caso odebrecht

El exdirector de Pemex Emilio Lozoya seguirá en la cárcel por el ‘caso Odebrecht’

El juez Artemio Zúñiga ratifica la prisión preventiva contra el exfuncionario al considerar que las condiciones para fijar la medida cautelar no han variado

El entonces director de Pemex, Emilio Lozoya,  durante la conferencia del Banco Mundial en la Ciudad de México, en junio de 2015.
El entonces director de Pemex, Emilio Lozoya, durante la conferencia del Banco Mundial en la Ciudad de México, en junio de 2015.Susana González (Bloomberg)

El exdirector de Pemex Emilio Lozoya seguirá en prisión preventiva por el caso Odebrecht. En la audiencia de revisión de la medida cautelar llevada a cabo la tarde de miércoles en el Reclusorio Norte, el magistrado Artemio Zúñiga ha resuelto que “al no haber variado las condiciones que sirvieron de base para fijar las medidas cautelares anteriormente impuestas, continúa en prisión preventiva justificada”. Esta diligencia suponía el último obstáculo entre el exfuncionario y la posibilidad de continuar los procesos penales en su contra en libertad, bajo la figura del arresto domiciliario. Al final, Lozoya ha perdido esta batalla.

La audiencia de revisión sobre la medida cautelar comenzó a las 14.27 horas de este miércoles, ante la expectación de la defensa, de las autoridades y decenas de medios de comunicación. La diligencia se llevó a cabo mediante videoconferencia debido a la pandemia. El juez, la Fiscalía, los representantes de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y de Pemex se enlazaron vía remota, mientras que Lozoya se presentó a la sala de audiencias junto a uno de sus abogados.

El camino rumbo a la libertad del exfuncionario parecía haberse allanado luego de que horas antes un tribunal desechara el juicio de amparo que presentó la UIF contra el fallo que eliminaba la prisión preventiva del imputado por el caso Agronitrogenados. La semana pasada una juez retiró esta medida cautelar contra el exdirector petrolera y lo colocaba a un paso de su libertad.

Tras la ratificación del magistrado Zúñiga, quien en noviembre pasado ya le había dictado prisión preventiva, Lozoya seguirá en reclusión mientras se definen los procesos penales en su contra por los sobornos millonarios que supuestamente recibió de la constructora brasileña Odebrecht y la compra a sobreprecio de una planta de fertilizantes Agronitrogenados seguirán en curso. En el primer caso, la Fiscalía ya solicitó al juez que sea llevado a juicio, se le declare culpable y se le imponga una pena de hasta 39 años de prisión. Por el asunto de la factoría en Veracruz, comprada supuestamente a un sobreprecio a la acerera Altos Hornos de México (AHMSA), el Ministerio Público ha pedido una condena de 15 año de cárcel para quien fuese uno de los hombres de mayor confianza del entonces presidente, Enrique Peña Nieto.

El escándalo de corrupción de Odebrecht estalló en México en diciembre de 2016 cuando representantes de la constructora confesaron haber pagado 10,5 millones de dólares en sobornos a altos funcionarios de una empresa controlada por el Estado mexicano. Tras el cambio de Gobierno y el arribo de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia, la Fiscalía General de la República (FGR) se comprometió a llevar el caso Odebrecht a los tribunales.

La confirmación de la prisión preventiva supone un revés para el exfuncionario priista y una victoria para la Fiscalía, quien desde el inicio de las acusaciones ha sostenido que cuentan con pruebas suficientes para demostrar que el exdirector recibió más de nueve millones de dólares en sobornos de parte de la constructora brasileña. Un dinero que ocultó gracias a una red empresas y propiedades en colaboración con sus familiares.

La reciente resolución del juez federal abre un capítulo más en el periplo legal que persigue a Lozoya desde febrero de 2020, cuando el exdirectivo de la petrolera fue detenido en España y posteriormente extraditado a México. En ese entonces, el exfuncionario se acogió a una figura legal conocida como criterio de oportunidad que le permitió convertirse en una especie de testigo protegido y con ello contar con ciertos beneficios, por ejemplo, llevar su proceso en su domicilio. Una polémica foto suya en un exclusivo restaurante de la Ciudad de México precipitó la caída del exfuncionario en prisión el pasado noviembre, una reclusión en la que continuará por los próximos meses.

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Sobre la firma

Karina Suárez

Es corresponsal de EL PAÍS en América, principalmente en temas de economía y sociedad. Antes trabajó en Grupo Reforma. Es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y Máster de periodismo de EL PAÍS.

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