La lucha interminable para el asilo LGTBI

Solo el 5% de las solicitudes estudiadas en 2020 en España conceden la protección internacional, pero no hay cifras sobre cuántas son por orientación sexual

En vídeo, el solicitante de asilo marroquí Hamza Merchich expone las razones por las que tuvo que marcharse de su país. En la imagen, Merchich en julio de 2021.EdP

Un año y medio después de presentar su solicitud de asilo en Madrid, Hamza Merchich, joven marroquí de 24 años, está a punto de quedarse en la calle. “Mi ayuda económica terminará este mes y no encuentro un trabajo”, afirma. Este azafato de una línea aérea de vuelos internacionales, que habla cuatro idiomas y se define como gay no binario (no se identifica con un género en particular), huyó hace 18 meses de Casablanca (Marruecos). Fue después de recibir una carta de despido de la empresa aeronáutica en la que trabajaba, que le recomendó seguir una terapia psicológica por su orientación sexual para poder conservar su puesto. Obtuvo poco más tarde un empleo de teleoperador y con el dinero ahorrado durante dos años voló a España. Consiguió un visado, pero ahora se enfrenta a un nuevo reto: conseguir un sustento que le permita sobrevivir mientras espera una respuesta a la petición de protección internacional que presentó el 17 de enero de 2020.

Mientras en algunos países encarcelan a personas del colectivo LGTBI, los que logran escapar hacia el sueño del asilo español se enfrentan al riesgo de terminar en la calle. La burocracia del sistema y la discriminación que persiste en la sociedad amenazan la posibilidad de una vida mejor para estos migrantes. A la hazaña de cruzar la frontera se suma el reto de conseguir recursos para sobrevivir mientras esperan la respuesta a su petición. Eva Menéndez, especialista de género de ACNUR España, estima que las resoluciones pueden tardar hasta cinco veces más de lo que marca la ley. Además, los solicitantes deben superar barreras como el desempleo, el idioma y las diferencias culturales.

A partir de este mes de agosto, Merchich dejará de recibir el apoyo que el Gobierno otorga durante año y medio a los solicitantes que se encuentran en situación de vulnerabilidad, como establece la ley de asilo. De febrero a julio de 2020, recibía 300 euros al mes, además de un techo bajo el que vivir, y desde entonces hasta el pasado 28 de junio, 670 euros. No obstante, el marroquí no sabe cómo pagará un alquiler en Madrid si no consigue un empleo, pese a contar con un permiso de trabajo. “La realidad es que las empresas no quieren contratar a personas que tienen papeles temporales”, declara mientras muestra el documento que obtuvo hace un año. Sus opciones para conseguir empleo y recursos se agotan. Merchich, que se considera perseguido en su país por su orientación sexual, asegura que tiene amigas transexuales que “ejercen la prostitución para sobrevivir”. “Yo no quiero hacerlo, pero estoy en una situación complicada y me siento un poco obligado”, confiesa.

Pese a que la legislación marca un plazo de seis meses para resolver las solicitudes, una vez admitidas a trámite, el sistema de asilo arrastra deficiencias que alargan los tiempos de respuesta. Menéndez afirma que las peticiones difícilmente son instruidas en seis meses y llegan a tardar más de tres años. “Esto tiene un impacto muy fuerte en las personas migrantes porque su vida pende del resultado de la solicitud”, indica.

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La cantidad de peticiones denegadas también nubla la esperanza de quienes buscan protección internacional. Este tipo de asilo constituye la máxima protección para aquellos que huyen de la persecución que sufren en sus países “por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas”, según lo establecido en la Convención sobre los Refugiados de Ginebra, firmada por España. Solo 5.700 personas la consiguieron en 2020, es decir, menos del 5% de las 114.919 solicitudes totales de asilo estudiadas —por cuestiones políticas, género, raza, etcétera—, según el último informe de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR). Aunque Menéndez estima que la orientación sexual es uno de los principales motivos por los que se pide esta protección, no existen cifras oficiales sobre este colectivo doblemente vulnerable. “Este es uno de los grandes retos que siempre nos encontramos en España con el tema del asilo, que falta una mejor recogida y presentación de los datos, para analizar lógicamente tendencias, lagunas y necesidades”, apunta.

El miedo a tener que regresar a la pesadilla de la que huyó atormenta a Merchich: “Cuando era pequeño mis compañeros de clase me enseñaban el porno gay y me decían: ‘¡Ellos son animales como tú!”. Para el análisis de su caso, Merchich ha tenido que presentar pruebas ante la Oficina de Asilo y Refugio sobre la violencia que padecía en Marruecos. Entre ellas, una carta firmada por su familia paterna con amenazas para que abandonara el país por “no ser normal”, y el certificado médico que prueba que fue víctima de abuso sexual en la escuela. Su país castiga hasta con tres años de prisión la homosexualidad, al igual que otros como Camerún, Sudán, Kenia, Malaui o Zambia. La represión hacia el colectivo LGTBI llega hasta la pena de muerte en Irán, Afganistán, Pakistán y Somalia.

La activista lesbiana Danielle Mboume (30 años, Camerún) explica el sentimiento de desamparo de quienes, como ella, intentan poner en orden sus papeles mientras buscan alojamiento y manutención al llegar a España: “Recibes la ayuda de la solicitud de asilo entre un año y medio y dos años, pero ¿qué haces cuando se acaba?”. Mboume tardó un año en obtener una respuesta a su petición. A los 19 llegó en una patera a Ceuta, donde fue rescatada por la Guardia Civil junto con su actual esposa. “Nos llevaron a la comisaría y luego nos derivaron al CETI —Centro de Estancia Temporal para Inmigrantes—. Allí nos hablaron del asilo, me sentí identificada y lo pedí”, explica.

Una década después de haber conseguido el estatuto de refugiada, Mboume aún sufre discriminación y desempleo. “En febrero de 2020 abandoné un trabajo porque no aguantaba los chistes hacia mi orientación sexual”, relata. “Además de racismo y homofobia, también sufrimos xenofobia”, sentencia. Al igual que Merchich, Mboume espera conseguir pronto un sustento, aunque lamenta que a veces “es muy difícil” porque no les queda más remedio que acceder “a los trabajos más precarios”.

Aunque su camino no ha sido fácil, ambos conservan el anhelo de dejar atrás el miedo de terminar en una prisión al otro lado de la frontera. Mboume desea rescatar la Asociación Día-Día África Libertad, que fundó en 2014, para apoyar a otras mujeres migrantes. Mientras, Merchich sueña con volver a ser azafato, como lo hacía antes de ser despedido en su país, y probar suerte en el mundo de la moda. “En Marruecos yo no podría tener el pelo largo ni salir a la calle como una chica, con tacones y maquillaje”, expresa con alivio.

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