Mapa de la despenalización del aborto en México: en 28 de 32 Estados sigue siendo delito

Pese al dictamen histórico de la Suprema Corte que declara inconstitucional encarcelar a las mujeres por abortar, desterrar la criminalización de todo el país se asoma lejano

Una manifestante a favor del aborto en una protesta el pasado 8 de marzo, en la Ciudad de México.
Una manifestante a favor del aborto en una protesta el pasado 8 de marzo, en la Ciudad de México.Gladys Serrano (EL PAIS )

Entre avances y retrocesos, la despenalización del aborto camina en México. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha acelerado el paso al declarar inconstitucional encarcelar a las mujeres por abortar, al igual que legislar en torno a “la vida humana desde la concepción” al ir en contra de los derechos sexuales y reproductivos de las mexicanas. Las sentencias marcan un precedente histórico, pero aún queda un largo trecho por recorrer para que la interrupción voluntaria del embarazo deje de ser ilegal en 28 de los 32 estados del país.

Abortar en México es al mismo tiempo un derecho y un delito que se regula a nivel local. Dependiendo de la entidad, existen ciertas circunstancias, llamadas causales de no punibilidad, bajo las que cada Código Penal no lo castiga o considera delito. En casos de violación, interrumpir un embarazo está garantizado a través de la Norma Oficial Mexicana 046. Solo cuatro entidades autorizan el aborto voluntario hasta la semana 12 de gestación: Ciudad de México (desde 2007), Oaxaca (2019), Veracruz e Hidalgo (2021). Otras causales vigentes para interrumpir legalmente un embarazo son: violación (en todo el país), aborto imprudencial o culposo (en 29 estados), peligro de muerte para la madre (24), riesgos para su salud (16), alteraciones graves en el producto (16), inseminación artificial no consentida (15) y motivos económicos (2).

Pese a la sentencia de la Corte que invalida una porción del Código Penal de Coahuila por criminalizar a las mujeres por abortar, no existe una obligación inmediata de modificar las leyes en el resto de los Estados, señala Isabel Fulda, subdirectora de la organización pro aborto Gire. “Es muy poderoso el mensaje de los ministros, especialmente la decisión siendo unánime, pero todavía queda pendiente hacer los cambios legislativos en cada Congreso”, puntualiza. No obstante, los jueces que revisen casos de mujeres criminalizadas por abortar en todo el país tienen que atender estos criterios y por lo tanto no procesarlas penalmente, advierte.

Friné Salguero, directora del Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir en México, coincide en que la ruta para desterrar la criminalización del aborto se dibuja larga. “Esto es una ‘semi-despenalización’ porque el fallo de la Corte lo que dice es que la penalización del aborto es anticonstitucional, pero no sale el aborto de los Códigos Penales estatales”, señala. “Por lo tanto, sigue siendo un delito, y aunque todos los jueces tengan que acatar el fallo de la Corte, hace falta sensibilizarlos en el tema”, apunta.

En un periodo de nueve años, de 2007 a 2016, Gire documentó más de 4.000 denuncias por el delito de aborto en todo el país, lo que equivale a una diaria. Según el informe basado en solicitudes de información en todos los estados, 228 terminaron en sentencia y 136 en condena de prisión. “Los procesos penales funcionan como una especie de embudo, el número de denuncias es bastante considerable, pero luego es un número más reducido quienes terminan en prisión”, explica Fulda. En 29 Estados se contemplan penas de cárcel que van de 15 días a 6 años, incluyendo en Ciudad de México, donde se castiga con tres a seis meses la interrupción del embarazo después de la semana 12. Estas penas deberán ser eliminadas en cada uno de los Congresos locales, indica Fulda.

Isadora, una mujer de origen maya que fue denunciada en 2017 por el personal médico de un hospital en Yucatán y extorsionada por los policías que integraron su carpeta por el delito de aborto, sigue esperando el cierre de su caso, según ha documentado Gire. La mujer recibió el acompañamiento de la asociación, con el que logró ampararse y así evitar la cárcel. “No se dictó ningún tipo de medida de reclusión ni se continuó con la investigación”, detalla la vocera de la organización. Sin embargo, Isadora sigue vinculada a un proceso penal desde hace cuatro años cuando, sin saber que estaba embarazada, acudió a una clínica del IMSS para aliviar el dolor provocado por un repentino sangrado.

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Más allá de la amenaza de prisión, Sandra Cardona, de la red Necesito Abortar México, advierte de que eliminar el estigma, no solo en la sociedad sino también por parte de las autoridades, es urgente para proteger a las mujeres que requieran interrumpir su embarazo. Considera que uno de los mayores problemas para acceder al aborto es el número límite de semanas establecido en las leyes, que en casos de violación, también ha sido declarado inconstitucional por la Suprema Corte. “Como acompañantes vemos que a veces nos llegan adolescentes que fueron violadas, y no se dan cuenta hasta tiempo después el numero de semanas que tienen, y, pues, se tiene que abortar después de la semana 12″, sostiene.

El discurso que fomenta los prejuicios contra el aborto se ha instalado en las leyes locales mediante reformas que la Corte también ha declarado inconstitucionales al otorgar protección legal a “la vida humana desde la concepción”, con base en la Constitución de Sinaloa. Otras 19 entidades también han aprobado reformas similares, desde el 2008 hasta marzo de 2021. “Esperamos que no sea difícil que los Congresos puedan alinearse a este fallo de la Corte y que no haya resistencia, especialmente con los esfuerzos de los grupos en contra del aborto por frenar este derecho”, advierte Salguero.

Desde Culiacán, Korina Cervantes, del colectivo ILE Sinaloa, celebra la decisión de los ministros: “¡Desde las periferias seguimos resistiendo! Nos emocionamos muchísimo, esto es un llamado a los legisladores a que dejen de hacer leyes con la Biblia y rosarios en mano”, expresa. En el Estado de México, Yadira López, activista de la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas, sonríe al imaginar que las nuevas generaciones se sentirán más seguras al decidir sobre su maternidad. “Las mujeres no abortamos por gusto, son decisiones que nos impactan”, comenta. Cerca de la frontera con Estados Unidos, Crystal P. Lira, integrante de Bloodys, otra de las redes de mujeres que acompañan a otras a abortar sin estigma, sueña con el día en que las leyes de su Estado se acerquen a las de la otra California, su vecina del norte, donde el aborto está permitido hasta las 24 semanas. “No debemos perder de vista que despenalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación, así como también lo tiene Argentina, ya es noticia vieja”, plantea.

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