España apuesta por los CIE y las expulsiones exprés

El Gobierno construye en Algeciras un nuevo centro de internamiento, que será el más grande del país

Un policía vigila una protesta en el Centro de Internamiento de Extranjeros de Aluche en 2021, en Madrid
Un policía vigila una protesta en el Centro de Internamiento de Extranjeros de Aluche en 2021, en MadridGABRIEL BOUYS/ AFP (AFP)

Con vistas a la cárcel de Botafuegos (Algeciras, Cádiz), comienza a levantarse el octavo Centro de Internamiento para Extranjeros (CIE), el más grande del país y uno de los mayores de Europa. 20.000 metros cuadrados construidos por la misma empresa pública que se encarga de edificar las prisiones en España, la SIEPSE. Con esta decisión, el Gobierno insiste en apostar por los CIE, a pesar del rechazo que despiertan en la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), la Asociación de Abogados Extranjeristas y hasta 130 ONG. Todas han solicitado el cierre de los centros junto a partidos políticos como Unidas Podemos, Esquerra Republicana, Compromís o EH Bildu. Denuncian el trato degradante a los internos, la privación de libertad y su ineficacia. En los últimos 10 años, entre el 40% y el 70% de los internos no han sido repatriados, según datos del Ministerio del Interior recogidos en el informe de 2020 del Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), una de las principales redes de asociaciones que trabaja en la defensa de los migrantes. La alternativa más frecuente, las expulsiones exprés directamente desde la comisaría, tampoco satisface a las organizaciones, que la consideran poco garantista.

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El futuro CIE, dotado con un presupuesto de unos 27 millones de euros hasta 2024, podrá albergar a 500 personas. No obstante, según el informe del SJM de 2019, la tasa de ocupación nunca ha superado el 85% en ninguno de los siete centros que ya funcionan en el país. Los internos tienen una orden de expulsión o devolución pendiente de ejecución, y son recluidos de forma preventiva para poder llevarla a cabo, a pesar de que no han cometido ningún delito, sino una falta administrativa grave: entrar o residir en el país de forma irregular. En numerosas ocasiones, estas órdenes no son ejecutadas.

En Unidas Podemos lo consideran una “excepción jurídica y democrática a la que se debe poner fin”, según su programa electoral. Sin embargo, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, argumentó en una visita a Algeciras en 2018 con motivo de la construcción del nuevo centro que sí “tienen sentido” porque se interna a personas “sobre las que se ha decretado su expulsión”. El Gobierno de Pedro Sánchez ha continuado con el plan iniciado por el anterior Ejecutivo del PP.

Josep Buades, coordinador de la frontera sur del SJM, aboga por su cierre. Considera el proyecto una medida “cosmética” pensada para tranquilizar a la población y a las instituciones europeas, que apuestan por la política de retorno. Y el antiguo juez de instrucción del CIE de Aluche (Madrid) Ramiro García de Dios alerta sobre su figura: “Los jueces [la Policía Nacional lo solicita, pero es el juez quien lo aprueba] han utilizado el internamiento de modo abusivo sin ponderar que es una medida excepcional”. La ley de Extranjería contempla otras alternativas que no implican reclusión: la presentación periódica ante las autoridades, la residencia obligatoria en un lugar o la retirada de la documentación. Todas pretenden tener al individuo localizado.

Cambio en el modelo de internamiento

Los internamientos se han reducido a la mitad desde 2011: de 13.241 a 6.473 en 2019. La abogada experta en extranjería Elena García lo atribuye a que los jueces estudian más los expedientes: “Antes era totalmente indiscriminado. Ahora no suelen internar si comprueban que existe un arraigo mínimo en España”. Prueba de ello es que en 2020 solo el 15% ingresó por residencia irregular —con un expediente de expulsión—. Es decir, se trataba de personas que ya vivían en el país. El 79% de los internos habían sido interceptados entrando ilegalmente en España —expedientes de devolución—. Aun así, únicamente el 28% de las devoluciones se hicieron desde los CIE, de acuerdo con el mismo informe del SJM.

El cambio de criterio y el alto porcentaje de no repatriados desde los CIE han provocado que desde 2018 ingresen principalmente argelinos y marroquíes —que suman aproximadamente dos tercios de los internos— porque los acuerdos con sus países de origen facilitan su deportación, frente a lo que ocurre con los subsaharianos. Pueblos Unidos señala que, cuando hay programados macrovuelos de deportación de la agencia europea de fronteras, Frontex, también aumentan las detenciones e ingresos de la nacionalidad de destino.

A pesar del repunte de repatriaciones por el cambio de perfil, en torno al 40% de los internos no fue deportado ni en 2018 ni en 2019. El año pasado, ese dato alcanzó el 60%, según cifras oficiales.

El sistema paralelo de repatriación exprés

El descenso de los internamientos es celebrado por las organizaciones, pero la alternativa que se ha impuesto en los últimos años preocupa por su falta de garantías. Son las expulsiones exprés, realizadas en 72 horas y directamente desde comisaría sin necesidad de pasar por un juzgado. En 2020, esta fórmula representó el 62% de las expulsiones, frente al 38% de las que se hicieron desde los CIE, según Interior. La letrada Elena García asegura que son casos muy difíciles de detener: “El abogado de oficio tiene que demostrar el arraigo en muy poco tiempo sin conocer a la persona. Los CIE no funcionan y las expulsiones exprés son más eficaces para la policía”.

Además, denuncia la existencia de malas prácticas: “A veces mandan una notificación para que comparezcan ‘por asuntos de su interés’ y, cuando acuden, les retiran el pasaporte y les citan para firmar cada 15 días, hasta que tienen preparada la expulsión”. En los casos de extranjeros con hijos nacidos en España, detalla, les llaman por cuestiones relacionadas con la documentación de los menores. Así detuvieron a Aree Abiodun Munsuru (Nigeria, 51 años) en septiembre de 2015, mientras acompañaba a su hija de nueve años a renovar su pasaporte español. Tras la detención, le trasladaron al aeropuerto madrileño de Barajas y en menos de dos días ya había sido expulsado de vuelta a su país de origen. Su abogado no tuvo tiempo de evitarlo ni alegar arraigo. Munsuru vivía en España desde 2004 y, es padre de otros dos menores también nacidos y nacionalizados españoles. Sandra Emokpae, su exmujer, se lamenta: “El pequeño tenía dos años, ni siquiera le recuerda”. Actualmente, Munsuru sigue en Nigeria y no ha vuelto a ver a ninguno de sus tres hijos. La Policía Nacional ha declinado responder a las peticiones cursadas para recabar su opinión sobre este tipo de expulsiones.

En el caso de expedientes de devolución por entradas irregulares, el también abogado especialista en extranjería Daniel Arencibia va más allá. “El pasado mes de diciembre”, denuncia, “se ejecutaron 22 devoluciones exprés en un día y ninguna con abogado defensor”.

¿Hay alternativa a los CIE?

Durante parte de 2020 los CIE permanecieron cerrados porque los jueces estimaron que, con las fronteras cerradas a causa de la pandemia de la covid-19, no podían cumplir su función. Las ONG señalan: “Hemos estado sin ellos y no ha pasado nada”. En su lugar, proponen estas alternativas: internar, cuando es irremediable, en centros de acogida gestionados por ONG; aplicar más las medidas alternativas ya previstas en la ley; facilitar los retornos voluntarios; o multar la estancia irregular y facilitar la regularización sin recurrir a la expulsión.

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