La iniciativa energética de López Obrador margina a las renovables en favor de la CFE

La propuesta legislativa del mandatario busca reforzar el papel de la paraestatal y supone una revisión profunda de la reforma energética de Peña Nieto

Trabajadores de la CFE arreglan un tendido eléctrico en la colonia Álamos, en Ciudad de México.
Trabajadores de la CFE arreglan un tendido eléctrico en la colonia Álamos, en Ciudad de México.Isaac Esquivel (Cuartoscuro)

Después de meses de coquetear con la idea, el presidente Andrés Manuel López Obrador acaba de dar el paso más significativo hacia una revisión profunda del modelo eléctrico mexicano. La iniciativa preferente que el lunes envió al Congreso para su discusión cambia la balanza en el sector. De aprobarse, las plantas de la paraestatal Comisión Federal de Electricidad (CFE) tendrán preferencia sobre las centrales privadas para subir su producción a la red. El cambio en el orden de preferencia asestaría un golpe importante a las plantas de energía renovable, principalmente en manos de privados, y complicaría seriamente su futura expansión en el país.

La medida apunta a uno de los pilares de la reforma energética impulsada por Enrique Peña Nieto en 2013 para abrir el sector a la inversión privada. Entonces se creó un mercado eléctrico basado en el principio del “despacho económico”: las centrales con menor costo de producción, es decir, las más eficientes, eran las primeras en subir su electricidad a la red. Este principio favorecía a las renovables y a las centrales de ciclo combinado en manos de privados, generalmente más baratas. Mientras, las hidroeléctricas y termoeléctricas de la CFE, con mayores costos de producción, tenían que esperar su turno.

En la exposición de motivos de la iniciativa, López Obrador considera que este elemento otorgó “grandes privilegios” a las privadas y provocó un “grave perjuicio” a la CFE, ya que en ocasiones impedía que las centrales de la paraestatal vaciasen su carga. La reforma borra el principio de despacho económico. Del artículo 4 de la Ley de la Industria Eléctrica desaparece la referencia a que “la generación y comercialización de la energía eléctrica son servicios que se prestan en régimen de libre competencia”.

El nuevo esquema pone boca abajo el sistema anterior. Las hidroeléctricas de la CFE serán las primeras en despachar. Esto responde, en parte, a la creencia del mandatario de que los impedimentos para que las hidroeléctricas suban su producción a la red están detrás de las frecuentes inundaciones en su Tabasco natal. En segundo lugar, vendrán las otras plantas de la paraestatal, incluidas las termoeléctricas y los ciclos combinados. Finalmente, despacharán las plantas eólicas y solares y los ciclos combinados en manos de particulares.

Como la capacidad eléctrica instalada es superior a la demanda, es probable que estas últimas, paradójicamente las más limpias y baratas, se queden sin poder despachar. Esto complicaría la sostenibilidad de las plantas renovables que en la actualidad abastecen el mercado eléctrico mayorista y amenazaría, potencialmente, con subir el precio de la luz. “El escenario no puede ser más adverso y más hostil y contraproducente para inversionistas en energías renovables tanto para los que tienen proyectos ya concluidos o en curso, como quien adelante quisiera invertir en este sector”, dice Agustín Bravo, abogado especializado en materia ambiental y exdirector regional del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda).

Una planta fotovoltaica en el municipio de Villa de Arriaga, en San Luis Potosí (México).
Una planta fotovoltaica en el municipio de Villa de Arriaga, en San Luis Potosí (México). Ulises Andrade (EFE)

La iniciativa plantea una especie de renegociación forzada de los contratos ya existentes entre las renovables y el Estado mexicano alegando supuestos vicios, explica Bravo, algo muy serio. “En adición a lo ya existente se prevén otras batallas de negociación como sucedió con las empresas para explotación de gas el año pasado”, dice Bravo.

El runrún sobre una posible contrarreforma viene de lejos. Desde que se aprobó en 2014, López Obrador ha expresado abiertamente su hostilidad hacia la reforma energética, que ha calificado de “neoliberal” y “corrupta”. Una vez en el poder, el mandatario se comprometió a respetar los contratos firmados por la anterior Administración, pero su Gobierno empezó a introducir cambios al modelo eléctrico mediante acciones administrativas, sin por ello modificar la legislación. Canceló las subastas eléctricas, endureció las condiciones para acceder a nuevos permisos y aumentó en hasta ocho veces los precios de transmisión que tenían que pagar las renovables, entre otras acciones.

Nuevos frentes legales

El asalto administrativo se ha topado, sin embargo, con conflictos legales. Las empresas afectadas han alegado que los cambios contradicen la legislación vigente y la Constitución y han presentado decenas de amparos ante los tribunales que han desembocado en la suspensión definitiva de las modificaciones. Además, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) ha llevado a la Suprema Corte una controversia constitucional, al considerar que las medidas van contra los principios de competencia y libre concurrencia establecidos en la Constitución.

La lluvia de acciones legales ha sido recibida con frustración por López Obrador, quien ha barajado desde hace meses la opción de cambiar el texto constitucional para dar cabida a sus aspiraciones. Por ahora, el Gobierno ha optado por modificar la ley. Hay dudas, sin embargo, de que esto sea suficiente para sortear los límites impuestos por la Constitución.

Bravo prevé que la iniciativa, que deberá ser discutida en el Congreso en los próximos 30 días, se enfrentará a obstáculos legales después de ser aprobada. El Partido Revolucionario Institucional (PRI) informó en un comunicado el lunes que: “En caso de que esta reforma sea aprobada, acudiremos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en acción de inconstitucionalidad para demostrar la violación a los principios de derecho a un medio ambiente sano, no retroactividad de la ley en perjuicio de los ciudadanos y legalidad consagrados en nuestra Carta Magna”.

Por otro lado, la iniciativa de ley abre la posibilidad a demandas en contra del Estado mexicano por parte de empresas norteamericanas, protegidas por el tratado de libre comercio de la región, el T-Mec. La propuesta puede violar los acuerdos comerciales, dice Juan Carlos Baker, uno de los negociadores del tratado. De ser así, una empresa norteamericana podría demandar al Estado mexicano y el conflicto se resolvería en un tribunal especializado internacional. “Esto no quiere decir que no puedan pasar la iniciativa, si lo quieren hacer lo pueden hacer, pero va a costar muchísimo dinero”, asegura el experto, “todo esto puede llevar a demandas que claramente vamos a perder y que nos puede costar una cantidad enorme de dinero”.

Además, esto pinta a López Obrador como opositor de los planes para combatir el cambio climático que su contraparte en Estados Unidos, Joe Biden, ha puesto al centro de su Administración. Los cambios que ha promovido el Ejecutivo mexicano comprometen el objetivo inscrito en la Ley de Transición Energética de lograr el 35% de energías limpias para 2024. En 2019, el Informe sobre la Brecha de Emisiones, publicado por el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, ya advirtió de que el Gobierno “había detenido años de progreso en el sector que amenazan con revertir el progreso logrado”.

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