La consulta popular para enjuiciar a expresidentes no alcanza el 8% de participación

En torno al 90% se mostró a favor de la iniciativa para juzgar crímenes del pasado, pero el resultado no será vinculante por falta de quórum. Se agudiza el enfrentamiento entre López Obrador y el INE

Un hombre vota en las casillas para la Consulta Popular en la Colonia Centro en Ciudad de México.
Un hombre vota en las casillas para la Consulta Popular en la Colonia Centro en Ciudad de México.Monica Gonzalez

La consulta popular promovida por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y que abría la puerta a juzgar a los exgobernantes celebrada este domingo ha concluido con varias lecturas: una insignificante participación —de menos 8%, según las estimaciones de la autoridad electoral—, una abrumadora victoria del “sí” —la opción elegida por en torno al 90% de los que votaron- y la consolidación del enfrentamiento entre el Gobierno y Morena, que alentó el plebiscito, y el Instituto Nacional Electoral, el organismo autónomo encargado de organizarlo.

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Desde primera hora de la mañana, los centros electorales vacíos por todo el país hacían presagiar una baja participación en la consulta popular por la que los mexicanos debían responder a una pregunta ambigua que abría la puerta a juzgar a los cinco gobernantes que precedieron a López Obrador por sus programas y decisiones. La consulta, que había recibido fuertes críticas de la oposición y de diversos sectores por las consecuencias inciertas, acabó incrementando la tensión entre el oficialismo y el INE, un organismo al que han acusado de boicotearla. Paradójicamente, pese a la bajísima participación, tanto Morena como el órgano electoral trataron de vender a lo largo de la jornada la votación como un éxito por el simple hecho de celebrarse. Por primera vez, los mexicanos tenían este domingo la oportunidad de opinar en un referendo oficial a escala federal.

Para que fuera vinculante, tenían que votar el 40% de los ciudadanos elegibles, unos 37,5 millones de votantes, una cifra que parecía poco probable ante el poco interés de los mexicanos hacia la consulta. Este domingo, mientras se instalaban 57.000 urnas en todo el país, en el Consejo General del INE se escenificaba la tensión entre los miembros de ese ente y el oficialismo. El representante de Morena ante el INE, Sergio Gutiérrez, acusó al presidente de la entidad, Lorenzo Córdova, y al consejero Ciro Murayama de sabotear la consulta popular y organizarla “de mala gana”, al instalar solo un tercio de las mesas de votación respecto a las elecciones legislativas y locales del 6 de junio, donde hubo 160.000 urnas.

“Me llama la atención que una y otra vez vemos mentiras y mentiras que buscan desinformar. Las mentiras a otro lado, no en un contexto democrático. Apostemos a que la jornada sea un éxito, no la dinamitemos”, declaró después Córdova, visiblemente molesto, tras votar en un centro electoral en Coyoacán, en el sur de la ciudad de México. Tanto él como los consejeros del INE han multiplicado sus declaraciones públicas este domingo para defender el rol de su organismo frente a las críticas del oficialismo.

La versión del organismo electoral es que han hecho lo que han podido con los recursos de los que disponían, después de que el Congreso les negara un presupuesto adicional para la consulta. “No pudimos poner más casillas, como queríamos, porque nos lo impidieron al no entregarnos más recursos”, ha dicho Córdova en una de sus declaraciones.

Entre quienes se han criticado la labor del INE y las trabas que, a su juicio, han puesto para que se alcanzara la participación necesaria, ha estado la primera dama, Beatriz Gutiérrez Müller, quien lamentó que no había podido votar en una casilla especial (las destinadas a las personas en tránsito). “Siempre he sido muy respetuoso de la señora Gutiérrez Müller, a lo mejor no está informada. Su domicilio y el del señor presidente se actualizó hace unos meses”, le ha respondido el presidente del INE al mediodía del domingo y le instó a participar en la consulta en la casilla que le correspondía por su residencia.

López Obrador, que en el pasado llegó a acusar al órgano electoral de “fraude”, ha dicho de sus responsables que están “en contra de la democracia”. Pero el propio mandatario no ha participado en la consulta que él mismo promovió. Tras varias idas y venidas sobre su participación —inicialmente se mostró reacio a hacerlo por su cargo y para que la oposición no le acusara de “vengativo” y luego dijo que, de hacerlo, votaría en contra—, el sábado confirmó que no podría hacerlo por estar de viaje en la sierra de Nayarit, donde no tenía acceso a casillas especiales.

En lo que siempre se ha mantenido firme el presidente es en promover la participación de los mexicanos porque consideraba que sería una gran victoria para la aplicación de justicia y el fortalecimiento de la democracia participativa. López Obrador ha propuesto también una reforma que abra la posibilidad de revocar el mandato de los presidentes y ha dicho que él mismo lo hará de manera voluntaria el próximo año, en lo que será un examen de su labor a dos años de las elecciones presidenciales.

Cuando el presidente promovió la consulta popular, en septiembre pasado, la pregunta proponía directamente enjuiciar a los expresidentes Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, a quienes López Obrador achaca los males de México. Sin embargo, tras una polémica discusión sobre su constitucionalidad, la Suprema Corte de Justicia modificó la pregunta para que no estuviera enfocada en personas particulares. Este domingo, los mexicanos tuvieron que responder a esta pregunta: “¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”.

Ante el ambiguo texto de la pregunta, el presidente del Supremo, Arturo Zaldívar, le dijo a EL PAÍS que el objetivo era abrir la puerta a la justicia transicional, a una especie de comisión de la verdad para “generar una salida a conflictos y a sucesos dolorosos para el país”. Sin embargo, la consulta ni ha sido tan popular como esperaban sus promotores ni parece que vaya a encaminar a ningún consenso. Por el contrario, ha agravado la polarización y el enfrentamiento entre López Obrador y el INE, un choque para el que no se vislumbra un final cercano.

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Sobre la firma

Lorena Arroyo

Editora multimedia de EL PAÍS América. Cubre la región con foco en Centroamérica, El Caribe e inmigración. Antes trabajó en Univision Noticias en Washington y Miami, en BBC Mundo y en la agencia EFE en Brasil, Bolivia y Madrid. Es licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense y Máster en Periodismo de Investigación, Datos y Visualización.

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