Un tribunal ordena la revisión de la prisión preventiva dictada a Emilio Lozoya por el ‘caso Odebrecht’

El exdirector de Pemex gana una apelación en contra de la medida cautelar. La audiencia que resolverá si sale de la cárcel se celebrará este miércoles

El exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, en enero de 2015.
El exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, en enero de 2015.Simon Dawson (Bloomberg)

Tras casi tres meses en la cárcel, el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, está a un paso de recuperar la libertad. Este martes, un juez de un Tribunal federal ha considerado que la decisión de encarcelarlo en el Reclusorio Norte no estuvo bien fundamentada por parte del magistrado Artemio Zúñiga, por lo que ordenó una nueva audiencia para revisar la medida cautelar, misma que se realizará este miércoles a las 13.30 horas. El magistrado ha ordenado celebrar esta nueva audiencia sin que haya debate entre las partes, es decir la defensa y la Fiscalía no podrán intervenir. En caso de que en la próxima diligencia el juez decida no dictar la prisión preventiva en su contra, Lozoya saldría de prisión, debido a que también fue anulada la prisión preventiva por el caso Agronitrogenados.

La semana pasada Lozoya obtuvo su primera victoria jurídica. La magistrada Gabriela Guadalupe Rodríguez Escobar, titular del Primer Tribunal Unitario Penal en la Ciudad de México, dejó sin efecto la prisión preventiva que el pasado 10 de noviembre le impuso el juez Artemio Zúñiga Mendoza al exfuncionario. Tras conocer esta decisión, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ya informó que presentó una demanda de amparo contra el fallo, que en ese entonces no pudo ser ejecutado debido a la medida cautelar aún vigente por el caso Odebrecht.

Con independencia de la decisión que se determine respecto a la medida cautelar, los procesos penales en su contra por los sobornos millonarios que supuestamente recibió de la constructora brasileña Odebrecht y la compra a sobreprecio de una planta de fertilizantes Agronitrogenados seguirán en curso. En el primer caso, la Fiscalía ya solicitó al juez que sea llevado a juicio, se le declare culpable y se le imponga una pena de hasta 39 años de prisión. Por el asunto de la factoría en Veracruz, comprada supuestamente a un sobreprecio a la acerera Altos Hornos de México (AHMSA), el Ministerio Público ha pedido una condena de 15 año de cárcel para quien fuese uno de los hombres de mayor confianza del entonces presidente, Enrique Peña Nieto.

Desde noviembre pasado Lozoya permanece en una prisión mexicana. En ese entonces, un juez federal dictó prisión preventiva justificada contra el exfuncionario de la petrolera estatal a petición de la Fiscalía. La dependencia afirmó que Lozoya utilizó la figura de testigo colaborador, bajo la cual había librado la cárcel, para “dilatar y obstaculizar el proceso en su contra”. Tanto la Unidad de Inteligencia Financiera como el abogado de Pemex respaldaron en ese entonces la petición de prisión preventiva asegurando que el implicado contaba con los recursos suficientes para darse a la fuga.

La próxima salida de la cárcel de Lozoya significaría un revés para la Fiscalía, sin embargo, la dependencia ha sostenido que cuenta con pruebas suficientes para demostrar que el exdirector recibió más de nueve millones de dólares en sobornos de parte de la constructora brasileña. Un dinero que ocultó gracias a una red empresas y propiedades en colaboración con sus familiares. Para su madre, Gilda Margarita Austin de Solís, procesada también por asociación delictuosas y cohecho, la Fiscalía pide 25 años de prisión.

Desde el comienzo del caso, en agosto de 2021, tras su detención en España, Lozoya lanzó una tormenta de acusaciones, que incluyen a tres expresidentes, dos candidatos presidenciales y 11 legisladores. Las más detalladas se concretaron en el expresidente Enrique Peña Nieto y su mano derecha, el exsecretario de Relaciones Exteriores y de Hacienda Luis Videgaray, acusados de orquestar y planificar una red de sobornos de al menos 10 millones de dólares repartidos entre la campaña electoral del PRI en 2012 y los pagos a legisladores de la oposición para aprobar la reforma energética del año siguiente.

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Sobre la firma

Karina Suárez

Es corresponsal de EL PAÍS en América, principalmente en temas de economía y sociedad. Antes trabajó en Grupo Reforma. Es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y Máster de periodismo de EL PAÍS.

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