La justicia de Cuba condena a cinco y nueve años de cárcel a los dos principales opositores del Movimiento San Isidro

Varias ONG califican de “farsa” el proceso contra el artista plástico Luis Manuel Otero Alcántara y el rapero Maykel Castillo, acusados de “ultraje a los símbolos” y “difamación de las instituciones”

El rapero Maykel Castillo, a la izquierda, y el artista plástico Luis Manuel Otero Alcántara.
El rapero Maykel Castillo, a la izquierda, y el artista plástico Luis Manuel Otero Alcántara.RRSS / REUTERS

Lo que esperaba y temía la disidencia cubana finalmente sucedió. El artista plástico Luis Manuel Otero Alcántara y el rapero Maykel Castillo, las dos cabezas más visibles del opositor Movimiento San Isidro (MSI), fueron condenados este viernes por un tribunal de La Habana a cinco y nueve años de cárcel, respectivamente. Durante el juicio, celebrado el 30 y 31 de mayo sin acceso de la prensa extranjera ni de diplomáticos, Alcántara fue acusado de los delitos de “ultraje a los símbolos de la patria”, “desacato” y “desórdenes públicos”, mientras Castillo enfrentó cargos por “difamación de las instituciones y organizaciones, héroes y mártires”, “atentado”, “desacato” y “desordenes públicos”. Al dar a conocer el fallo, la Fiscalía General de Cuba consideró “probados” los hechos y “su lesividad social”, pero diversas ONG y fuentes de la oposición han denunciado que los procesos fueron una “farsa” y que a los dos se les condena solo por su activismo político y por defender su derecho a la libre expresión, por lo que exigen su liberación inmediata.

Luis Manuel Otero Alcántara y Maykel Castillo llevan en prisión provisional desde el año pasado y son considerados presos de conciencia por Amnistía Internacional. Ambos son los líderes más visibles del denominado Movimiento San Isidro, integrado por un pequeño grupo de artistas, creadores y periodistas opositores que desde hace algo más de cuatro años han promovido distintos performances críticos, acciones de calle, encierros y huelgas de hambre para visibilizar la falta de libertades en la isla y denunciar el acoso policial por su disidencia.

Los dos fueron detenidos en decenas de ocasiones antes de su arresto definitivo el año pasado. En 2020 participaron en una huelga de hambre para exigir la excarcelación de uno de los miembros del MSI, que tuvo gran repercusión internacional y terminó cuando la policía irrumpió por la fuerza en el local donde se hallaban encerrados. Esto motivó un inédito plante de jóvenes artistas ante las puertas del Ministerio de Cultura, el 27 de noviembre de ese año. Desde entonces, el MSI y sus activistas fueron criminalizados por las autoridades, que acusaron a sus miembros de ser “mercenarios al servicio de EE UU” para provocar “shows mediáticos” y la “desestabilización interna” con el objetivo de propiciar un “cambio de régimen” en la isla.

En abril de 2021, ambos protagonizaron otra inusual protesta pública cuando un grupo de vecinos impidió que la policía detuviera a Castillo. Este escapó en bicicleta con unas esposas puestas en un brazo y se reunió después con Alcántara en la sede del MSI. Allí, arropados por los transeúntes, gritaron consignas contra el Gobierno y el presidente y cantaron la canción Patria y Vida —en cuyo videoclip participó Castillo, uno de sus autores— que se convirtió después en himno de la oposición durante las históricas manifestaciones del 11 de julio.

Alcántara fue acusado de “ultraje a los símbolos de la patria” por un polémico performance que protagonizó en 2019 de titulo Drapeau (bandera, en francés), que consistió en llevar la bandera cubana sobre su cuerpo durante un mes (por la calle, al ir al baño, al montar en autobús, al hacer cola en un comercio) para llamar la atención sobre el derecho de todos a usar la bandera nacional tras la promulgación en la isla de una nueva “Ley de símbolos”. Según la Fiscalía General, en el caso de su condena el tribunal “argumentó el ánimo expreso, sostenido en el tiempo, de ofender a la bandera nacional, mediante la publicación de fotos en redes sociales donde se le utiliza en actos denigrantes, acompañados de expresiones notoriamente ofensivas e irrespetuosas, menospreciando los sentimientos de nacionalidad y orgullo que le profesa el pueblo cubano a nuestra enseña patria”.

Sobre la sanción contra el rapero contestatario Maykel Castillo, la Fiscalía asegura que el tribunal valoró su “propósito manifiesto de ultrajar, afectar el honor y la dignidad de las máximas autoridades del país”, utilizando “imágenes falsas de estos manipuladas digitalmente, que hizo públicas en las redes sociales; y con igual fin realizó intervenciones directas desde su perfil personal para deshonrar la función que cumplen los agentes del orden en la sociedad, las que comprometieron la convivencia social y colectiva y entrañan una afrenta hacia los mismos”.

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En el mismo proceso fueron condenados por “atentado” Félix Roque Delgado (a 5 años de cárcel), así como Juslid Justiz Lazo y Reina Sierra Duvergel (a 3 años de privación de libertad, sustituida por igual período de trabajo correccional sin internamiento), por impedir la detención de Castillo por la policía en abril de 2021.

La petición fiscal inicial contra Alcántara y Castillo era de 7 y 10 años de cárcel, respectivamente. Las condenas, que pueden ser todavía recurridas ante el Tribunal Supremo, fueron criticadas de inmediato por organizaciones no gubernamentales y activistas opositores, que aseguran que los juicios fueron “políticos” y las sentencias “desmedidas y de carácter ejemplarizante”, y decididas de antemano. En los últimos días el Tribunal Supremo dio a conocer las sentencias firmes contra más de 450 participantes en las masivas protestas del 11 de julio del año pasado, decenas de ellos condenados por “sedición” a penas de más de 20 años de cárcel. Aunque el máximo tribunal cubano redujo algunas de las condenas tras las apelaciones, confirmó las largas sentencias de privación de libertad para muchos de los participantes en las manifestaciones del verano pasado. Según la oposición, con estos juicios, y también con el de Alcántara y Castillo, el Gobierno trata de acorralar al activismo político y acallar las voces de protesta en momentos de gran malestar popular por el deterioro de las condiciones de vida.

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