La Cámara de Diputados de México aprueba la legalización de la marihuana

La iniciativa supera la penúltima fase de un proceso legislativo atropellado que deberá concluir en el Senado, donde el partido gobernante también tiene mayoría. La nueva legislación permitirá la posesión personal de hasta 28 gramos

Un activista a favor de la legalización de la marihuana, en Ciudad de México. En video, activista por la legalización opina de la ley.FOTO: EFE | VIDEO: AFP

La marihuana para uso recreativo está a un paso de la legalización en México. La Cámara de Diputados aprobó este miércoles la ley que regula el cannabis, pero hizo modificaciones al dictamen que había sido avalado en noviembre pasado por el Senado, por lo que tendrá que pasar otra vez por los senadores antes de entrar en vigor. Se trata de uno de los últimos pasos de un proceso legislativo que se ha alargado más de dos años y que ha estado marcado por los cuestionamientos por favorecer la entrada de grandes capitales al que será el mayor mercado de marihuana legal del mundo por encima de los derechos de los consumidores y los pequeños productores.

La ley fue aprobada en lo general por 316 votos a favor, 129 en contra y 23 abstenciones. Fue una sesión maratónica que empezó el miércoles por la mañana y se extendió hasta la madrugada del jueves, con la discusión de más de 200 reservas a la ley. La votación en el pleno dejó varias postales. Hirepam Maya, diputado de Morena, forjó un cigarro de marihuana en la tribuna para apoyar el dictamen. La priista Cynthia López Castro sacó una bolsa de orégano y empezó a cuestionar a quienes avalaron la ley: “Un viaje de cuatro días... ¿Esto es lo que quieren?”. La intervención se volvió viral.

La nueva ley establece en el papel que cualquier adulto que desee fumar podrá hacerlo, aunque con varias restricciones. Una de las principales diferencias entre lo que aprobó el Senado y lo que avaló la Cámara de Diputados, que también tuvo el visto bueno de la Secretaría de Gobernación, es que ya no se creará un instituto regulador para el cannabis, sino que sus funciones serán asumidas por la Comisión Nacional contra las Adicciones, que depende de la Secretaría de Salud y no tiene experiencia en labores de regulación.

La Comisión supervisará el proceso de producción, desde la siembra hasta la cosecha, y dará los permisos para crear asociaciones o clubes de consumo. Las asociaciones tendrán entre dos y 20 miembros mayores de 18 años, con un máximo de cuatro plantas por socio y menos de 50 plantas de marihuana por grupo. El Estado promoverá campañas para inhibir el consumo en menores de 25 años. Las empresas que comercialicen la marihuana para consumo lúdico deberán atenerse a un etiquetado estricto con la leyenda “solo para venta en México”, tener empaques sellados a prueba de niños y poner advertencias sobre los efectos nocivos a la salud, similares a las de las cajetillas de tabaco.

El nuevo dictamen quita los pocos candados que había para la integración vertical: que una sola empresa participe en varias etapas del proceso de producción, distribución y comercialización. La medida es celebrada por empresas extranjeras que buscan un pedazo del negocio en el país, pero ha sido criticada por organizaciones civiles, aunque se prevé que se dé atención prioritaria a las comunidades que han sido afectadas por las políticas prohibicionistas, la pobreza y la violencia. Las licencias de producción y los permisos de consumo tendrán una vigencia de entre uno y cinco años, no se ha definido cuánto costarán. ”Se busca convertir el uso de sustancias en un negocio y no en un derecho”, acusó la diputada independiente, Lucía Riojas. El bloque de Morena, el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador, y sus aliados ha defendido que se trata de un hecho “histórico” al dejar atrás “el modelo prohibicionista”.

La posesión personal de hasta 28 gramos de marihuana será legal. Uno de los puntos más polémicos es que se siguen contemplando multas de hasta 10.000 pesos (500 dólares) para quienes tengan entre 28 y 200 gramos. “El dictamen aprobado, aunque legaliza la producción y el comercio de la marihuana, no legaliza su portación y su consumo, se limita a una tolerancia que no elimina la posibilidad de ser detenido, tener sanciones penales o multas”, comenta Lisa Sánchez, directora de la organización México Unido Contra la Delincuencia, que teme que los puntos flacos de la ley den pie a extorsiones y criminalización de los usuarios. “Se perdió una oportunidad dorada para que las autoridades dejen de distraerse con la persecución de delitos de drogas y concentrarse en delitos que sí dejan víctimas, como los homicidios”, agrega Sánchez. En un artículo transitorio se prevé que las personas que purguen penas por delitos relacionados con el tráfico de cannabis puedan salir libres.

Desde octubre de 2018, la Suprema Corte decidió que prohibir el cannabis atentaba contra el desarrollo de la libre personalidad de los usuarios y dio un año al Legislativo para que hiciera los cambios necesarios a la ley para garantizar ese derecho. El Congreso pidió tres prórrogas para retrasar la aprobación y emitió una ley duramente cuestionada por las organizaciones civiles que acompañaron el proceso y cuyas recomendaciones fueron excluidas del dictamen final, que sigue sin respetar la consigna del libre desarrollo de la personalidad. “Los legisladores tuvieron dos años para hacer las cosas bien y acabaron aprobando la ley sobre las rodillas, dejando de lado a los más pobres y menos poderosos”, señala Sánchez, que acusa que el proceso legislativo fue “desprolijo” y saltó varios pasos para su aprobación “exprés”. “No cumple con la orden de la Suprema Corte de quitar la prohibición de la marihuana en la Ley General de Salud, el mandato original”, asegura.

México se enfila así a convertirse en el tercer país del mundo que legaliza la marihuana en todo su territorio, después de Canadá y Uruguay. Además de los recovecos para productores y consumidores, la legalización de la marihuana ha llegado con varias promesas. Un cambio de rumbo de una política antidrogas que ha hundido al país en la peor crisis de violencia de su historia reciente. Un arma contra la desigualdad y para la recaudación de miles de millones de pesos en impuestos. La esperanza de hacer justicia a los sectores más vulnerables y perseguidos. La prueba de fuego de esas promesas empezará cuando el Senado dé su decisión definitiva sobre la aprobación de la ley.

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