Acusada de homicidio: el aborto involuntario de Gabriela que no protege la Suprema Corte mexicana

Muchas mujeres son procesadas por el delito de homicidio culposo, por lo que no pueden ampararse en la resolución que declara inconstitucional penalizar por interrumpir el embarazo

Un grupo de mujeres frente a la policía en Ciudad de México durante una marcha en favor de la legalización del aborto en 2020.
Un grupo de mujeres frente a la policía en Ciudad de México durante una marcha en favor de la legalización del aborto en 2020.Nayeli Cruz

El día que Gabriela tuvo un aborto espontáneo tenía 17 años, no sabía que estaba embarazada y se asustó terriblemente. Se desmayó y con el golpe de la caída rompió la puerta del baño de su escuela preparatoria. Ahí tirada la encontraron unos compañeros. Lo siguiente fue una citación del Ministerio Público de Yucatán: Gabriela —nombre ficticio— se enfrenta al cargo de homicidio en grado de parentesco, la acusan de haber matado al bebé. El caso no es único, un gran número de mexicanas que abortaron en el último trimestre de gestación son juzgadas por este delito. En una resolución histórica, la Suprema Corte declaró en septiembre inconstitucional castigar a una mujer por interrumpir su embarazo. Sin embargo, sobre estas mujeres —que en muchos casos sufrieron abortos involuntarios o partos prematuros— pesa una imputación por homicidio que las deja desprotegidas. Ellas son el hueco, el punto ciego, de la despenalización del aborto en México.

Esa mañana, recuerda Gabriela, había llevado unas naranjas para poner en el altar de su escuela de Mérida, en el Estado de Yucatán, porque era 31 de octubre y se celebraba el Día de Muertos. Iba en el camino pensando que a ella le habían caído mal; el dolor en el vientre empeoraba a cada rato, era de verdad, dice, terrible. En ese baño de la preparatoria —pequeñísimo, en el que con trabajo entraba también su mochila escolar— empezó a sangrar entre las piernas, trató de secarse, el dolor lo ocupó todo. Arrojó el cuerpo sin vida de un neonato de 39 semanas y después colapsó.

La recogieron en una silla de ruedas y lo primero fue llevarla a la dirección de la escuela: ¿qué había tomado para provocarse el aborto?, le preguntaron. Fueron a revisar el baño en busca de pruebas. Gabriela, prácticamente inconsciente, esperó. Llegó la ambulancia y un paramédico convenció a los que ahí estaban, ahí la miraban y rodeaban, de que había que llevarla corriendo a un centro médico, estaba desgarrada, se desangraba, iba a entrar en choque. Estuvo 15 días ingresada en el hospital. Ahí acudieron los primeros agentes de policía.

El aborto es ilegal en México, excepto en cuatro Estados: Ciudad de México, Oaxaca, Veracruz e Hidalgo permiten la interrupción voluntaria del embarazado hasta la semana 12 de gestación. También está permitido en todo el país en caso de violación. Hay otras causas, peligro para la madre o malformaciones en el feto, que se contemplan en algunas entidades, no en todas y no siempre. Las penas por aborto van desde 15 días a seis años.

El 7 de septiembre, la Suprema Corte decidió por unanimidad despenalizar el aborto en el país: “A partir de ahora no se podrá procesar a mujer alguna que aborte en los supuestos considerados por este tribunal”, dijo el presidente del tribunal, Arturo Zaldívar. Se trata, añadió, de una “nueva ruta de libertad, claridad, dignidad y respeto y un gran paso en la lucha histórica por la igualdad”. Aunque ahora es trabajo de los Congresos estatales aprobar la legalización, esta resolución sienta un precedente para todo el país.

La decisión de la Suprema Corte destierra la posibilidad de que una mujer vaya a la cárcel por el delito de aborto, y las que están en prisión por ese cargo pueden pedir un amparo. Sin embargo, se abre un hoyo negro: ¿qué ocurre con aquellas que están privadas de la libertad tras un aborto pero que fueron acusadas de otro delito? “Los delitos por lo que están retenidas son diversos, en la mayoría de los casos es por homicidio culposo en grado de parentesco, pero hay otros. Habría que buscar carpeta por carpeta”, explica la abogada Mónica Mendoza, que trabaja en el Congreso de Veracruz, entidad que despenalizó este julio el aborto. El propio alto tribunal reconoció qué no conocen el número exacto de mujeres que hay en la cárcel por abortar por los múltiples cargos por los que están presas. El trabajo ahora, cree Mendoza, es para las Fiscalías estatales.

“La Fiscalía mantiene que lo ocultó y lo mató”

Dos años después, Gabriela recuerda ese día tranquila pero agotada, en una videollamada acompañada de su abogada Amelia Ojeda. Juntas, con otro compañero de despacho, afrontan un proceso penal que amenaza con llevar a la joven durante cinco años a una cárcel, en principio, de menores. Ojeda ha preparado la estrategia judicial que trata de desmontar la acusación de que ella mató al bebé.

El fiscal especializado en justicia de adolescentes, en el caso de Gabriela, incluyó en su escrito que ella ocultó el embarazo, lo que demuestra que con “premeditación y ventaja” cometió el homicidio, porque tenía la idea de deshacerse de él. “Tenemos elementos para demostrar que no fue un homicidio, fue un aborto fortuito o parto prematuro, sin posibilidad de que el producto fuera viable”, apunta la abogada, que apostilla que incluso así consta en el parte médico. Otra de las opciones que mantiene la defensa en este tipo de casos es tratar de reclasificar el delito, de homicidio a aborto, porque este ya no puede ser condenado.

En todo este tiempo, la Fiscalía ha llamado a declarar a toda la familia de Gabriela: desde su abuela hasta su hermano de 14 años; buscaban que alguno hablara, reconociera, que ella escondió el embarazo y decidió interrumpirlo en la semana 39 de gestación. “Yo no sabía nada, mi vida la hacía normal, cargaba incluso cosas pesadas, tuve mi período y pensé que todo estaba bien”, cuenta a EL PAÍS. Los agentes ofrecieron al padre de Gabriela declarar en su contra, le obligaron a “poner un nombre a su nieto” para el acta de defunción.

A pesar de todo, Gabriela es afortunada: cuenta con el apoyo de su familia y de sus amigos, con una representación legal apropiada. Ojeda, su abogada, recuerda otro caso al que no llegaron a tiempo también en Yucatán: una joven indígena perdió a su bebé en un aborto involuntario en los baños públicos del servicio médico, venía de una familia sin recursos, de una pequeña comunidad maya. Estuvo 30 días en una cárcel de menores, le ofrecieron un juicio abreviado en el que aceptaba su culpabilidad en el delito de homicidio a cambio de no volver a prisión. Lo hizo sin dudar. “Es el mismo patrón: no lo sabía, se sentía mal, va al baño, lo expulsa y le dicen que ella lo ocultó y lo mató”.

El proceso para Gabriela ha sido duro, pero ella, que tiene 19 años, trata de seguir construyendo su vida. Está a mitad de camino de convertirse en maestra: “No me voy a estancar, no me quiero quedar encerrada en ese capítulo de mi vida”.

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Beatriz Guillén

Redactora de EL PAÍS en México. Trabaja en la mesa digital y suele cubrir temas sociales. Antes estaba en la sección de Materia, especializada en temas de Tecnología. Es graduada en Periodismo por la Universidad de Valencia y Máster de Periodismo en EL PAÍS. Vive en Ciudad de México.

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