Grupos de autodefensa: la delgada línea entre defenderse del narco o convertirse en él

La espiral de violencia en Chiapas pone de manifiesto un viejo problema en México: la presencia de comandos armados sin controles estatales de ningún tipo

El grupo de Autodefensas "Los Machetes" durante su presentación ante 86 comunidades en el municipio de Pantelho, en julio de 2021.
El grupo de Autodefensas "Los Machetes" durante su presentación ante 86 comunidades en el municipio de Pantelho, en julio de 2021.Carlos López (EFE)

Una docena de hombres armados con fusiles, caras cubiertas con un pañuelo, gorras y ropa oscura posa mientras mira a cámara. En el medio, el que aparenta ser el líder, con un jersey verde, lee un comunicado con siete reivindicaciones: “Respeto a nuestras demandas indígenas, no más desvíos de recursos del pueblo, ni sicarios ni narcotraficantes armados, cero tolerancia a la venta de drogas en lugares clandestinos, no más muertes, atención médica digna, que la seguridad pública sea para el pueblo y no para los delincuentes”. Detrás de él, una lona roja. A mano, escrito en letras negras: Fuerza Armada de Simojovel (FAS). Este grupo, nacido a principios de octubre en el Estado de Chiapas, no es un fenómeno nuevo, sino que simboliza el último escalafón de una realidad que existe en México desde la década de los noventa, pero que en los últimos años ha cobrado cada vez más y más fuerza: los grupos de autodefensa y la policía comunitaria.

Aunque en un principio, —y en teoría—, son experiencias que brotan, como plantean las reivindicaciones de FAS, para hacer respetar los derechos de los pueblos, muchas veces la realidad acaba siendo otra. José Miguel Vivanco, director de la división para América de Human Rights Watch, es categórico al respecto: “La gran mayoría de estos grupos están vinculados al crimen organizado. Incluso aquellos que se generan como asociaciones voluntarias de vecinos que se ven forzados a tomar las armas, después de muy poco tiempo terminan corrompiéndose”. Para él, hay dos razones principales que explican esta conversión. Por un lado necesitan fondos que el Gobierno no va a proporcionar, lo que les lleva a asociarse con los carteles. Por el otro, son organizaciones al margen de la ley que carecen de ningún tipo de control. “El fenómeno de autodefensas es una manifestación patente, explícita, del fracaso del Estado en garantizar la seguridad de las distintas comunidades de la nación”, sentencia.

Su huella se puede ver, sin ir más lejos, en la escalada de violencia que ha sufrido en los últimos meses Chiapas, una coctelera donde se mezclan el crimen organizado, fuerzas de seguridad y grupos de autodefensa, en una espiral cada vez más cruenta. Además del FAS, recientemente se han creado agrupaciones similares en Altamirano y Pantelhó, que, pese a que aseguran defender los intereses de sus pueblos, pueden empeorar la situación por el mero hecho de estar armados. “La presencia de armas alimenta la violencia, y por eso se entiende también que la población no anda armada, puesto que tiene a sus instituciones que la defiendan, pero parece que aquí se regresa a un círculo vicioso”, explica Carla Monroy Ojeda, investigadora sobre política criminal en la Universidad Autónoma de Nuevo León.

Fotógrafo Especial (Cuartoscuro)

Vivanco lo tiene claro: “Las autodefensas nunca pueden ser una opción, cualquier alternativa es mejor. Los líderes de esa comunidad van a acabar involucrados en actividades criminales, masacres, homicidios y torturas. Deberían organizarse, denunciar a estas mafias y exigir por parte del Estado la protección a la que tienen derecho. Sé que no es fácil y sé que conlleva riesgos, pero son riesgos más manejables que lo que pueda representar organizarse en una especie de mini cartel. Mi posición es absolutamente pragmática, realista, no tiene nada de naif. Lo ingenuo es creer que por esas vías se puede resolver el problema”.

Para Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, la policía comunitaria “fue un nuevo sendero que le dio a los pueblos indígenas mayor presencia”. “El punto de referencia eran las asambleas comunitarias, pero ese sistema se ha resquebrajado. Ahora los comandantes son los hombres fuertes, y ya no tienen controles internos. Algunos de estos grupos utilizan la fuerza para imponer sus intereses. La periferia de Acapulco es un ejemplo, está tomada por la UPOEG, los mismos grupos están vinculados con negocios de drogas, extorsiones, cuotas...”. La UPOEG (Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero) ha sido acusada recientemente de haber desaparecido al activista medioambiental Vicente Suástegui. Tlachinollan y los familiares de Suástegui han denunciado también en numerosas ocasiones que esta organización imposibilita la búsqueda del militante.

¿Por qué surgen?

Surgidos en su mayoría en zonas rurales donde la presencia del Estado es escasa e incluso nula, estos comandos representan una reacción al contexto de inseguridad, al abandono en el que se sienten sumidas las comunidades, o bien nacen para aprovecharse de ese vacío e imponer su propia ley. No son agrupaciones homogéneas, y varían tanto en su formación como en sus objetivos y formas de actuar. “Los grupos de autodefensa son ciudadanos que se armaron y se organizaron en contra de la criminalidad existente. Los policías comunitarios responden a un proceso con un bagaje cultural y social mucho más profundo, ya que se basa en usos y costumbres, que además tienen un respaldo por la asamblea de cada pueblo indígena. Nacen para la defensa de su territorio, no solo como reacción ante los grupos criminales”, amplía Monroy Ojeda.

Los policías comunitarios tienen un reconocimiento estatal, y constituyen estructuras legítimas para la organización comunitaria, amparadas por el artículo 2º de la Constitución mexicana. Cobran fuerza en los noventa, siguiendo la estela del movimiento zapatista, y “pueden querer legalizarse o no, identificarse como pueblo indígena o no”, resume el experto en violencia colectiva Antonio Fuentes, Doctor en Sociología en la Universidad Autónoma de Puebla. Los grupos de autodefensa, sin embargo, se mueven en la ilegalidad o alegalidad, en una zona gris a veces regulada por el Estado y a veces no.

Hasta los ochenta, existía un equilibrio entre los carteles locales, el Estado y las comunidades, continúa Fuentes. Pero a finales de la década, se rompe. La economía se transforma en todo el mundo, y México no es una excepción. “Con el giro hacia el neoliberalismo, hay un nuevo diseño institucional y una prioridad social distinta. Una hipótesis es que este nuevo modelo de desarrollo favorece el incremento de la actividad violenta, a partir de que se ausenta el Estado como regulador social”, añade Fuentes. En ese momento, en las comunidades rurales se crean este tipo de grupos, para defender su territorio, llamando especialmente la atención el fenómeno en Guerrero. “A partir de 1994 hay una crisis de delincuencia común, se generan los primeros grupos de defensa”. En 2006, con la conocida como guerra contra el narco del expresidente Felipe Calderón (2006-2012) la situación de violencia se recrudeció.

El caso de Michoacán

El de Michoacán constituye un caso paradigmático, opina Romain Le Cour, coordinador del programa de seguridad de México Evalúa y doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de la Sorbona. En este Estado, en el 2013 se crearon varios grupos de autodefensa —que, según el investigador, llegaron a sumar entre 15.000 y 25.000 miembros que controlaban más de la mitad del territorio— para luchar contra los Caballeros Templarios, un cartel que dominaba la zona. Durante la legislatura de Enrique Peña Nieto (2012-2018), se llevó a cabo un proceso de institucionalización, inédito hasta el momento, que integró a los comandos en las estructuras gubernamentales.

“A partir del caso Michoacán, las autodefensas se vuelven una marca. El Gobierno mostró que está dispuesto a dialogar con ellos, lo que convierte a los grupos armados en un aliado de las autoridades públicas. Lo que se aprende es que si tienes un grupo armado y le pones la etiqueta de autodefensa, significa que puede ser legitimado por el Estado. La terminología les sirve para sumarse a un área gris del derecho”, expone Le Cour, que realizó su tesis sobre este proceso. “Eso, a los grupos de indígenas movilizados, amparados por la Constitución y apoyados en la comunidad, les resulta completamente contraproducente, porque la gente les confunde con los grupos de autodefensa”.

Carretera a la zona de Aguililla en Michoacán. Una zona tomada por diferentes grupos de autodefensas.
Carretera a la zona de Aguililla en Michoacán. Una zona tomada por diferentes grupos de autodefensas. Monica Gonzalez (El País)

De ese fenómeno, el investigador extrae una tesis distinta a la visión hegemónica que existe sobre estas organizaciones. Para él, los grupos de autodefensa no son una reacción al Estado, sino que pretenden convertirse en interlocutores de las autoridades, llamar su atención mediante las armas para conseguir una posición ventajosa. “En México, el Estado siempre está presente, por lo menos a través de las fuerzas armadas. Pero se manifiesta a través de modalidades que no necesariamente son las categorías que tenemos en mente de lo que debería ser el Estado de Derecho”.

“Hay lugares en los que la autodefensa ha funcionado. Hay otros en los que se convirtió en predatoria de su propia comunidad. En el medio hay todo un abanico de colores. En un contexto ideal, el Estado no debería estar delegando sus tareas de seguridad a grupos privados (dejando de lado a la comunidad indígena, que se trata de un contexto diferente)”, sintetiza Le Cour. Antonio Fuentes añade que se trata de un problema estructural, “que tiene que atenderse desde diferentes ejes: empleo, políticas sanitarias, de inclusión social, educativas. Tiene más dimensión de lo que parece. Si no se baja el nivel predatorio van a seguir surgiendo grupos de autodefensa cada vez más violentos, como está pasando en Chiapas”.

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Alejandro Santos Cid

Reportero en El País México desde 2021. Es licenciado en Antropología Social y Cultural por la Universidad Autónoma de Madrid y máster por la Escuela de Periodismo UAM-EL PAÍS. Cubre la actualidad mexicana con especial interés por temas migratorios, derechos humanos, violencia política y cultura.

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