El castigo fiscal a las clases medias se vuelve contra el Gobierno de Sunak

Los errores de una década conservadora, incluido el Brexit, supondrán décadas de impuestos elevados, según el prestigioso Instituto de Estudios Fiscales

El primer ministro británico, Rishi Sunak, este jueves en el Parlamento.
El primer ministro británico, Rishi Sunak, este jueves en el Parlamento.ANDY BAILEY (AFP)

En su empeño por aparentar un “conservadurismo compasivo” que no dejaría atrás a los ciudadanos más vulnerables ante la recesión que afronta el Reino Unido, el Gobierno de Rishi Sunak ha despertado el fantasma que aterra a cualquier partido político: la rabia de la clase media. Esa clase media fue fundamental en el éxito del laborista Tony Blair en la década de los noventa, y que él mismo definió como “millones de personas consideradas tradicionalmente clase trabajadora, pero cuya ambición es muy superior a la de sus padres o abuelos”. La oposición, y varios de los institutos de análisis británicos más relevantes, han acusado a Sunak y a su ministro de Economía, Jeremy Hunt, de condenar a décadas de bienestar mediocre al grupo demográfico que normalmente decide el resultado de las elecciones.

“[El plan fiscal del Gobierno] va a afectar a todo el mundo, pero el golpe más duro se lo llevarán, probablemente, las rentas intermedias. No se beneficiarán de las ayudas selectivas anunciadas para los más vulnerables, sus sueldos seguirán cayendo y sus impuestos subirán. La Inglaterra de clase media debe prepararse para una terapia de choque”, ha dicho Paul Johnson, el director del prestigioso Instituto de Estudios Fiscales (IFS, en sus siglas en inglés). Analizados los planes anunciados este jueves por el ministro Hunt para hacer frente a un agujero fiscal de más de 60.000 millones de euros, destinados a calmar a los mercados y restaurar la credibilidad internacional del Reino Unido; el IFS acusa al Gobierno conservador de cargar sobre las espaldas de los ciudadanos las consecuencias de toda una década de decisiones económicas erróneas o motivadas más por la ideología que el pragmatismo.

“Nos toca ahora pagar el precio del intento fracasado durante largo tiempo de que la economía creciera, de una población envejecida y de niveles muy altos de endeudamiento. Nos queda un viaje duro, largo y desagradable, que han logrado empeorar aún más al perseguir [los conservadores] sus propios objetivos económicos”, ha dicho Johnson. E incluía, al referirse a esos objetivos, a los recortes en sanidad, educación o inversión pública de los años de austeridad del Gobierno de David Cameron, al abandono pobremente planificado de la Unión Europea por parte de Boris Johnson, o la gota que desbordó el vaso: la irresponsable rebaja de impuestos de Liz Truss, que provocó su dimisión.

“No es posible recaudar 25.000 millones de libras [más de 28.000 millones de euros al cambio actual] a base de gravar a un reducido grupo de personas, a los más ricos. Soy bastante transparente a ese respecto”, ha intentado defenderse Hunt este jueves en la BBC ante las acusaciones de que había decidido exprimir a la clase media. La decisión de rebajar de 150.000 libras (unos 170.000 euros) a 125.140 (143.000 euros) el nivel de renta a partir del cual se paga el tipo máximo del 45% del IRPF supondrá que unos 350.000 contribuyentes paguen más. Pero es, sobre todo, el anuncio de que se congelará hasta 2028 el mínimo exento tanto en el impuesto sobre la renta, como en el de sucesiones o en las cuotas a la seguridad social, lo que provocará una presión impositiva generalizada muy superior. Normalmente, ese mínimo exento se actualiza con la inflación, que en octubre se situaba ya en el Reino Unido en el 11,1%. Con una subida salarial media prevista en el sector privado de en torno a un 6%, muchos trabajadores comenzarán a pagar el tipo mínimo del 20% al superar las 12.570 libras anuales. La Oficina de Responsabilidad Presupuestaria los ha cifrado en 2,6 millones. Y muchos más ―el IFS calcula que pueden ser ocho millones― pasarán a pagar el 40% al rebasar el umbral de las 50.000 libras.

Un futuro de penurias

Las hipotecas para el futuro que encierra el plan fiscal del Gobierno de Sunak supondrán un golpe permanente del 3,7% en las finanzas de una familia de clase media, después de más de una década de estancamiento de los salarios, ha advertido el centro de pensamiento Resolution Foundation. Los recortes decididos por Sunak y Hunt en las ayudas directas a los hogares para el pago de las facturas del gas y la electricidad supondrán que más de tres millones de familias (3,3) acaben pagando el año que viene 2.300 euros más para calentar sus viviendas. “Como país importador de energía, durante una crisis como la actual, el Reino Unido se está empobreciendo. En manos del ministro de Economía estaba decidir cómo se repartía eso. Y ha decidido que las familias paguen recibos de energía más caros, mayores impuestos y peores servicios públicos de los previstos. Adoptar esas medidas puede haber sido duro, pero lo realmente duro será el coste de la vida de los ciudadanos durante los próximos años”, ha dicho James Smith, el director de Estudios de la organización.

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La oposición laborista, a la que las encuestas auguran un éxito en las urnas dentro de dos años, sospecha que el Gobierno de Sunak ha decidido comprometer la mayoría de los recortes para después de 2024, para trasladar a un nuevo Parlamento y un nuevo Ejecutivo las medidas más impopulares. “Después de haber hecho enorme daño a nuestra economía, han decidido cargar ahora contra los trabajadores, con una serie de impuestos invisibles [así se denomina el efecto congelar el mínimo exento] y de subidas de impuestos locales, mientras no modifican, por ejemplo, las exenciones fiscales para los no residentes. Los más ricos, los superricos, no pagan impuestos en este país”, ha denunciado el líder laborista, Keir Starmer.

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Sobre la firma

Rafa de Miguel

Es el corresponsal de EL PAÍS para el Reino Unido e Irlanda. Fue el primer corresponsal de CNN+ en EE UU, donde cubrió el 11-S. Ha dirigido los Servicios Informativos de la SER, fue redactor Jefe de España y Director Adjunto de EL PAÍS. Licenciado en Derecho y Máster en Periodismo por la Escuela de EL PAÍS/UNAM.

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