El Gobierno holandés investiga las sospechas de que policías chinos actúan en su territorio para perseguir a disidentes

Una investigación de la ONG Safeguards Defenders sostiene que Pekín ha instalado oficinas de seguridad no autorizadas en una veintena de países, entre ellos España

Acción de denuncia por el encarcelamiento de activistas, ante la Embajada de China en La Haya, el pasado enero.
Acción de denuncia por el encarcelamiento de activistas, ante la Embajada de China en La Haya, el pasado enero.Pierre Crom (Getty Images)

El Gobierno holandés está investigando la existencia de dos oficinas policiales chinas que presuntamente operan en Países Bajos sin autorización. Una investigación apunta a que se trata de establecimientos ilegales, abiertos desde 2018 en Ámsterdam y Róterdam, desde donde se acosa o se intimida a ciudadanos chinos. Safeguards Defenders, una ONG especializada en China y asentada en España, relata la existencia de al menos 54 de estos centros en una veintena de países, incluida España. De constatarse, la actividad de estos centros se consideraría una violación de la soberanía nacional holandesa: la policía de un país no puede actuar impunemente en el territorio de otro. La recogida de datos comprometedores de la población emigrada debe contar con un permiso oficial del país de acogida, y las labores administrativas regulares están en manos de los consulados. Cualquier otra actividad que no se haya anunciado previamente se considera fuera de la ley.

En su informe, Safeguards Defenders presenta una lista de oficinas de esta índole en el mundo. En España, las ubica en Madrid, Barcelona, Valencia y Santiago de Compostela. Hay también, según sus datos, presencia en otros países, entre ellos Portugal, Italia, Francia, Irlanda, República Checa, Reino Unido y Grecia. Fuera de Europa las cita en América, Asia y África: desde Canadá y Estados Unidos a Ecuador, Japón, Brasil y Nigeria.

El ministerio holandés de Asuntos Exteriores “no ha sido informado de la existencia de estas oficinas a través de los canales diplomáticos ordinarios”, asegura la portavoz Maxime Hovenkamp, que añade: “Estamos investigando su naturaleza y labor”. El Gobierno holandés sí conocía el informe publicado por Safeguards Defenders, una ONG radicada desde 2016 en Madrid. Su trabajo apunta a que parte de la labor de estos centros consiste en favorecer, mediante “la persuasión”, el regreso de críticos y disidentes a China. Wang Wen Bin, portavoz del Ministerio chino de Exteriores, aseguró este miércoles durante una rueda de prensa, que se trata de “centros de servicio”. “China lucha contra el crimen transnacional observando las leyes internacionales y la soberanía de otros países”, argumentó.

Un reportaje publicado por la cadena televisiva RTL Nieuws y el grupo periodístico de investigación Follow de Money, ambos holandeses, señala a su vez que las oficinas de policía en cuestión se ocupan en principio de asuntos administrativos: desde la renovación del carné de conducir a documentar cambios de estado civil. Sin embargo, ambos medios han hablado con Wang Jingyu, un ciudadano chino crítico con el Gobierno de Pekín y residente en suelo holandés. Huyó el año pasado de su país, y ha asegurado que se ha sentido intimidado por agentes que decían trabajar para estas agencias. “Me dijeron que regresara para solucionar mis problemas y que pensase en mis padres”, declara. También asegura que recibió llamadas amenazadoras.

“Que un país abra oficinas policiales en otro sin molestarse en decirlo es una novedad. Esto viene de las policías locales chinas, aunque ha tenido que ser aprobado a nivel central”, considera Frank Pieke, catedrático de estudios de China Moderna en la universidad de Leiden, y en el East Asian Institute, en Singapur. En conversación telefónica, explica que hay casos de disidentes o activistas chinos que han sido acosados por las autoridades locales a través de estos centros. “Pero creo que la presión policial viene sobre todo de varias regiones del sur de China, de donde han salido grandes cantidades de personas que ahora residen en otros países”, dice.

“Es posible que hagan tareas administrativas, pero si algún ciudadano de origen chino tuvo problemas legales allí y ahora está, por ejemplo, en Países Bajos, se le presiona supuestamente para que regrese. Ejercen también presión sobre los familiares que puedan seguir en China, y todo esto viola el imperio de la ley, además de los principios de las relaciones diplomáticas entre países. Viola la soberanía holandesa, y hay que decirles que no lo toleraremos”, explica el experto. Pieke subraya que esos centros son gestionados por residentes chinos en Países Bajos, algunos de los cuales fueron policías en su tierra, y hay que ser muy vigilante con la intimidación hacia los disidentes. “Pero lo esencial es que la policía regular china opera desde suelo europeo y eso no puede ser”, concluye.

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Este experto define como una “muestra de originalidad sin precedentes” por parte de las autoridades chinas el hecho de que “pretendan que estos trabajos puedan ser vistos como normales sin generar problemas; que puedan esconderse o que no importe”. De ahí que abogue por este plan de tres puntos: “Cierre de las oficinas, para dejar claro que estamos dispuestos a hablar del cumplimiento de la ley en el extranjero por vías igualmente legales; hablar con los residentes chinos en Países Bajos, para que entiendan que vulneran la legalidad si participan en estas actividades, aunque pensaran que no era así”. El colofón sería “hacer un esfuerzo coordinado en la UE para que esto no pase”.

Otro experto en China, Frans Paul van der Putten, recuerda que la presencia de ciudadanos de origen chino en otros países no es, en absoluto, un fenómeno reciente. Vinculado al instituto Clingendael de Relaciones Internacionales, el académico cree que no será fácil para el Gobierno holandés “investigar en el seno de la comunidad china porque es diversa, y este puede ser un asunto policial, pero también de la inteligencia holandesa”. “Hay grupos vulnerables, ya sean minorías étnicas o disidentes políticos, y las autoridades chinas pueden querer influirles”, dice.

Van der Putten recuerda que para las labores administrativas ya están los consulados, e ilustra la posible ilegalidad de estos centros con el caso contrario. Se trata de las patrullas policiales que trabajaron de manera legal y junto con las policías locales en varios países europeos antes de que la pandemia frenara en seco el flujo de turistas chinos. “Entre 2015 y 2019, hubo gran afluencia de turistas chinos, y en Italia y Serbia, entre otros, las policías cooperaron por si los visitantes necesitaban ayuda. El instinto tradicional del Gobierno chino es saber qué hace su población, incluso si están en el extranjero, porque puede ser políticamente relevante”, afirma. Para los países europeos que operaron entonces así, “pudo ser una forma de mostrar que tenían buenas relaciones con China”. Con las oficinas ahora destapadas, tiene otro parecer: “Si operan sin permiso, es probable que el Gobierno holandés ponga fin a estas actividades”, concluye.

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