Una resolución firme ordena devolver el agua a Ayutla: un conflicto de cuatro años acaricia el fin

Una orden judicial dicta la reconexión a la corriente de este pueblo oaxaqueño que ha sufrido cuatro años de sed entre tiros y violencia

Irene Hernández, primera presidenta municipal en la región Mixe, exigió que devolvieran la corriente del manantial que surte a Ayutla, Oaxaca.
Irene Hernández, primera presidenta municipal en la región Mixe, exigió que devolvieran la corriente del manantial que surte a Ayutla, Oaxaca.@quinomixe

El conflicto por el agua en Ayutla (Oaxaca) parece acariciar su fin. La última decisión judicial ya es firme y ordena regresar a este pueblo la corriente del manantial que le ha surtido siempre, pero que permanece cortada desde hace cuatro años. El lunes es la fecha tope impuesta por la justicia y los afectados se debaten entre la desconfianza y la esperanza de una solución definitiva al desencuentro con el pueblo de Tamazulápam del Espíritu Santo, que ha costado ya un muerto por arma de fuego, heridos y abusos sexuales contra las mujeres. Como en tantas otras desavenencias en las montañas de México, detrás de esta también asoma el cultivo de la amapola, que así se llama en el campo; en la ciudad, opio. Y los límites de las tierras.

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La pandemia agravó las condiciones higiénicas y de consumo de agua en Ayutla y derivó el proceso jurídico hasta el Estado de Puebla, donde un juez en Cholula ha decidido esta semana que la última sentencia era correcta: Tamazulápam y las autoridades estatales y federales deben facilitar la vuelta del agua a Ayutla Mixe con una fecha límite: el lunes. Para ello habrá que recomponer unos centenares de metros de tuberías destruidos en algunos ataques. El pueblo espera, más de tres años ya, acarreando agua desde el manantial, cuando pueden, o desde veneros que emergen con la llegada de las lluvias. Esta batalla, que ha dejado víctimas sobre el terreno y un largo proceso judicial y burocrático, ha sido de nuevo mencionada en la conferencia matutina del presidente. En su línea de “abrazos, no balazos”, Andrés Manuel López Obrador se ha manifestado a favor de una resolución pacífica.

Pero un desacuerdo tan arraigado y de aristas tan oscuras no tiene una fácil resolución. El presidente municipal de Ayutla, Jesús Galván Rojas, prefiere mantenerse prudente. Confía más en el diálogo con el pueblo vecino que, según ha dicho por teléfono, está en horas de entendimiento. “Aparentemente, esta sentencia es buena para el pueblo, pero preferimos resolverlo con el diálogo; la ley es fría y eso es una imposición judicial. Los dos presidentes municipales [Tamazulápam y Ayutla] nos hemos estado reuniendo y trabajando en la disolución de la mancomunidad, tratando de arreglar esto de forma amistosa, ver cómo nos vamos a repartir el agua. En Ayutla ni siquiera lo hemos planteado todavía en la asamblea de vecinos que es como decidimos las cosas aquí. Aplicar la sentencia se oye bien, pero no será buena idea. Calentará los ánimos más adelante. Este es un asunto muy delicado. Queremos paz”, afirma.

El alcalde, como otros, sabe que donde se imponen las armas de poco puede servir una sentencia por más firme que sea. Una de las marchas vecinales en 2017 hacia el manantial acabó con tiros que salían de la montaña. Un hombre resultó muerto y hubo varios heridos. Algunas mujeres fueron retenidas y reportaron abusos sexuales. Eso fue en junio. Meses antes, un grupo de personas había ocupado 150 hectáreas y destrozado los cultivos de Ayutla. Nadie pone un nombre exacto a los que guerrean de este modo. Son muchos los intereses cruzados y algunos se anudan en conflictos agrarios del pasado. En el anonimato, hay quien menciona el tráfico de armas y, cómo no, el cultivo de la amapola.

Ahora es época de lluvias y aunque la emergencia persiste, el municipio, también llamado San Pedro y San Pablo Ayutla, conoce un alivio. Algunos veneros fluyen de forma espontánea y permiten el uso del agua sin necesidad de largos y peligrosos acarreos. La comunidad la conforman alrededor de 3.000 personas, que viven mirando a un manantial, a menos de un kilómetro, cegado para ellos.

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“El año pasado se dictó sentencia en el juzgado número 3 de Oaxaca, pero se recurrió. Ahora se ha dado por válida. El agua debe volver a Ayutla”, dice la activista por los derechos humanos Sara Méndez. “Hay infraestructura, solo están afectados unos 300 o 400 metros de tuberías que fueron destruidos, pero hasta los tubos están en la comunidad para ser repuestos y proceder a la reconexión. Aunque ahora es tiempo de lluvias, los servicios públicos como la escuela y otros lo necesitan. Y más con la pandemia. Sigue siendo urgente”. Méndez, del Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha (Código DH), espera que las autoridades, tanto las municipales de Tamazulápam, como las estatales y las federales acaten la orden judicial y restablezcan la corriente en el pueblo. “Esperemos no llegar al año quinto con este asunto. Si no se cumple se estarán poniendo en entredicho la voluntad manifestada por el propio Estado [de Oaxaca] de llevar el agua”, afirma.

Código DH ha trabajado con este conflicto y asegura que Tamazulápam nunca ha usado el agua de ese manantial, que no la necesita porque se nutre de otras fuentes. Aunque las autoridades afirman que la precisaban para una escuela y algún barrio. “Sin embargo, siempre fue el manantial del que se surtía Ayutla y ahora el agua corre libre, sin que nadie la use. Esto no es más que una estrategia de despojo de territorios por negociaciones”, dice solamente Méndez, sin entrar en más detalles. Solo afirma: “Ayutla ya ha sufrido suficiente. Todo está dispuesto para la reconexión. ¿Qué lo impide? Que lo digan con claridad si no quieren cumplir la sentencia”.

“En cuanto tengamos la sentencia de forma oficial procederemos a acatarla, eso no se discute”, dice Héctor Pablo Ramírez Puga, director general de la Comisión Estatal del Agua (CEA) de Oaxaca. ”Además, el gobernador [Alejandro Murat] nos ha pedido que establezcamos con ambas comunidades una mesa de diálogo que nos permita acatar la sentencia sin vulnerar los esfuerzos de diálogo que ya están llevando ambos presidentes municipales sin intermediación alguna. Eso es una gran noticia y un gran mensaje de paz. Porque el agua se restablecerá de inmediato, pero el conflicto limítrofe no se resuelve en la resolución judicial”, ha añadido.

La CEA supervisó la construcción de un pozo con el que daban por solucionado el recurso hídrico de Ayutla. Fue en enero de este año. Ramírez Puga visitó las obras personalmente. Pero ese pozo no convence a los que han peleado por este asunto. Méndez de Código DH afirma que no tiene agua. “La publicidad les salió muy cara, porque a saber lo que ha costado eso”, dice.

Para el responsable de la CEA, el pozo es un añadido a la corriente que ha de llegar a Ayutla. No lo entiende como dinero perdido. “El pozo ha llevado agua a la comunidad, no en una dotación suficiente, desde luego, porque no es un manantial y ha tenido que sectorizarse el servicio, pero ese pozo profundo nunca está demás, nada que tenga que ver con el agua lo está. Además el gobernador nos ha pedido también que se rehabilite la planta de aguas residuales y la red de agua potable de Ayutla”, añade Ramírez Puga.

La lingüista Yásnaya Elena Aguilar, columnista en este periódico, es de Ayutla, por lo que la inexistencia de agua le toca muy de cerca. Se ha ocupado de este asunto en numerosas ocasiones. Hoy se muestra esperanzada con la orden judicial. “Ha sido mucha burocracia, un esfuerzo titánico para defender lo obvio”, afirma. “Ese pozo que han hecho no tiene agua, lo construyeron solo para evitar la reconexión. Dicen que ya está alimentando a la población, pero es falso. Tiene para un 10% de las viviendas si bien nos va”, asegura. Aguilar sostiene que este es “un problema histórico creado por el Estado”, no una lucha entre dos pueblos por el agua.

Si llegado el lunes todo sigue igual, si nada cambia, Aguilar espera que la población de Ayutla se comporte como siempre, de forma pacífica y recurriendo a la justicia, apelando a la razón. “Pero esta vez habrá consecuencias penales o sanciones, ya se trata de una sentencia, no de la voluntad de las autoridades”, afirma. Y añade: “Estamos en manos del gobernador [Alejandro Murat]. Siempre se pudo haber restituido el agua. Y la tubería está en terreno federal. Nunca teníamos que haber llegado a esto”.

“Este conflicto no es de hace unos años, tiene décadas. Ya hubo momentos violentos años atrás, antes de 2017″, conluye Ramírez Puga. El problema son los límites entre ambos municipios. Ahora se están sentando las bases para su resolución”.

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