López Obrador le otorga más poder al Ejército: el Tren Maya será patrimonio militar

El titular del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) anuncia que la Secretaría de la Defensa se encargará de la construcción de todos los tramos de la obra faraónica en el sudeste y de su operación

Ingenieros militares construyen el tramo del Tren Maya en Mazcanú, en Yucatán.
Ingenieros militares construyen el tramo del Tren Maya en Mazcanú, en Yucatán.Cuauhtemoc Moreno (EFE)

Una de las obras faraónicas del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el Tren Maya, que conectará puntos clave del sureste, desde la selva Lacandona (en Chiapas) hasta las joyas turísticas del Caribe, será patrimonio del Ejército. Así lo ha anunciado el director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Rogelio Jiménez Pons, la entidad que coordina la construcción del proyecto. La Secretaría de la Defensa se encargará, según sus declaraciones, no solo de la obra de algunos tramos de este megaproyecto de más de 1.500 kilómetros, sino también de la operación y la administración de los ingresos y sus recursos a través de una nueva empresa militar. La medida, de ser decretada finalmente por el presidente, supone un espaldarazo sin precedentes a una institución que acumula cada día más poder y la perpetúa como un agente económico y político para los gobiernos posteriores.

No es la primera concesión pública que el Gobierno de López Obrador le otorga directamente al Ejército. Desde que tomó el poder en 2018, una de sus primeras medidas fue encargarles la construcción del nuevo aeropuerto de la capital, Santa Lucía, además de las obras de las sucursales del Banco del Bienestar y otros aeropuertos locales. Pero sí es la primera vez que las autoridades se refieren directamente a la operación y gestión de estos proyectos, dejando fuera del control presupuestario a una de las instituciones más opacas de la Administración. “Exactamente [las ganancias serán para los militares, no para el erario]. Ya no dependerían del erario las pensiones y otras cosas. Vamos a conceder todos [los tramos] al Ejército”, señaló Jiménez Pons al diario El Financiero en una entrevista.

La Secretaría de la Defensa ha respondido a este diario que todavía no cuentan con más información: “Los detalles sobre su implementación, cuáles serán los procedimientos y la forma de ejecutarse están en proceso de integración”. Y por su parte, el Fonatur no ha querido agregar más información de la que declaró su titular este martes.

El objetivo del Gobierno de otorgarle la gestión del Tren Maya al Ejército es blindar este proyecto a una posible privatización en años posteriores. “Si nosotros tenemos una visión nacionalista de largo plazo patrimonial, que esto sea un negocio, pero del Estado, nosotros vamos a tratar de hacer que esto sea un negocio en beneficio del mayor número de mexicanos, qué mejor que el Ejército se encargue de este negocio, nos garantiza muchas cosas y particularmente que no se privatice”, puntualizaba Jiménez Pons.

En diciembre pasado, López Obrador ya había anunciado que su Gobierno estudiaba que los militares operaran algunos tramos del Tren y algunos aeropuertos para evitar la privatización. El mandatario explicó entonces que de ese modo se podrían “financiar las pensiones de marinos y de soldados” y “garantizar la seguridad en la región” por la que pasará la megaobra de infraestructura, su proyecto estrella para el sureste de México. Una construcción que se ha topado con un centenar de comunidades indígenas y organizaciones ambientalistas que han denunciado el enorme impacto que supone para su región.

El recorrido completo del Tren Maya abarcará 1.500 kilómetros a través de los Estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo con una inversión estimada de 5.000 millones de dólares. El proyecto, sin embargo, es mucho más que un tren de pasajeros, ya que se estima que el 70% de los ingresos resulten del transporte de carga y las obras contemplan la construcción de “polos de desarrollo” alrededor de las 19 estaciones del ferrocarril.

“El punto importante es que esto tiene una racionalidad política muy clara. Lo que se busca es que si algún Gobierno futuro, por la razón que sea, económica, ambiental o social, decide vender o cerrar el tren, tendrá que enfrentarse a las Fuerzas Armadas. Es una manera de meterlas en discusiones de materia económica y política, es la ruta de su politización. Y el objetivo último es alinearlas con su proyecto político”, comenta el analista de seguridad Alejandro Hope.

Por otra parte, el reto de que el Ejército administre las ganancias de este proyecto ha provocado polémica tras algunos escándalos desvelados por la Auditoría Superior de la Federación sobre el manejo irregular de sus cuentas: como por ejemplo, un gasto de más de 16.700 millones de pesos en la construcción del aeropuerto, cuando ese dinero procedía de un fideicomiso otorgado para la compra exclusiva de equipo militar. Además de los desvíos de 25.000 millones de pesos gastados en 2020 sin dejar un registro público.

Uno de los investigadores y expertos en materia presupuestal de la asociación Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, Leonardo Núñez, advierte de los riesgos de este control de recursos: “El tema es que el Ejército maneja una gran cantidad de recursos de forma opaca, bajo el amparo de la seguridad nacional. Debe de haber una exigencia de transparencia enorme en este megaproyecto y justo se lo dan a la dependencia que es por diseño la menos transparente”. Y añade: “Esto abre un nuevo flanco de riesgo de administración de los recursos, no solo se pueden gastar de forma discrecional, sino que salen del ciclo presupuestal con controles democráticos. Es un retroceso”.

El Ejército se convierte con este y otros proyectos en un agente económico y político poderoso en el país. Sobre este punto muchos críticos plantean los riesgos que implica un poder de este calado: “Si se vuelve permanente y extensa la actividad empresarial de las Fuerzas Armadas, crecerán sus vínculos con actores económicos. Como administradores de un tren turístico, entrarían en contacto con centenares o miles de contratistas, pequeños, medianos y grandes, que hoy no tienen vínculo alguno con la Sedena [Defensa]. Cada una de esas interacciones multiplicaría las posibilidades de corrupción en el Ejército”, señala Hope. Núñez también lo menciona: “Dado que el Ejército no tiene experiencia en estas cosas, habrá un proceso de terciarización, contratando empresas administrativas, logísticas...Y eso otra vez es lo que abre los riesgos a la corrupción y a la mala administración de este proyecto”.

La opción de que los militares gestionen las utilidades de este proyecto ha generado también mucha polémica. Aunque algunos expertos han recordado que la mayoría de los servicios ferroviarios en el mundo operan con subsidios, de manera que se espera también que este se maneje con pérdidas. “Con esta maniobra presupuestaria lo que pasaría es que los pocos ingresos los administrará la Sedena con mucha opacidad. Y si además necesitan subsidios, estos caerán en manos de los militares y esto genera graves problemas para exigir rendiciones de cuentas”, señala Núñez. “Si el Tren Maya genera pérdidas, que es altamente probable, metes al Ejército en discusiones de política pública que están bien alejadas de su ámbito de competencia”, añade Hope.

La posibilidad de que una obra de esta magnitud se privatice en un futuro queda blindada con la entrada de los militares. “Desde la óptica del presidente tiene una lógica impecable. Es generar después de que él se vaya que alguien tenga el interés de defender su legado. Está creando una clientela”, denuncia Hope.

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Elena Reina

Elena Reina es redactora de la delegación de México de EL PAÍS desde 2014. En 2020 ganó el Premio Gabriel García Márquez de Periodismo por la cobertura de la crisis migratoria en la frontera sur. Se ha especializado en temas de narcotráfico, migración y violencia de género.

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