Marruecos: hasta cuatro años de cárcel por criticar a Mohamed VI en Facebook

Tribunales marroquíes condenan con penas de prisión a activistas por cuestionar al monarca y a las instituciones marroquíes en las redes sociales

El rey de Marruecos, Mohamed VI, en una imagen oficial del discurso por el 46 aniversario de la Marcha Verde, el pasado 6 de noviembre, en Rabat.
El rey de Marruecos, Mohamed VI, en una imagen oficial del discurso por el 46 aniversario de la Marcha Verde, el pasado 6 de noviembre, en Rabat.AFP (AFP)

La activista marroquí de derechos humanos Saida el Alami, de 48 años, publicó una entrada en Facebook el 22 de marzo en la que criticaba a los directores de la policía y del servicio de espionaje interno marroquí —la Dirección General de Seguridad del Territorio o DGST— tras conocer que varios agentes habían interrogado a sus vecinos sobre ella, aprovechando que había salido de casa. El Alami fue detenida al día siguiente y aún no ha recuperado la libertad. Según Amnistía Internacional (AI), ni siquiera pudo consultar a un abogado hasta diez días después de su arresto. Este viernes, un tribunal de primera instancia de Casablanca la ha condenado a dos años de cárcel y al pago de 5.000 dirhams (unos 475 euros) por ultraje a funcionarios policiales y de la justicia, confirmó a EL PAÍS desde Rabat Jadiya Ryadi, miembro del Comité de Apoyo a los Periodistas Encarcelados de Marruecos.

El Alami, conocida activista del foro Mujeres Marroquíes contra la Detención Política, había emitido críticas en otras entradas en Facebook, previas a la que precipitó su arresto, contra la corrupción del sistema judicial de su país. También había tildado al rey Mohamed VI de “déspota”. Menos explícito fue Rabie al Ablaq, de 35 años, otro activista que, entre septiembre y noviembre de 2021, colgó diversos vídeos en Facebook y Youtube en los que se dirigía al rey sin tratamiento, solo por su nombre y apellido —le llamaba ”señor Mohamed Alaoui”—, y criticaba el contraste entre la riqueza del soberano y la pobreza del pueblo. El pasado lunes, un tribunal de primera instancia de Alhucemas (norte) condenó a Al Ablaq a cuatro años de prisión por “ofensa a la institución monárquica”.

Este activista es un viejo conocido de las prisiones marroquíes también por motivos relacionados con su militancia y su actividad en Internet. En 2018, fue condenado a cinco años de cárcel, de los que solo cumplió dos, por difundir “noticias falsas” y “usurpar el título de periodista”. Al Ablaq había publicado comentarios en sitios web en los que apoyaba las reivindicaciones del Hirak, el movimiento de protesta por la marginación socioeconómica de la región septentrional del Rif, duramente reprimido por las autoridades y cuyo principal líder, Nasser Zefzafi, purga una pena de 20 años de prisión.

Las sentencias de Saida el Alami y Rabie al Ablaq no han sido las únicas dictadas en virtud de lo que las leyes marroquíes tipifican como delito, pero que para organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch son ejercicios del derecho a la libertad de expresión. “En los últimos dos meses, las autoridades marroquíes han redoblado su acoso contra activistas y defensores y defensoras de los derechos humanos: al menos cuatro se enfrentan a investigaciones penales y procesamientos por publicaciones en redes sociales en las que criticaban a las autoridades”, precisaba el 7 de abril Amnistía, una acusación refrendada por la principal organización marroquí de derechos humanos, la Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH). Su secretario general, Youssef Raissouni, considera que estas condenas “se inscriben en una ofensiva general contra activistas, militantes de derechos humanos, periodistas independientes y cualquiera que utilice las redes sociales para expresar críticas al régimen, que responde con la cárcel”.

Uno de los condenados a los que alude AI es el bloguero Mohamed Bouzlouf, sentenciado el pasado 4 de abril a dos meses de prisión por expresar su solidaridad con Saida el Alami. Otros dos activistas, Abderrazak Boughanbour y Brahim Nafai, han sufrido recientemente interrogatorios policiales por sus publicaciones en redes sociales, fundamentalmente en Facebook, en las que el primero instaba a participar en unas manifestaciones populares, mientras que el segundo pedía un boicot de la compra de combustible durante tres días.

Una esperanza frustrada

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En los inicios del reinado de Mohamed VI, a finales de los noventa y en los primeros años de la década de los 2000, una vibrante prensa independiente floreció en Marruecos. Con esa prensa reducida ahora casi a la nada y con sus voces más libres silenciadas, en el exilio o en la cárcel, las redes sociales en Marruecos se han convertido en uno de los últimos reductos para la crítica, confirma la activista Ryadi. Por esa razón, dice, la justicia marroquí las ha puesto desde hace años en su punto de mira. En 2019, al menos 15 personas fueron procesadas en Marruecos a causa de sus comentarios en las redes, ocho de ellas solo en diciembre de ese año, según el Comité Nacional de Apoyo al periodista Omar Radi, un profesional que ahora cumple una pena de seis años de cárcel.

“Hay decenas de personas encarceladas en Marruecos por ejercer su libertad de expresión, desde el youtuber Mul Kaskita [también por difundir un vídeo en el que criticaba al rey], a ciudadanos inculpados por textos difundidos en sus perfiles sociales, además de varios periodistas”, explica por su parte el secretario general de la AMDH, que deplora “la degradación de la libertad de expresión en Marruecos”.

La multiplicación de casos penales contra activistas, blogueros, defensores de derechos humanos o simples usuarios de las redes sociales “se sirve del mismo instrumento con el que se reprime a los periodistas: el Código Penal”, coinciden Raissouni y Ryadi. En 2016, cuando Marruecos eliminó las penas de cárcel del Código de la Prensa, puntualiza la portavoz del Comité de Apoyo a los Periodistas Encarcelados en Marruecos, “se dijo que ya no se encarcelaba a los periodistas y se presentó como un gran paso adelante. La realidad es que ahora se sigue encarcelando a los informadores pero en virtud de las leyes penales”.

Yabiladi, un digital independiente marroquí, resumía la situación en 2019 recalcando cómo, desde 2016, “en lugar de perseguir inmediatamente a los periodistas por sus escritos, se les ataca mucho más tarde a través de los artículos del Código Penal”. Entre estas acusaciones, recalca la activista Ryadi, “destaca la moda de acusar a los periodistas de delitos relacionados con la moral”.

En Marruecos, tres periodistas que se distinguían por sus críticas al régimen están encarcelados por graves delitos sexuales que ellos niegan categóricamente. Dos de ellos son Taoufik Bouachrine, director del diario independiente Ajbar al Yaum, condenado a 15 años de reclusión por violación y trata de seres humanos, y Suleimán Raissouni, redactor jefe de esa misma cabecera, declarado culpable de agredir sexualmente a un joven y condenado a cinco años de prisión. En marzo, ese diario crítico en árabe cerró. La empresa editora vinculó la desaparición del medio con el encarcelamiento de su director, una situación que definió como “un calvario”.

El tercero de estos periodistas es Omar Radi, un profesional independiente condenado a 6 años de cárcel, también por violación, además de por espionaje y “atentado a la seguridad del Estado”. Estos tres cargos de naturaleza radicalmente distinta se juzgaron y condenaron conjuntamente.

“En ninguno de estos casos había pruebas, pero con una acusación por un delito sexual, se matan varios pájaros de un tiro”, subraya Jadiya Ryadi. Por un lado, “se atenta contra la reputación del periodista, por otro, se gana tiempo, pues las organizaciones internacionales se muestran lógicamente reticentes a alzar la voz por quienes han sido inculpados de cargos tan graves”, recalca, y concluye: “Marruecos es cada vez más un Estado policial, en el que la Justicia es un instrumento de represión”.

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