La austeridad impuesta por el Gobierno mexicano impacta las pensiones

La intención de renegociar dos contratos de prestación de servicios en cárceles provoca dudas sobre la capacidad de las empresas de pagar obligaciones de deuda en las que han invertido fondos de ahorro

Una protesta de médicos jubilados, en julio en Ciudad de México.
Una protesta de médicos jubilados, en julio en Ciudad de México.Carlos Ramírez (EFE)

Uno de los ejes centrales del Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido la austeridad, lo cual se ha traducido en tres años de recortes presupuestales, la eliminación de subsecretarías y la renegociación de contratos públicos que la Administración considera abusivos para el erario público. Las consecuencias se vieron, primero, en el crecimiento económico en general, ya que se redujo el gasto público en construcción, actividad que tiene una derrama amplia en muchas otras actividades. Ahora, la austeridad ha impactado los ahorros para el retiro de los mexicanos.

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El 30 de junio, la agencia de riesgo crediticio S&P Global recortó la calificación de dos bonos de deuda emitidos por empresas que proveen servicios a centros penitenciarios del Gobierno Federal porque ven muy posible que incumplan en sus obligaciones de pagar los intereses en los próximos meses. Esto, explicó la agencia, se debe a que el Gobierno Federal no les ha pagado por sus servicios desde enero, lo cual pone en aprietos a las empresas. A principio del año, la Administración de López Obrador, a través del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (PyRS), anunció que buscaría renegociar los contratos con todas las empresas proveedoras de estos servicios por considerarlos desventajosos para el erario.

El problema es que dos de estos contratos están atados a fideicomisos, lo que implica que cualquier renegociación del contrato de servicio tiene que ser aprobado por los tenedores de la deuda. Mientras PyRS logró un nuevo acuerdo con las demás empresas, estos dos bonos, de los fideicomisos de Sarre y Pápagos y el Fideicomiso CFRS Oaxaca, en los Estados de Sonora y Guanajuato, siguen en el limbo. ¿Y quiénes son los tenedores de estos bonos? Muchos de ellos son Administradoras de Fondos para el Retiro, o Afores, como se les conoce, firmas que invierten el dinero que los mexicanos ahorran para su jubilación y quienes tienen el mandato de invertir en instrumentos de alta calidad, con bajo riesgo y de largo plazo, como se les consideraba a estas dos emisiones de deuda que de repente se han visto en dificultades de pagar los intereses.

La baja en la calificación de estos dos bonos por parte de S&P Global ya le pegó a los ahorros de los mexicanos, asegura Luis Gonzali, estratega de deuda y macroeconomía de la firma Franklin Templeton en Ciudad de México. En solo un día, uno de estos bonos perdió el 37% de su valor, lo cual se traduce a pérdidas de los ahorros de los mexicanos.

“Es un tema de pegarle al ahorrador por voluntad política, no es un tema de falta de dinero”, asegura Gonzali, argumentando que el Gobierno tiene la capacidad de hacer cumplir sus obligaciones, lo cual hubiera evitado que los ahorradores fueran afectados. “Al final del día esto le afecta al ahorrador, esta minusvalía le va a pegar”, apunta.

De acuerdo con datos de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), unos 19.000 millones de pesos del sistema para de ahorro para el retiro están expuestos a emisiones de centros penitenciarios. En un documento interno, la Consar asegura que las Afores ya han sostenido conversaciones con las empresas emisoras de estos dos bonos sobre la parálisis en la que se encuentran con el Gobierno Federal. “La postura de las Afore y Consar es que sean los manejadores los que absorban la quita para no afectar los ahorros de los trabajadores”, apunta el documento.

Gonzali recuerda que antes de que López Obrador tomara el poder en diciembre de 2018 anunció la cancelación de la construcción del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, un proyecto público-privado que también estaba bursatilizado, es decir, que estaba respaldado por bonos de deuda que cotizaban en el mercado internacional. Esto le trajo mucha visibilidad a la negociación con los tenedores de los bonos a los cuales el Gobierno Federal tuvo que compensar para lograr que vendieran sus posiciones.

Además, la empresa productiva del Estado, Petróleos Mexicanos, registra deudas con sus contratistas que hoy alcanzan los millones de dólares, de acuerdo con un recuento de la agencia Bloomberg. Pemex se apoya en proveedores para financiarse, pero el impago a los centros penitenciarios es más grave, dice Gonzali. “Es un tema de austeridad”, agrega Gonzali, “también había habido rezagos antes, pero no a estos niveles”.

S&P Global estimó que hay un 50% de probabilidad de que recorten aún más las calificaciones de ambos bonos, lo cual significaría una segunda minusvalía para los ahorradores mexicanos, “debido a un potencial evento de incumplimiento de sus obligaciones financieras en los próximos seis meses si los pagos por disponibilidad no se regularizan y, en consecuencia, los flujos de efectivo dentro del Fideicomiso y las reservas de operación y mantenimiento se agotan en su totalidad, lo que afectaría la operatividad de los centros penitenciarios”.

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Sobre la firma

Isabella Cota

Es corresponsal económica para América Latina. Como periodista de investigación trabajó con Quinto Elemento Lab, NHK, BusinessWeek y OpenDemocracy, entre otros. También fue staff de Bloomberg News y Reuters en Centroamérica y Reino Unido. Es licenciada en Comunicación y Máster en Periodismo de Negocios y Finanzas por City University London.

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