La crisis del gas reaviva el conflicto entre Polonia y la Comisión Europea

Bruselas interpreta el veto de Varsovia en la cumbre de la energía como la primera represalia por el bloqueo al fondo de recuperación

El primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, llegando a la sede del Consejo Europeo en Bruselas.
El primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, llegando a la sede del Consejo Europeo en Bruselas.POOL (Reuters)

Varsovia ha lanzado el primer aviso de que puede convertir la vida de los Veintisiete en un verdadero calvario. Polonia —país al que se unió la República Checa— dinamitó este jueves, al filo de la medianoche, el acuerdo para hacer frente a la crisis de la energía en el último Consejo Europeo del año. Los líderes europeos regresaron a casa sin un pacto sobre uno de los asuntos candentes de 2021. Y en Bruselas se interpreta el movimiento como una primera represalia de Varsovia frente a la presión creciente de la Comisión Europea a cuenta del Estado de derecho y su negativa a aprobar el multimillonario fondo de recuperación de Polonia si no reforma su cuestionado sistema judicial.

La negociación sobre la energía fue larga y tortuosa. Arrancó a mediodía y tuvo que ser interrumpida varias veces para pasar a otros asuntos de peso en el orden del día, como las sanciones a Rusia. Pero antes de los recesos ya se percibió que Polonia, con el apoyo de Hungría, llegó dispuesta a lanzar un aviso, indican fuentes del Consejo. Formalmente, el primer ministro, Mateusz Morawiecki, rompió la baraja por su desacuerdo con el sistema de comercio de derechos de emisiones de CO₂ (ETS, por sus siglas en inglés), que ha más que duplicado sus precios en 2021. Exigió una reforma profunda del mecanismo, que cree manipulado por especuladores, o poder salirse del esquema, según fuentes de la negociación. Bien es cierto que Varsovia no está sola en su descontento con el mercado de emisiones. Otros países, incluida España, han alertado de la necesidad de revisarlo. El ETS “es la excusa perfecta”, dicen las fuentes citadas.

El aviso de que un movimiento así podía llegar desde Varsovia lo había lanzado el lunes el ministro de Justicia polaco, Zbigniew Ziobro: “Polonia debería responder al chantaje de la UE con un veto en todos los asuntos que requieren unanimidad en la UE”, dijo en una entrevista en Financial Times. “Polonia también debería revisar su compromiso con la política climática y energética de la UE, que se traduce en drásticas subidas de los precios de la energía”. Ziobro, en realidad, no forma parte del partido de Morawiecki, Ley y Justicia, sino de uno más a la derecha.

Polonia es, junto a Hungría, uno de los pocos países de la UE cuyo plan de recuperación aún no ha sido aprobado. La Comisión ha asegurado que no fluirá ni uno de los 36.000 millones de euros solicitados por Varsovia (entre subvenciones y préstamos) para hacer frente a la pandemia mientras no acometa la reforma del poder judicial y desmantele la sala disciplinaria del Tribunal Supremo, un órgano que amenaza la independencia de los jueces, según estima Bruselas. A finales de octubre el Tribunal de Justicia de la UE obligó a Polonia a pagar una multa de un millón de euros al día por no paralizar las actividades de esta sala.

A esto se suma la presión de Bruselas a través del mecanismo de condicionalidad, un instrumento diseñado para evitar que los fondos europeos lleguen a regímenes iliberales. A finales de noviembre, el Ejecutivo comunitario dio los primeros pasos para poner en marcha la herramienta, solicitando a Polonia y Hungría explicaciones sobre el impacto que el deterioro del Estado de derecho en ambos países puede tener en la gestión de los fondos europeos.

Una semana antes de la cumbre, el vicepresidente europeo Valdis Dombrovskis puso en duda que el plan de recuperación de Polonia fuera a ser aprobado antes de final de año. La fecha es clave. Si el fondo no obtiene luz verde antes del 31 de diciembre, este país perdería automáticamente el derecho a recibir el 13% de la parte de subsidios como adelanto de prefinanciación (cerca de 5.000 millones).

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“El Gobierno de Morawiecki siente que se está usando el tema de la condicionalidad y el fondo de recuperación como una forma de castigo”, admiten fuentes del Consejo. Varsovia, añaden, acusa a la Comisión de usar contra ellos un doble rasero y de ceder a las presiones que le llegan desde el Parlamento Europeo para mostrar dureza contra Polonia. Esta tesis del doble rasero, además, suena bien en otras capitales, sobre todo de países pequeños.

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