México se ve las caras por primera vez con la industria armamentista de EE UU

Los litigantes mexicanos, que exigen una indemnización de 10.000 millones de dólares, enfrentan un día crucial en una corte de Massachusetts para convencer al juez de que su demanda se admita a juicio

Pistolas son puestas a la venta en una convención de armas en Las Vegas, Estados Unidos, en agosto pasado.
Pistolas son puestas a la venta en una convención de armas en Las Vegas, Estados Unidos, en agosto pasado.John Locher (AP)

México y los fabricantes de armas de Estados Unidos se han enfrentado cara a cara por primera vez en una corte de Massachusetts. Los litigantes de ambas partes han presentado sus alegatos orales para que el juez decida si la demanda que interpuso el Gobierno mexicano el año pasado será admitida a juicio o no. Ha sido un día clave. A partir de lo que se dijo en la audiencia de este martes y de los argumentos dados por escrito en los últimos diez meses se definirá el curso de la batalla legal y si las empresas armamentistas se sentarán en el banquillo de los acusados o no. Está previsto, sin embargo, que esa decisión se dé a conocer en las próximas semanas.

México reclama que medio millón de armas cruzan la frontera ilegalmente cada año y cifra el daño de la violencia en dos puntos porcentuales del PIB. La indemnización que exigen los litigantes mexicanos está en el orden de los 10.000 millones de dólares bajo el argumento de que las armerías no solo son conscientes del tráfico hacia el país, sino que lo alientan de forma negligente con campañas publicitarias y productos especialmente diseñados para atraer a los grupos criminales. Entre las ocho compañías demandadas están algunos de los líderes del mercado de las llamadas armas ligeras como Beretta, Smith & Wesson, Colt y Glock. Prácticamente siete de cada diez armas ilegales en el país latinoamericano son producidas por estas compañías.

Los fabricantes responden que no hay evidencia suficiente para responsabilizarles del uso inadecuado de sus armas, que el caso no cae en la jurisdicción de Massachusetts ―uno de los Estados que no está alineado al cinturón proarmas de EE UU y donde muchos tienen su sede― y que están blindados ante cualquier demanda por la Ley de Protección al Comercio Legal de Armas (PLCAA), un estatuto que les da inmunidad legal en territorio estadounidense impulsado por la Administración de George W. Bush. El mismo día que el caso llega a una cita definitoria se ha producido un tiroteo en Brooklyn que ha dejado 16 heridos.

La corte tiene que decidir precisamente eso, si un país extranjero puede demandar a los productores de armas en Estados Unidos por daños perpetrados en el extranjero, en este caso México. Las preguntas del juez Dennis Saylor han ido en ese sentido, si es correcto que Italia demande en Estados Unidos a las armerías por los crímenes de la mafia en Sicilia o si la decisión de admitir esta demanda se traducirá en que otros países busquen juicios similares en los tribunales estadounidenses. Además de la metáfora de la mafia italiana, el juez hizo referencia a otros ejemplos hipotéticos como Israel y las milicias palestinas o, incluso, Rusia y las tropas de resistencia en Ucrania. “¿Si los ucranios están usando armas militares fabricadas en Estados Unidos o un revólver de Smith & Wesson para defenderse, entonces el Gobierno ruso puede venir y argumentar que se les causó un daño?”, ha cuestionado Saylor por videoconferencia.

El equipo legal que representa a México han contestado que no se trata de casos hipotéticos y que el tráfico ilegal y las prácticas comerciales que lo sostienen son reales. “Ellos saben que los criminales están comprando sus armas”, ha asegurado Jonathan Lowy, uno de los abogados, durante una sesión que se extendió durante una hora y media. “Ellos podrían detener [este tráfico] y deciden por voluntad propia ser ciegos ante estos hechos”, ha agregado Lowy. “Las circunstancias de este litigio son propias y particulares de México”, ha dicho Alejandro Celorio, el consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Un argumento clave de la parte mexicana es que la inmunidad de la que goza la industria armamentista, una de las más poderosas de Estados Unidos, no aplica porque los daños se cometieron fuera de territorio estadounidense y porque el estatuto PLCAA no dice explícitamente en su texto que el blindaje de las armerías frente a cualquier demanda aplica en el extranjero también. Para Andrew Lelling, el representante de Smith & Wesson, el argumento es “absurdo” y ha defendido que las armas fueron vendidas legalmente en Estados Unidos.

La estrategia de las compañías demandadas ha ido en varios frentes. Cada compañía ha presentado respuestas por separado para fragmentar al equipo legal de México y obligarlo a responder uno a uno los argumentos de cada armería. Fueron ocho mociones individuales para desechar el caso y una en conjunto. También han argumentado que no se les puede culpar por la “incompetencia” del Gobierno mexicano en hacer frente a la crisis de violencia que azota al país. Tan solo en enero y febrero de este año se han iniciado más de 2.800 investigaciones en México por homicidio con armas de fuego, a pesar de que en el país solo hay una tienda para la compra de armas legales, a cargo del Ejército. No es solo violencia homicida: más de 1.300 personas han denunciado lesiones con balas en los dos primeros meses del año, según cifras oficiales.

El Gobierno mexicano ha buscado aliados en Estados Unidos para contrarrestar el peso político de la industria armamentista. Una veintena de Estados, entre ellos los demócratas California y Nueva York, han respaldado la demanda, así como 25 fiscales estadounidenses de distrito. También ha llevado su cruzada contra la violencia armada a la ONU y ha trabajo en conjunto con think tanks y organizaciones de la sociedad civil en ambos lados de la frontera. Ante la exigencia permamente de la Casa Blanca de frenar el tráfico de drogas, es la primera vez que las autoridades mexicanas llevan el reclamo de las armas a la mesa bilateral de negociaciones.

Las fabricantes han dicho que el litigio es una forma de darle la vuelta a los canales diplomáticos y políticos donde, en su opinión, debería desahogarse. Pero México sostiene que debe recibir el mismo trato igualitario que cualquier demandante tiene ante la ley. Fuentes de la Cancillería mexicana han dicho que tenían presupuestado que el juez fuera duro al exigir que se justificara el litigio, incluso más que con las partes demandadas, pero se muestran confiados y se dicen listos para apelar en caso de que el fallo no sea favorable.

En el escenario de que se estanque el proceso en Massachusetts, dicen, no significa que sea el final de la causa legal. “La violencia no se puede resolver con más violencia”, ha afirmado Celorio, al hablar sobre la trascendencia del litigio. “Nunca se había cuestionado la responsabilidad de las empresas”, ha agregado. En cuestión de semanas, aunque sin un plazo definido, se sabrá si los litigantes mexicanos podrán tener “su día en la corte” en Estados Unidos.

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Sobre la firma

Elías Camhaji

Es reportero en México de EL PAÍS. Se especializa en reportajes en profundidad sobre temas sociales, política internacional y periodismo de investigación. Es licenciado en Ciencia Política y Relaciones Internacionales por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y es máster por la Escuela de Periodismo UAM-EL PAÍS.

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