'caso ayotzinapa'

La CNDH cuestiona su propia actuación en el ‘caso Ayotzinapa’

La actual oficina de la ‘ombudsperson’ niega las conclusiones de la anterior Administración y contempla la “búsqueda en vida” de los 43 normalistas desaparecidos en 2014 en Iguala

Familiares de los 43 en una marcha el pasado 27 de septiembre.
Familiares de los 43 en una marcha el pasado 27 de septiembre.HENRY ROMERO / Reuters

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) de México ha emitido este jueves un pronunciamiento en el que cuestiona su propia actuación en el caso Ayotzinapa. El organismo documentó en 2018 violaciones graves a los derechos humanos en la investigación por la desaparición de 43 estudiantes en el municipio de Iguala, Estado de Guerrero, y casi dos años después, en febrero de 2020, recibió el expediente de seguimiento de aquella recomendación. “Se encontró que no cumple con los estándares internacionales en materia de derechos humanos, al no contemplar la búsqueda con vida de los 43 normalistas desaparecidos”, ha informado este jueves la actual oficina de la ombudsperson. El escrito menciona también que en esa recomendación se “revictimizó” a los afectados directos e indirectos del ataque, “específicamente a la comunidad de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos”.

En 2018, al final del sexenio de Enrique Peña Nieto (PRI), el organismo avisó de que el Gobierno había sido omiso y negligente durante las pesquisas sobre la desaparición de los 43. Entonces, el organismo afirmó que se perdieron y contaminaron evidencias, se ocultó información, se violentó el derecho a la verdad de las víctimas y se cometieron graves violaciones a los derechos humanos. Todo quedó documentado en una recomendación a 16 instancias de los gobiernos federal, estatal y municipal que abarcó más de 2.000 páginas. Ahora la oficina de la ombudsperson ha considerado “pertinente revisar su propia actuación”. El organismo ha destacado, además, que más de seis años después del ataque “persiste la impunidad” y “la falta de acceso a la justicia de las víctimas”. La mayoría de los interrogantes sobre lo que sucedió durante la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 siguen abiertos.

Por un lado, el documento emitido este jueves alerta de que las pruebas incluidas en el expediente “ponen de manifiesto” que hubo autoridades que “tuvieron mayor participación en los sucesos” y que, sin embargo, “se les dirigieron recomendaciones poco contundentes”. Las sugerencias a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), a los ayuntamientos de Iguala y Cocula y a la Fiscalía de Guerrero, se lee, fueron “notoriamente desproporcionados a la gravedad de las violaciones a los derechos humanos”. Puntualmente, el documento señala que las recomendaciones a la Sedena no incluyeron una “investigación exhaustiva” de los militares del 27 Batallón de Infantería que, según la CNDH, tuvieron una “participación protagónica” esa noche y “ocultaron información”.

El organismo también considera “alarmante” que no se recomendara “como correspondía” a autoridades que, según la CNDH, tuvieron “participación en los hechos”, como es el caso de los ayuntamientos de Huitzuco y de Tepecoacuilco de Trujano. “Su actuación fue constitutiva de violaciones a derechos humanos”, apunta el documento. Algunos de los estudiantes, por ejemplo, fueron trasladados a Huitzuco. En ese contexto, participaron agentes de las policías federal, estatal y municipal, incide el documento, “lo cual no se abordó en la recomendación”.

El pronunciamiento emitido este jueves también apunta a que “no se escuchó a las víctimas, ni se respetaron sus derechos” antes de la emisión de la recomendación de 2018. Incide, además, en que “no se señaló como punto recomendatorio a la Fiscalía General de la República (FGR) el garantizar el acceso a la información” para que las víctimas conozcan en todo momento los avances en las pesquisas. Y considera que “se denigró, criminalizó y estigmatizó de manera dolosa” a la comunidad de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos cuando se la señaló como partícipe en el tráfico de estupefacientes.

La presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra, se reunió el 21 de marzo con los familiares de los estudiantes desaparecidos. Las autoridades y los padres de los 43 acordaron dar seguimiento a los puntos de la recomendación que contribuyan a aclarar el caso y descartar los que no lo hagan. El organismo, además, se comprometió a reunirse “periódicamente” para intercambiar información, dar acceso a los familiares al expediente y a toda la información en poder de la CNDH, y contribuir con las investigaciones que están abiertas. El caso avanza en los juzgados, entre detenciones y filtraciones, a la espera de nuevos envíos de restos óseos al laboratorio.

En la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, policías de Iguala, Cocula y otros municipios de esa región del Estado de Guerrero atacaron a un grupo de normalistas en varios puntos de Iguala. Los estudiantes habían viajado al municipio para tomar autobuses de la terminal local y trasladarse luego a una marcha en Ciudad de México. Los policías actuaron coludidos con el grupo criminal Guerreros Unidos. El motivo sigue sin estar claro. Hasta ahora se tenía la idea de que los militares habían intervenido marginalmente, pero ahora la fiscalía duda sobre el alcance de su actuación. En esos ataques murieron seis personas, entre ellos tres normalistas, y desaparecieron 43 estudiantes. A más de seis años, las autoridades apenas han identificado restos de dos, Alexander Mora y Christian Rodríguez.

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