Daniel Ortega profundiza la persecución de sacerdotes con el arresto del cura Enrique Martínez

Once curas han sido capturados en menos de seis meses en Nicaragua, hay dos condenados, un obispo bajo casa por cárcel y más de 60 religiosos han huido o han sido expulsados del país

Feligreses asisten a una misa en conmemoración del aniversario de las protestas contra el Gobierno de Daniel Ortega.Foto: Jorge Torres (EFE) | Vídeo: RR.SS

El sacerdote Enrique Martínez Gamboa se convirtió la tarde del 13 de octubre en el undécimo religioso católico que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha apresado en menos de seis meses, en un contexto de persecución religiosa rampante en Nicaragua. La policía irrumpió en la casa de los familiares del presbítero, ubicada en Managua, donde él vivía. Fuentes de la Iglesia aseguran que fue trasladado a la temida prisión de El Chipote, centro de torturas y malos tratos de presos políticos, pero hasta ahora la Policía Nacional no ha informado sobre su detención ni mucho menos de qué lo van a acusar.

“Fue secuestrado el sacerdote párroco de la parroquia Santa Martha, Managua. El padre Enrique Martínez. Los sacerdotes y la Iglesia Católica exigimos la liberación y el cese de la persecución contra la Iglesia y el clero. Justicia, libertad y democracia”, tuiteó el cura Uriel Vallejos, quien se exilió a finales de agosto pasado, después cuatro días de cerco en su parroquia, la Divina Misericordia, en el departamento norteño de Matagalpa.

La detención del cura Martínez Gamboa se suma al régimen de casa por cárcel que el régimen Ortega-Murillo le impuso desde hace 60 días al obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez, la máxima figura que el catolicismo tiene como preso político hasta ahora. La vicepresidenta Murillo dijo que el clérigo cometió “crímenes de lesa espiritualidad” y por eso fue sacado de madrugada y con violencia de la curia, donde estuvo quince días secuestrado policialmente y sobreviviendo de la despensa. Luego, la Fiscalía abrió una investigación en su contra por “intentar organizar grupos violentos y ejecutar actos de odio en contra de la población”.

Junto a monseñor Álvarez fueron arrestados cuatro sacerdotes, dos seminaristas y un camarógrafo que lo acompañaban en su encierro. La jueza Nalia Úbeda Obando, del Juzgado Quinto de Distrito Penal de Audiencias de Managua, abrió un proceso contra ellos bajo una acusación de “traición a la patria” y “propagación de noticias falsas”, es decir la “Ley de Ciberdelitos”, una de las mordazas que usa el régimen contra todo aquel que lo critique.

Otros dos párrocos, Manuel García Rodríguez y Leonardo Urbina, ya han sido condenados. El primero a dos años de prisión por una supuesta amenaza con armas contra cinco simpatizantes sandinistas en la ciudad de Nandaime y también a dos años y ocho meses por “lesiones psicológicas y lesiones físicas” contra Martha Candelaria Rivas Hernández, quien después de la condena del religioso desmintió el delito achacado por la Fiscalía. La mujer luego fue procesada por “falso testimonio”. El segundo condenado a 30 años es monseñor Leonardo Urbina por los supuestos delitos de abuso sexual y violación a una adolescente.

El estado policial también ha boicoteado procesiones y actividades católicas, al punto que los dos patrones de la ciudad de Masaya, una de las más golpeadas por la represión paramilitar en 2018, les impusieron una especie de “iglesia por cárcel”, ya que prohibieron a los feligreses celebrarlas a mediados de septiembre. Tanto en Matagalpa y Masaya los templos son vigilados por policías y civiles afines al régimen.

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A pesar de la embestida, la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) ha sido timorata en responder. El 20 de agosto fue la única ocasión que el órgano colegiado católico expresó su acercamiento y “profundo dolor” por la situación de monseñor Álvarez. Un mes después el papa Francisco confirmó que había un diálogo con Nicaragua, pero hasta ahora el régimen ha dinamitado todos los puentes tendidos por la comunidad internacional, desde El Vaticano, pasando por el Gobierno de Gustavo Petro, la Unión Europea y los mismos Estados Unidos.

“No hubo el apoyo que se esperaba de parte de los obispos, ninguno fue beligerante y sólido con monseñor Álvarez”, reclama un feligrés de Matagalpa que fue entrevistado en Nicaragua por el medio Divergentes.

Los llamó “pareja asesina”

Luego de la detención de Enrique Martínez Gamboa, en redes sociales circuló un video del religioso, grabado el 30 de mayo de 2018, un día funesto para Nicaragua: policías y paramilitares masacraron la marcha llamada Madre de Todas las Marchas, dejando ocho muertos en Managua y 11 en los departamentos. En esa ocasión, el sacerdote llamó “pareja asesina” a Ortega y Murillo.

“Los nicaragüenses somos mayoría y tenemos corazón limpio, no las manos manchadas de sangre como otros. No se acobarden, no se acobarden, no se acobarden. Viva Nicaragua, vivan las madres de los caídos del 19 [de abril], vivan los médicos y los periodistas decentes. Fuera la pareja asesina, fuera los miserables asesinos”, gritó el sacerdote a la multitud aterrorizada por los disparos letales de las fuerzas gubernamentales.

La persecución ha provocado además una huida sin precedentes de religiosos. Al menos 60 personas, entre sacerdotes, diáconos, seminaristas y monjas han abandonado o han sido expulsados por el régimen. La contabilidad la lleva el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más y asegura que al menos treinta religiosos decidieron exiliarse para proteger “su vida e integridad”.

El Gobierno ha expulsado al exnuncio apostólico Waldemar Stanislaw Sommertag, al obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Managua, Silvio Báez; al sacerdote sobrino del héroe nacional Augusto C. Sandino, Edwing Román; y 18 monjas de la orden Misioneras de la Caridad, fundada por la Madre Teresa de Calcuta.

“Hemos recibido denuncias de sacerdotes que están en Italia, Costa Rica, El Salvador, México, en el mismo Vaticano, y en el caso de Estados Unidos, han alojado a monseñor Báez y al padre Román”, dice el defensor de derechos humanos Yader Valdivia, quien documenta los casos. “El desplazamiento forzado de los grupos religiosos es un patrón generalizado a nivel nacional”, alerta.

“Es una de las etapas del régimen para querer callar a las últimas voces organizadas legítimas que existen en Nicaragua, como es la Iglesia católica. El régimen se ha ido contra los medios de comunicación, contra las organizaciones de derechos humanos, contra los activistas, la Iglesia, los artistas”, enumera Valdivia y lanza otro dato que dimensiona la persecución: “en cada departamento de Nicaragua hay al menos un religioso que ha sido desplazado”. El “pecado” de estos religiosos, coinciden analistas consultados por EL PAÍS, es que han denunciado las violaciones a los derechos humanos del régimen y se han constituido como una voz profética y de esperanza en un contexto de totalitarismo y represión.

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