El Supremo de Israel revisa el archivo del caso de los chicos de la playa de Gaza

Los familiares de los cuatro niños palestinos abatidos por disparos de un dron en 2014 pugnan por reabrir la investigación

Funeral de los cuatro niños muertos en Gaza en un ataque israelí, el 16 de julio de 2014.
Funeral de los cuatro niños muertos en Gaza en un ataque israelí, el 16 de julio de 2014.

La imagen de los cadáveres de cuatro chicos abatidos por un dron en una playa de Gaza simboliza la tragedia de la guerra de 2014 en la Franja palestina, la más larga librada por Israel tras asentarse como Estado. Los familiares de los menores pugnan aún para que se haga justicia. Pero el Ejército y el fiscal general dieron carpetazo a la investigación. Alegaron que los operadores del avión no tripulado confundieron a los niños con milicianos de Hamás en una zona costera considerada objetivo militar. Desde un hotel cercano, periodistas extranjeros que cubrían el conflicto solo observaron, sin embargo, a unos chavales que jugaban al fútbol en la arena. El Tribunal Supremo revisa ahora por primera vez el archivo de las diligencias después de que una ONG israelí desvelara las contradicciones contenidas en un informe militar secreto.

Eran cuatro primos, todos miembros del clan Baker, una estirpe de pescadores que da nombre un barrio marinero de la capital de Gaza. Ismail, de nueve años; Ahmed, de 10; Zacaría de 10, y Mohamed, de 11. Perecieron por el impacto de dos misiles disparados desde un dron artillado israelí a primera hora de la tarde del 16 de julio de 2014. El Supremo de Israel escuchó el lunes las alegaciones presentadas por tres organizaciones defensoras de los derechos humanos contra el cierre de la investigación sobre su muerte. Lo decretó el abogado general militar en 2015 y lo ratificó la Fiscalía General del Estado en 2019. Las ONG Adalah (con sede en Haifa, Israel) y Al Mezan y Centro Palestino para los Derechos Humanos (radicadas en Gaza) llevan siete años dando la batalla legal en nombre de la familia Baker para que se haga justicia.

El alto tribunal israelí se pronunciará en los próximos días sobre la petición de reapertura del caso, pero fuentes jurídicas apuntan a que los magistrados ya han expresado su convencimiento de que los hechos se produjeron en zona militar y en periodo de guerra. El Supremo dijo haber recibido un informe confidencial de los servicios de espionaje que define como objetivo militar el perímetro de la playa y el puerto donde murieron los cuatro niños.

Las mismas fuentes precisaron que la presidenta del tribunal, Esther Ayut, había resaltado que el informe de inteligencia militar había sido elaborado poco antes de que se produjera el ataque. Los abogados de las tres ONG no tuvieron acceso al contenido del informe confidencial, presuntamente por razones de seguridad nacional.

Los representantes de Adalah, el Centro de Defensa Legal de los Derechos de la Minoría Árabe en Israel, rechazaron de plano dicha argumentación durante la vista. Advirtieron de que esa zona de la playa es un área civil, en la que suelen jugar los niños, y además se encuentra próxima a hoteles frecuentados por periodistas internacionales en sus coberturas informativas en Gaza. Entre otros reporteros, equipos de la cadena francesa TF1 y de la catarí Al Jazeera, y los corresponsales del periódico británico The Telegraph y del alemán Frankfurter Allgemeine Zeitung fueron testigos de los hechos. Todos constataron que se trataba de un grupo de menores que jugaban al fútbol. Ninguno de los periodistas ha sido citado a declarar en las investigaciones abiertas por la justicia israelí.

Los abogados que representan a la familia Baker argumentaron además que, incluso si se tratara de una zona militar, el derecho humanitario internacional establece que el Ejército tiene la obligación de verificar si en los objetivos hay combatientes o civiles antes de lanzar un ataque. Según las alegaciones de las ONG, los militares israelíes dieron por buena la información de inteligencia que localizó un depósito de Hamás en la playa, y justificaron por ello la decisión de abrir fuego contra cualquier persona que atravesara el perímetro.

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Los límites de un objetivo de guerra

En un informe interno de la Policía Militar sobre el caso, que fue desvelado por Adalah en 2018, se precisa que el operador de un dron armado disparó un primer misil contra el depósito, en el que se había ocultado uno de los niños. Falleció en el acto. El resto de los chicos echaron a correr, como se aprecia en el vídeo grabado por TF1. El operador pidió entonces aclaraciones por radio sobre los límites de la zona militar en la que podía actuar antes de volver a abrir fuego.

Al no recibir respuesta, lanzó medio minuto después un segundo misil, que causó la muerte de otros tres primos Baker y heridas graves a un cuarto. El Ejército se ha negado a entregar a los letrados de la familia las grabaciones de vídeo del centro de control de drones de la base aérea de Palmachin, situada al sur de Tel Aviv.

Las ONG que han defendido ante el Tribunal Supremo de Israel la reapertura de la investigación y el procesamiento de los responsables de la muerte de los cuatro menores sostienen que la Fuerza Aérea abrió fuego “de forma intencionada” contra los niños “sin previa identificación y sin adoptar las precauciones necesarias”, en una grave violación de las leyes de guerra. Un portavoz de Adalah ha afirmado que “el caso de la muerte de los cuatro chicos de la playa de Gaza refleja una política de total impunidad para los soldados y oficiales de Israel”.

El Centro Palestino para los Derechos Humanos considera en un comunicado que el “sistema judicial israelí encubre crímenes de guerra cometidos por el Ejército contra civiles palestinos”. “El caso de los chicos Baker es el más flagrante ejemplo, y en consecuencia, la instancia apropiada para determinar la responsabilidad es el Tribunal Penal Internacional”, concluye la ONG palestina. Cuando este corresponsal visitó por primera vez la franja de Gaza, meses después de la muerte de los cuatro niños de la playa, Ahmed Baker, padre del pequeño Zacaría, ya anticipaba ese rumbo. “Solo confiamos en la justicia internacional”, proclamó entonces el patriarca del clan de pescadores, “y yo iré hasta el Tribunal de La Haya aunque sea andando”.

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Sobre la firma

Juan Carlos Sanz

Es el corresponsal para el Magreb. Antes lo fue en Jerusalén durante siete años y, previamente, ejerció como jefe de Internacional. En 20 años como enviado de EL PAÍS ha cubierto conflictos en los Balcanes, Irak y Turquía, entre otros destinos. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Zaragoza y máster en Periodismo por la Autónoma de Madrid.

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