Un tribunal militar de Myanmar condena a Aung San Suu Kyi a otros seis años de prisión por corrupción

La sentencia se suma a los 11 años de cárcel que ya pesaban sobre la Nobel de la Paz y antigua líder birmana, depuesta en el golpe de Estado de 2021

Aung San Suu Kyi y el expresidente Win Myint, en mayo de 2021 en un tribunal de Naypidó.
Aung San Suu Kyi y el expresidente Win Myint, en mayo de 2021 en un tribunal de Naypidó.HANDOUT (AFP)

Los días de Aung San Suu Kyi parecen haber quedado reducidos a ver pasar el tiempo entre condena y condena, a la espera de apelaciones con un improbable desenlace favorable. La exdirigente birmana, detenida desde el golpe de Estado del 1 de febrero de 2021, ha sido sentenciada este lunes por un tribunal militar a seis años de prisión por corrupción. Se trata de la quinta sentencia condenatoria contra la Premio Nobel de la Paz desde que el pasado diciembre se iniciara el proceso judicial por los presuntos 18 delitos que se le imputan, que podrían acarrearle una pena conjunta de casi dos siglos entre rejas. Myanmar se encuentra sumida en un caos político, económico y social desde la asonada. Según denuncian organizaciones a favor de los derechos humanos, más de 12.000 personas se encuentran encarceladas por su oposición al régimen castrense.

Según detalla el digital Myanmar Now, un tribunal militar de Naipyidó, la capital birmana, ha dictaminado este lunes que Suu Kyi, antigua líder de facto del país del sudeste asiático, abusó de su posición de poder como presidenta de la Liga Nacional para la Democracia y benefició a la Fundación Daw Khin Kyi y a un proyecto asociado. La mujer también conocida como La Dama fundó esta organización no gubernamental en 2012 con el objetivo de promover la salud, la educación y los estándares de vida de la población del país (54 millones de habitantes), según se puede leer en su página web.

El régimen castrense asegura que la ex consejera de Estado utilizó su influencia para permitir a la Fundación Daw Khin Kyi —que lleva el nombre de su madre— alquilar terrenos gubernamentales para su sede en el municipio de Bahan, en Yangón —la ciudad más grande del país—, a precios más bajos que los del mercado. Según el Ejército, esta malversación de fondos costó al país unos 2.750 millones de euros. También se le acusa de comprar en nombre de la organización varios terrenos en Naipyidó para construir la escuela de agricultura y formación profesional La Yaung Taw, una transacción en la que Myanmar perdió 10.000 millones de euros, de acuerdo con las Fuerzas Armadas (Tatmadaw).

Suu Kyi ha sido sentenciada bajo la ley Anticorrupción a una pena combinada de tres años por los tres delitos relacionados con la compra de terrenos y a otros tres por el de arrendamiento. Estas penas se suman a los 11 años que ya acumulaba tras los juicios de diciembre, enero y abril en los que fue declarada culpable de aceptar sobornos, de posesión ilegal de varios dispositivos de telecomunicaciones, de infringir los protocolos activados para frenar la covid-19, así como de incitación a las protestas que en 2021 inundaron las calles de la nación pidiendo su liberación.

Juicios secretos sin testigos

Todos los juicios se están celebrando a puerta cerrada y sin testigos, y las autoridades militares han decretado el secreto de sumario, por lo que sus abogados tienen prohibido conceder entrevistas. En los más de 18 meses que han transcurrido desde su detención, el número de delitos en su contra no ha hecho más que aumentar. Suu Kyi, de 77 años, deberá sentarse en el banquillo en otras nueve ocasiones por otros supuestos casos de corrupción (cada cargo conlleva una pena máxima de 15 años y una multa) y por incumplir con la ley de secretos oficiales de la era colonial, delito penado con hasta 14 años de prisión.

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“Es un ataque contra sus derechos, y forma parte de la campaña para enterrarla a ella y a la Liga Nacional para la Democracia para siempre”, ha denunciado Phil Robertson, subdirector para Asia de Human Rights Watch. Analistas internacionales afirman que los cargos en contra de la política no son más que una farsa para que permanezca en prisión de manera indefinida. La antigua líder de facto birmana fue detenida arbitrariamente y puesta bajo arresto domiciliario inmediatamente después de la asonada. En junio, la junta golpista la trasladó desde un lugar desconocido hasta el Centro de Detención de Naipyidó, donde se construyó una sala especial para celebrar sus juicios.

La Nobel de la Paz de 1991 lideró el movimiento democrático que surgió contra la dictadura militar que gobernó la antigua Birmania durante medio siglo (1962-2011). Tras una década de transición hacia la democracia, ahora truncada por el golpe de Estado, cientos de miles de personas continúan desafiando al Ejército y luchando por derrocar al régimen militar. Según la Asociación de Asistencia a Presos Políticos, 2.191 personas han sido asesinadas a manos de la Junta durante su violenta campaña de represión. El Tatmadaw ejecutó en julio a cuatro activistas prodemocracia en lo que constituyó la primera aplicación de la pena de muerte en el país desde 1988.

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