López Obrador eleva el pulso contra las empresas mineras en México

El presidente asegura que no se otorgarán nuevas concesiones para la exploración de yacimientos durante su mandato y señala que algunas compañías canadienses no pagan impuestos

El interior de la mina San Francisco, en el Estado de Morelos.
El interior de la mina San Francisco, en el Estado de Morelos.Margarito Pérez (cuartoscuro)

La narrativa de soberanía nacional del Ejecutivo ha alcanzado al sector minero. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha arremetido esta semana contra las concesiones para explotar yacimientos minerales que detentan las compañías mineras. “Nuestro territorio tiene 200 millones de hectáreas y concesionaron en el periodo neoliberal 120 millones de hectáreas para la explotación minera. ¿Cuándo se terminan de explotar 120 millones de hectáreas? Bueno, ¿por qué entregaron tantos títulos de concesiones mineras?”, indicó el mandatario este lunes en su conferencia matutina.

Desde el inicio de su Gobierno, López Obrador ha criticado la cantidad de terreno concesionados a la minería, sin embargo, las cifras de la Dirección de Desarrollo Minero desvelan que existen poco más de 25.000 títulos vigentes, derechos que amparan poco más de 20 millones hectáreas en el país. “No hemos entregado ninguna concesión para la explotación minera en el tiempo que llevo en el Gobierno, porque tampoco es necesario”, dijo el presidente a principios de marzo. La postura de la actual Administración contrasta con la tradición minera del país que es uno de los principales productores de plata, oro y cobre en el mundo.

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Al igual que los permisos para la importación de gasolina y de los contratos de generación de electricidad otorgados a privados, ahora los derechos para explorar y explotar yacimientos están en el punto de mira del Ejecutivo. La advertencia de que no serán autorizados más concesiones fue precedida por una crítica del presidente sobre dos mineras canadienses con proyectos en México: First Majestic a quien señaló de que “no quiere pagar impuestos” y Americas Gold and Silver que atraviesa en este momento por un conflicto sindical.

La minera Americas Gold and Silver calificó como “preocupantes” las declaraciones del mandatario, pero aseguró que seguirá trabajando en conjunto con el Gobierno mexicano para resolver los problemas. Por el contrario, la pelea entre el Gobierno y First Majestic ya ha llegado a instancias de arbitraje internacional. La minera argumenta que el Ejecutivo ha emitido reevaluaciones tributarias para los años 2010 a 2013, sin considerar los acuerdos fiscales que siguen vigentes. Las reevaluaciones fiscales que reclama el Servicio de Administración Tributaria a la empresa rebasan los 392 millones de dólares. En un comunicado a inversionistas, First Majestic aseguró que las autoridades mexicanas se han negado a negociar y defendió que “continuarán impugnando enérgicamente todas las reevaluaciones fiscales a través de todos los medios nacionales e internacionales disponibles”.

La vigencia de una concesión, de acuerdo a la Ley Minera, es de 50 años, con la posibilidad de ampliarla por 50 años más. Los representantes del sector indican que este es un periodo que hace factible una industria que requiere dinero y tiempo, solo la fase de exploración puede llevar alrededor de 20 años. Al cierre del año pasado operaban en México 179 mineras de capital extranjero —un 70% de las firmas provienen de Canadá— y manejaban un portafolio de 1.190 proyectos. Sin embargo, la Dirección de Desarrollo Minero reconoció que un 63% de estos proyectos han sido postergados por las empresas “para su posterior reactivación en un tiempo financieramente razonable”, según su último informe publicado al cierre de diciembre pasado.

México ‘pierde brillo’ para atraer nuevas inversiones mineras

El golpeteo del Ejecutivo aunado a la incertidumbre jurídica han puesto en tela de juicio la viabilidad de los proyectos mineros en el país. Sergio Almazán, presidente de la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México, advirtió de que el suspender el otorgamiento de concesiones mineras puede ahuyentar los capitales de inversión. “Los inversionistas mineros extranjeros y nacionales arriesgan sus inversiones donde existe un comprobado potencial geológico minero, pero sobre todo donde existan políticas públicas que les brinden certeza jurídica. Lamentablemente, la inversión en exploración minera en México ha perdido brillo, cada vez somos menos competitivos y esto se ha venido reflejando en los últimos años, donde la inversión en exploración minera ha caído de 856 millones de dólares en 2014 a 435 millones de dólares en 2019″, mencionó.

En 2020 la inversión minera en el país registró la peor caída en 13 años, según las cifras de la Cámara Minera de México (Camimex). Las mineras inyectaron el año pasado solo 2.500 millones de dólares, un descenso de un 46% respecto a los 4.657 millones de dólares erogados el año previo. Además, en su más reciente encuesta del Instituto Fraser de Canadá sobre el atractivo de los países para invertir capital minero situó a México en la posición 42 de 77 países evaluados, por detrás de otras naciones como Colombia, Perú, Brasil o Chile.

José Martínez, ingeniero de minas y director de Grupo Jomargo, añadió que el sector vive un momento paradójico: los precios de los minerales se están recuperando, pero no existe certeza jurídica para que las empresas reactiven sus planes tras la pandemia. “Hablado de las (mineras) canadienses, o de las juniors canadienses que vinieron a explorar a este país, esa fuente de trabajo le ha dado empleos a mexicanos, ese dinero generó un circulante en nuestro país”, añadió.

El sector minero genera 379.000 empleos directos y más de dos millones de puestos indirectos, según las cifras de la industria. Pese a las cifras de generación de empleo e inversión, López Obrador se mantiene firme en su decisión de no otorgar una nueva concesión en lo que resta de su mandato.

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Sobre la firma

Karina Suárez

Es corresponsal de EL PAÍS en América, principalmente en temas de economía y sociedad. Antes trabajó en Grupo Reforma. Es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y Máster de periodismo de EL PAÍS.

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