EE UU concede inmunidad al príncipe saudí Bin Salmán en el caso abierto por el asesinato de Jamal Khashoggi

Washington accede a la petición de la defensa del heredero, al que todos consideran instigador de la muerte, al considerar que es inimputable por su condición de primer ministro

Joe Biden y Mohamed Bin Salmán, el 15 de julio en Yedda (Arabia Saudí).Vídeo: EPV

La Administración del demócrata Joe Biden, quien prometió hacer de Arabia Saudí “un Estado paria” durante la campaña que le llevó a la presidencia, considera que el cargo que desempeña Mohamed bin Salmán, príncipe heredero y, desde finales de septiembre, primer ministro saudí, le blinda jurídicamente en el caso abierto contra él en EE UU por el asesinato del periodista crítico Jamal Khashoggi en el Consulado saudí en Estambul en 2018.

El Departamento de Justicia estadounidense presentó en la noche del jueves un expediente ante un tribunal a instancias del Departamento de Estado, especificando que el reciente nombramiento de MBS, como se conoce al príncipe, le confiere inmunidad jurídica. “El Departamento de Estado reconoce y permite la inmunidad del primer ministro (saudí), Mohamed bin Salmán, como jefe en ejercicio del Gobierno de un Estado extranjero”, indicó Richard Visek, firmante del documento presentado ante la Justicia estadounidense. Para la Administración de Biden, MBS será inmune “ante la jurisdicción del tribunal de distrito de EE UU en esta demanda” mientras continúe en el cargo.

El Departamento de Estado, no obstante, “reitera su condena inequívoca del atroz asesinato de Khashoggi”, subraya el documento. Simplemente, explica, no se pronuncia sobre si ha lugar o no la demanda. En febrero de 2021, un mes después de la llegada a la Casa Blanca de Biden, la publicación de un informe de la CIA dejó claro que “el príncipe heredero de Arabia Saudí aprobó el operativo para capturar o matar” al periodista crítico, colaborador del diario estadounidense The Washington Post.

El pronunciamiento de la Administración estadounidense se produce en la fecha límite para ello, después de que un abogado del príncipe argumentara en octubre que su nombramiento como primer ministro, el 27 de septiembre, le daba “inmunidad”. El documento oficial apunta que el tribunal debe reconocer que carece de jurisdicción para abordar la demanda. Con su nombramiento como jefe de Gobierno, un cargo que añadir a la titularidad de otras carteras y su papel en la sucesión, el poderoso MBS se reafirma como verdadero hombre fuerte del régimen.

Desde la firme condena contra el régimen saudí de su campaña electoral, Biden ha rehabilitado paulatinamente a MBS. A mediados de julio, con el precio del petróleo en máximos y el suministro de crudo en cuestión por la guerra de Ucrania, el presidente de EE UU realizó una gira por Oriente Próximo con escala en Riad, centrada en un tenso encuentro protocolario que no satisfizo a quienes defienden el repudio del heredero. También forzada por la crisis energética, la visita de MBS a París, en la que fue recibido oficialmente por Emmanuel Macron, a finales de ese mismo mes, fue otro paso en la rehabilitación internacional del que servicios de inteligencia y grupos de derechos humanos consideran instigador de la desaparición de Khashoggi.

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Además, a la demanda de Biden de que Arabia Saudí, como líder de la OPEP, aumentara la producción de crudo para abaratar los precios, el grupo de países productores y exportadores respondió un mes después con la medida contraria: cerrar el grifo de los pozos, lo que muchos consideraron un desaire directo de Riad a Washington, un gesto que fue objeto de las críticas por parte de muchos cuadros demócratas.

La prometida del periodista, Hatice Cengiz —Khashoggi había acudido al consulado de su país para obtener los papeles necesarios para casarse— ha acusado a Biden de “salvar al asesino al concederle inmunidad”. “Ha salvado al criminal y se ha implicado en el crimen. Veremos quién le salva después”, ha manifestado. “Jamal ha muerto hoy otra vez”, ha lamentado Cengiz en su cuenta de Twitter, subrayando que la de Washington ha sido una decisión inesperada: “Pensábamos que quizá habría una luz para la justicia en Estados Unidos, pero de nuevo el dinero ha ido por delante”, criticó.

De “error legal y político” ha calificado la decisión la ONG Democracia para el Mundo Árabe Ahora (DAWN), fundada por el propio Khashoggi. DAWN firma junto con Cengiz la demanda contra MBS y otros 20 ciudadanos saudíes, presentada en octubre de 2020 en EE UU, para aclarar el nivel de implicación de altos cargos saudíes en el asesinato y descuartizamiento del periodista. Sus restos no han podido ser hallados.

El proceso judicial en Arabia Saudí, que organizaciones de derechos consideran un simulacro de justicia, concluyó el 7 de septiembre de 2020, con la condena a penas de cárcel de ocho implicados en el asesinato. La sentencia reducía la pena capital dictada en diciembre de 2019 contra cinco de ellos. Con respecto a los herederos de Khashoggi, residentes en el Reino del Desierto, la corte saudí escenificó una ceremonia de perdón y reconciliación que tampoco satisfizo a los detractores del régimen. Cuatro de los asesinos recibieron entrenamiento paramilitar en EE UU.

La entonces relatora especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, Agnes Callamard, que investigó el caso, dijo en junio de 2019 que las pruebas sugerían que Bin Salmán y otros altos cargos eran responsables del asesinato. Posteriormente, calificó los fallos del proceso llevado a cabo en Arabia Saudí de “parodia de justicia”. Callamard, hoy máxima responsable de Amnistía Internacional, fue amenazada directamente por autoridades saudíes.

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