El MPF recuerda que, en agosto de este año, el Tribunal Federal ordenó al Ipaam la anulación de las licencias concedidas irregularmente para actividades de extracción de oro en el cauce del río Madeira, en un área de más de 37.000 hectáreas, en otra región del sur del estado de Amazonas. El caso está ahora en fase de apelación. La ANM dijo que aún no había recibido oficialmente el documento del MPF. “En cuanto tengamos el documento y junto con los demás organismos que probablemente se mencionan en él, tomaremos las medidas oportunas”, informó.

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