Un empresario demanda en Miami a Google y YouTube por permitir la reproducción de 3.000 películas mexicanas pirateadas

Carlos Vasallo, dueño de los derechos de más de 3.000 filmes mexicanos, busca modificar la ley que regula los contenidos en las plataformas digitales

Fotograma de la película 'Maten a Chinto el violento' dirigida por Alberto Isaac y protagonizada por Pedro Armendáriz.
Fotograma de la película 'Maten a Chinto el violento' dirigida por Alberto Isaac y protagonizada por Pedro Armendáriz.

El empresario español Carlos Vasallo se ha sumergido en la batalla más difícil. Dueño de más de 3.000 películas mexicanas, ha abierto un frente legal contra Google y YouTube —propiedad de la primera— por reproducir sus títulos sin pagar derechos de autor. Después de seis años de intentos por resolver el conflicto con la empresa, Vasallo presentó hace tres semanas la demanda en un tribunal en Miami. “He hecho todo lo que podía para no tener que llegar a juicio”, dice, pero ha seguido adelante para evitar que los gigantes tecnológicos de Estados Unidos “se queden con todo”. El empresario busca ahora incitar el debate para modificar la ley que regula los contenidos en las plataformas digitales para que se respeten los derechos de autor.

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Vasallo es un empresario exitoso. Presidente y CEO de la cadena América CV Network, tiene cientos de empleados en las oficinas repartidas por varios países, y es propietario de cinco casinos en la Riviera Maya y una constructora en España. Llegó a México a principios de los 70, y desde entonces ha acumulado los derechos de la mitad del cine nacional. “Yo no tengo películas mexicanas, tengo la historia del cine mexicano”, dice en entrevista con EL PAÍS. Maclovia, La ley del monte, El día del compadre o Maten a Chinto el violento son algunos de los títulos de su extensa colección. Una biblioteca de más de 3.000 películas que se encuentra ahora en el ojo de la disputa legal.

La batalla de Vasallo con Google y YouTube comenzó hace seis años, cuando el empresario notó que la plataforma de videos no solo permitía que los usuarios subieran sus películas pirateadas, sino que además le ponían publicidad al contenido. En octubre de 2014, contrató un buffet de abogados de Nueva York para abrir la conversación con el gigante estadounidense. La lucha se pronosticaba difícil, la compañía estaba protegida por la Ley de Derechos de Autor de la Era Digital, conocida como Millenium, aprobada en 1998. Bajo esta legislación, la política de YouTube es retirar los videos que encuentren violatorios a los derechos de autor y cancelar la cuenta después de que la infracción se repita tres veces. Un mecanismo que, según el empresario, fue diseñado cuando estas plataformas no comercializaban con el producto.

La primera vez que se sentaron a la mesa, la compañía estadounidense le ofreció subir de forma oficial todas sus películas a la plataforma para compararse “como un negativo” con las pirateadas y así poder eliminar automáticamente las falsas. Pero ese acuerdo implicaba dejar atrás todas las violaciones a los derechos de autor que su biblioteca ya había sufrido. “Les pedí un contrato, pero ellos decían ‘del pasado, pasado’, y yo dije ‘no estoy de acuerdo, quiero que hagamos un acuerdo monetario por los 300 millones de reproducciones ilegales que hubo antes de esto”, cuenta. Tras varios intentos de negociación, Vasallo contrató a un equipo que monitoreara si 700 títulos de su colección aparecían ilegalmente en la plataforma.

Fotografía personal cedida por Carlos Vasallo.
Fotografía personal cedida por Carlos Vasallo.Álbum Carlos Vasallo (EFE)

La idea era notificar a Google cuando encontraran una película pirateada y que YouTube la eliminara. “En seis años, he bajado más de 3.500 canales, y le hemos dado 10.000 notificaciones”. El mecanismo, sin embargo, no funcionaba. Cada vez que se quitaba un contenido, se volvía a subir al rato, y cada vez que se eliminaba una cuenta, se volvía a abrir con otro nombre, asegura. “Les hablo y les digo: ‘Esta mecánica no funciona’. Y no me hacen ni caso”. Seis años después de la primera conversación con la compañía de EE UU y sin una solución a la vista, decidió preparar una demanda “para que dejen de pasar las películas y cuantifiquen el daño”. La legislación establece que la primera violación a los derechos de autor recibe una sanción de 30.000 dólares. La segunda, es considerada como maliciosa, y se pena con 150.000 dólares. Este periódico consultó a Google sobre el tema y la empresa refirió que no tiene comentarios “sobre este asunto”, según una portavoz.

Google intenta por lo general evitar los tribunales con acuerdos, y Vasallo entiende el desafío que implica llevar a juicio a un gigante. “Estoy consiente de que es una lucha desigual, pero también estoy totalmente convencido que siendo pequeñito en proporción, es mi obligación defender lo mío. Yo hago la lucha”, dice. Su esfuerzo, además, tiene la intención de ir más allá. “Es un asunto que puede modificar la protección para el intercambio de archivos, hay que discutir la normativa, como está pasando en Europa ahora mismo. Trataré de luchar en Washington para que me oigan”, concluye.

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Sobre la firma

Georgina Zerega

Es reportera en la redacción de México y cubre actualmente la cartera de política. Por ser argentina, también colabora en la cobertura de ese país. Antes de entrar al periódico, trabajó en radio y televisión en Argentina.

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