California usará solo energías limpias para 2045

El Congreso profundiza el liderazgo del Estado contra el cambio climático con una serie de leyes que prevén inyectar 54.000 millones de dólares para la transición a renovables

La central nuclear de California, ubicada en el Cañón del Diablo, operará generando enerías limpias hasta el año 2030.
La central nuclear de California, ubicada en el Cañón del Diablo, operará generando enerías limpias hasta el año 2030.Michael Mariant (AP)

California confirma su liderazgo en la lucha contra el cambio climático. El Congreso local trabajó hasta altas horas de la noche, en lo que fue el último día de sesiones legislativas, en una serie de leyes que confirman el compromiso de la región con las energías limpias. Los congresistas han aprobado un gasto de 54.000 millones de dólares en decenas de proyectos que pretenden hacerlo un Estado limpio, que alcance la neutralidad de carbono, para 2045. En ese entonces, el 90% de la energía consumida en la región más poblada del país vendrá de fuentes verdes. El paquete legislativo, que aún debe ser promulgado por el gobernador, también incluye una extensión de la vida de la única planta nuclear en el Estado, imponen límites a los pozos petroleros y esbozan un plan para impulsar la tecnología para capturar y almacenar las emisiones más contaminantes.

Los colectivos ambientalistas han aplaudido las leyes aprobadas. Para entrar en vigor, el gobernador Gavin Newsom debe firmarlas antes del 30 de septiembre. Los grupos ecologistas, sin embargo, han advertido que por el momento los textos legislativos son una declaración de intenciones que se plantean ambiciosas metas por cumplir. Estas líneas exigen que California produzca el 100% de sus energías limpias para 2045. En mayo, el Estado dio una muestra de lo que es capaz generando casi el 100% de la demanda solo con energías renovables. El gran salto, sin embargo, sería en los próximos 13 años, cuando la meta es que el 90% de la energía sea verde. El 95% debe alcanzarse para 2040.

Otra de las normas impide aprobar la operación de pozos de extracción de petróleo que estén a menos de un kilómetro de zonas residenciales, escuelas o centros comunitarios. Esto evitará que proliferen en paisaje urbano las bombas que pueden verse en populosos barrios de Los Ángeles, cerca del aeropuerto internacional, en la zona de Baldwin Hills, y en Wilmington, en Long Beach, al sur de la gigantesca ciudad. La senadora local que propuso la iniciativa, Lena González, asegura que los más afectados por los impactos a la salud por este tipo de perforación son los negros y latinos. Según estimaciones de los legisladores, unas tres millones de personas en el Estado viven a menos de un kilómetro de distancia de un pozo.

No era la primera ocasión en que los legisladores intentaban aprobar una ley como esta. Había sido una promesa recurrente de varios gobernadores. El caso más reciente fue en agosto de 2020, cuando los congresistas chocaron contra el muro de los intereses de la industria petrolera, uno de los grupos de presión más poderosos del país. Una ley similar fracasó entonces por los votos de los republicanos y algunos demócratas que temían afectar el empleo en sus distritos. Estados como Maryland, Nuevo México, Oklahoma e incluso Texas, habían establecido zonas de seguridad para los pozos.

El votó llegó en esta ocasión en un momento muy diferente. California sufre una dura ola de calor, de por lo menos cinco días, que ha disparado las temperaturas máximas y obligó a que el gobernador Newsom decretara el estado de emergencia. Este permite a las autoridades elevar la producción energética mientras la demanda registra un pico al final del verano. El Gobierno ha puesto en marcha generadores de respaldo con la esperanza de que la red eléctrica soporte y no haya apagones.

Este contexto ha hecho más fácil de entender otra de las normas aprobadas en la última hora de la legislatura. El Congreso ha extendido cinco años la vida de la planta nuclear del Cañón del Diablo, ubicada en el centro del Estado, en la costa del Pacífico. La central ha sido un añejo tema de debates y controversias. Sobre todo por los riesgos de seguridad que representa al estar construida, al igual que la central japonesa de Fukushima, en una zona de gran actividad sísmica. El deterioro ambiental y los retos que encara la generación de energía en una entidad con 40 millones de habitantes ha obligado a Newsom, quien pedía su cierre hace algunos años, a cambiar de opinión.

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La planta es la mayor generadora de energía de California, proveyendo a la red del 10% de la electricidad. La empresa que la administra, Pacific Gas and Electric (PG&E), había accedido a echar el cierre de los dos rectores de la planta en 2024 y 2025, pero una serie de apagones y fallas en el suministro en 2020 obligaron a las autoridades de Sacramento a recapacitar. Newsom propuso en 2021 extender la vida de la central hasta 2030 y dar a PG&E un préstamo por 1.400 millones de dólares para facilitar el nuevo lustro de operación.

El mes pasado, el presidente Joe Biden anunció, en lo que ha sido su mayor triunfo legislativo, una ambiciosa ley que inyecta una inversión de 370.000 millones de dólares para impulsar las tecnologías limpias. El objetivo es que el país más industrializado del mundo meta freno a las emisiones más contaminantes para 2050, aunque la norma es solo una meta y no un compromiso vinculante.

California ha abanderado esta causa. La semana pasada, las autoridades del Estado fueron las primeras en prohibir la venta de coches que solo utilicen gasolina para 2035. Los congresistas han aprobado un gasto multimillonario presupuesto que permite preparar el terreno para que la entidad tenga el rostro más verde del país. Dentro del paquete se incluyen 6.000 millones para comprar camiones y vehículos eléctricos y 14.000 millones para proyectos de infraestructura con un marcado acento en modos de transporte alternativos, como los trenes. Unos 8.000 millones se destinarán a preparar la red eléctrica para el reto que tendrá en las próximas décadas y casi 3.000 millones en recursos para combatir los incendios.

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Sobre la firma

Luis Pablo Beauregard

Es uno de los corresponsales de EL PAÍS en EE UU, donde cubre migración, cambio climático, cultura y política. Antes se desempeñó como redactor jefe del diario en la redacción de Ciudad de México, de donde es originario. Estudió Comunicación en la Universidad Iberoamericana y el Máster de Periodismo de EL PAÍS. Vive en Los Ángeles, California.

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