El Gobierno británico se compromete a proteger a la prensa frente al acoso legal de los oligarcas rusos

Las querellas empleadas por los poderosos para intimidar y arruinar económicamente a medios y editoriales han servido durante años para frenar informaciones de interés público

Boris Johnson, el 7 de noviembre de 2012, en Londres, con el editor del diario 'Evening Standard', Evgeny Lébedev, y su hermana Rachel Johnson.
Boris Johnson, el 7 de noviembre de 2012, en Londres, con el editor del diario 'Evening Standard', Evgeny Lébedev, y su hermana Rachel Johnson.Dave M. Benett (Getty Images)

La periodista Catharine Belton puso el dedo en la llaga el pasado martes, durante su comparecencia ante la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento británico: “Observen el modo en que se está informando hoy sobre los oligarcas rusos, comparado con lo que ocurría hace dos semanas”, dijo a los diputados. “Es tan diferente como la noche del día. Antes era casi como un reinado del terror. Muchos de los oligarcas tenían un batallón de abogados y gestores de reputación que desplegaban con enorme agresividad. Hasta hace nada, era raro escuchar en los medios que Abramóvich tenía una relación muy cercana con Putin o que, hasta hace poco, había contribuido a sostener su régimen”, señalaba Belton.

Lo sabe muy bien. La periodista, que fue corresponsal en Moscú del Financial Times durante siete años, publicó en 2020 Los Hombres de Putin: Cómo el KGB se Apoderó de Rusia y se Enfrentó a Occidente (Península). El libro, una crónica rigurosa y exhaustiva del entorno de poder que habita el Kremlin y del modo en que exmiembros del servicio secreto soviético intentaron infiltrarse y dividir, con un nuevo grupo de oligarcas, en las sociedades de Occidente, adquirió de inmediato relevancia y notoriedad. La suficiente como para poner nerviosos a Roman Abramóvich, Mijaíl Fridman o Alisher Usmánov —todos sancionados hoy por EE UU, la UE y el Reino Unido—, que comenzaron a verter como locos una cascada de querellas contra Belton y la editorial Harper-Collins, así como preavisos legales a los medios de comunicación, para que no osaran poner sus manos en el libro. Harper-Collins tuvo que gastarse casi 1,8 millones de euros en abogados para proteger la publicación. Y aun así, Belton y su equipo jurídico tuvieron que negociar la retirada o suavización de algunas de las informaciones más polémicas del texto, como el hecho de que al menos tres fuentes hubieran asegurado que Abramóvich compró el Chelsea F.C. por orden directa de Putin.

El Gobierno de Johnson, que en su ímpetu por combatir la agresión de Rusia en Ucrania parece además dispuesto a resolver pecados originales que el Reino Unido arrastra durante años, ha anunciado este jueves su intención de combatir con dureza las llamadas SLAPPs: Strategic Lawsuits Against Public Participation (querellas estratégicas contra la participación pública), las batallas jurídicas que montan los financieros más poderosos contra la prensa y las editoriales, con acusaciones de difamación y de ataques a su intimidad, con el fin de intimidarles económicamente y mantenerles paralizados en procesos judiciales largos y complejos.

“La capacidad de una prensa libre de exigir responsabilidad a los más poderosos es fundamental para nuestra democracia, y como periodista que he sido, estoy decidido a que nunca más permitamos que las críticas sean silenciadas”, ha prometido Boris Johnson. “Para todos estos oligarcas y supermillonarios que pueden permitirse estas costas legales astronómicas, la amenaza con querellas y demandas se ha convertido en un nuevo tipo de arma legal. Debemos poner fin a este efecto tan escalofriante”, decía el primer ministro británico.

El Ministerio de Justicia que dirige Dominic Raab, quien actúa además en este caso con su autoridad de vice primer ministro, ha puesto ya en marcha un proceso de consultas con la intención, según han anunciado fuentes del departamento, de que los cambios legales estén listos a mediados de mayo.

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El Gobierno británico pretende reforzar el concepto jurídico de “defensa del interés público”, ya introducido en la Ley de Difamación de 2013, por el que determinadas informaciones, aunque sean erróneas en algunos de sus elementos, pueden ser protegidas frente a posibles querellas en aras de que prevalezca un bien superior, el del interés público de la materia denunciada. Otra posible medida sería la de poner un límite a la cifra total que pueden reclamar los denunciantes para resarcirse de los daños presuntamente sufridos. Y exigir, en el análisis preliminar de cualquier querella por difamación, que se demuestre la “malevolencia real” del demandado, para evitar acusaciones falsas. Finalmente, las nuevas reformas de la ley podrían permitir que jueces y tribunales impusieran Órdenes Civiles de Restricción, para prohibir la repetición constante, como método de presión, de querellas ya descartadas.

Las medidas contra las llamadas SLAPPs son muy contundentes en Estados Unidos, Canadá o Australia. En la UE, un grupo de eurodiputados lleva años exigiendo su impulso, después del asesinato en 2017, con una bomba lapa pegada a los bajos de su coche, de la periodista maltesa Daphne Caruana Galizia, cuya participación en la investigación sobre los Papeles de Panamá fue fundamental para implicar al Gobierno del entonces primer ministro, Joseph Muscat.

El talón de Aquiles de Johnson

El primer ministro británico vive un momento de tregua y gloria con su papel internacional en defensa de Ucrania y contra la invasión de Putin. Atrás parecen haber quedado los días del partygate, cuando el escándalo de las fiestas prohibidas en Downing Street amenazó con arruinar la carrera política del primer ministro. Pero el armario de Johnson tiene tantos esqueletos, y tan variados, que muchas de sus proclamas contra Rusia y sus oligarcas pierden fuelle. El diario The Times reveló la semana pasada que Johnson había hecho oídos sordos a la advertencia del MI5, el servicio británico de inteligencia y seguridad doméstica, de que no debía designar miembro de la Cámara de los Lores a su amigo Evgeny Lébedev, propietario del diario londinense Evening Standard. Aun así, Johnson siguió adelante con su decisión en 2020, y acusó a todos los que le desaconsejaban lo contrario de “rusófobos”. Hijo del oligarca, banquero y exmiembro del KGB Alexander Lévedev, el magnate de la prensa es una figura omnipresente en los actos sociales de la capital británica, y desde las páginas de su periódico ha defendido acciones de Putin como la invasión de Crimea, o ha puesto en duda que el KGB estuviera detrás del asesinato, en 2006, del exagente ruso Alexander Litvinenko.

El exasesor de Johnson y hoy su acérrimo enemigo, Dominic Cummings —el ideólogo de la campaña del Brexit— dispuesto siempre a echar mano de su memoria cuando se trata de cargar contra el primer ministro, ha escrito en su blog personal: “Yo estaba en la habitación cuando altos funcionarios del Gobierno le advirtieron al primer ministro de que los servicios de inteligencia tenían serias reservas sobre sus planes [el nombramiento de Lébedev]. Apoyé esas reservas y pedí a Johnson que no siguiera adelante”, ha escrito Cummings. “Se irritó mucho, y como suele hacer, comenzó a balbucear tonterías: ‘Esto es... esto es... esto es que tú también eres antirruso”, asegura el exasesor que dijo Johnson.

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Sobre la firma

Rafa de Miguel

Es el corresponsal de EL PAÍS para el Reino Unido e Irlanda. Fue el primer corresponsal de CNN+ en EE UU, donde cubrió el 11-S. Ha dirigido los Servicios Informativos de la SER, fue redactor Jefe de España y Director Adjunto de EL PAÍS. Licenciado en Derecho y Máster en Periodismo por la Escuela de EL PAÍS/UNAM.

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