Otorgamiento de créditos a personas fallecidas, sobrecostos y equipos sin instalar: la Auditoría detecta anomalías por 1.038 millones de pesos

En su primer informe sobre el gasto público de 2021, el órgano auditor encuentra irregularidades relevantes en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Comisión Nacional del Agua, entre otras dependencias

David Colmenares Páramo, titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
David Colmenares Páramo, titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).Moisés Pablo (Cuartoscuro)

En el primer informe sobre el gasto público del Gobierno mexicano y los órganos autónomos en 2021, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó irregularidades en el desembolso de 1.038 millones de pesos, unos 51 millones de dólares. La ASF remitió este jueves a la Cámara de Diputados el resultado de 207 auditorías que conforman la primera entrega de la Fiscalización de la Cuenta Pública del año pasado, que supone el 10% de las 2.034 auditorías programadas. El gasto federalizado de Estados y municipios es el área donde se encuentran la mayor cantidad de anomalías con 447 millones de pesos, principalmente, en seguridad con 252 millones y educación con 385 millones de pesos.

Entre los entes fiscalizados con mayores señalamientos de presuntas irregularidades se encuentran la Comisión Nacional del Agua (Conagua), con 120 millones de pesos y la Secretaría de Comunicaciones, Transportes (SCT) con 115 millones de pesos. También figuran la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con 92,4 millones y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) con 36 millones de pesos pendientes de aclarar.

Esta primera entrega es el resultado del análisis de decenas de contratos de obra pública, convenios y esquemas de apoyo directo del Ejecutivo y de entes federales independientes. El trabajo de la ASF refiere problemas de vigilancia en el programa de Créditos a la Palabra —dirigido a microempresarios afectados por la pandemia— al constatar al menos que en al menos en 15 casos se habían otorgado recursos a personas ya fallecidas. “Se presume un probable daño o perjuicio a la Hacienda Pública por un monto de 375.000 pesos por recursos de apoyo del Programa de Apoyo Financiero a Microempresas Familiares otorgados por la Secretaría de Economía a 15 personas físicas, cuyas Claves Únicas de Registro Poblacional se identificaron con el estatus de baja por defunción, refiere el documento.

En 2021, esta iniciativa estrella del Gobierno de López Obrador distribuyó más de 1.500 millones de pesos a casi 62.000 beneficiarios. En la muestra revisada de unos 593 casos, la ASF encontró que casi un tercio de los expedientes estaban incompletos o se habían entregado recursos duplicados a los mismos beneficiarios.

Durante el tercer año del Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, la ASF detectó anomalías por 120,7 millones de pesos en la construcción del Túnel Emisor Oriente y en La construcción del Tren Suburbano que conectará con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA). En este último, los auditores reportaron el pago de casi 65 millones de pesos por materiales de construcción que no se constataron físicamente en la obra. “Se autorizaron pagos en exceso por 64,8 millones de pesos en los conceptos de suministro de durmientes y de materiales de vía, debido a que estos no fueron localizados en el sitio de los trabajos, aun cuando en las especificaciones particulares y los alcances de sus precios unitarios contemplan el suministro, el transporte, la descarga y su puesta en obra”, describe la ASF en su dictamen final del 14 de junio.

En las obras de la sustitución de la subestación eléctrica en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, los auditores federales señalaron que se desembolsaron 9,8 millones de pesos en equipos no instalados y pagos improcedentes. “Se comprobó que el AICM realizó pagos improcedentes por un monto de 8,6 millones de pesos de 14 equipos (tableros y gabinetes) que no fueron localizados en la obra”, refiere el documento.

De las auditorías entregadas para su análisis y discusión a la Cámara de Diputados, 127 de ellas son de cumplimiento, 55 combinadas, 14 de inversiones físicas, 7 de desempeño y 4 de cumplimiento en materia de tecnologías de la información. Los siguientes informes de la ASF están programados para octubre próximo y febrero de 2022.

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Karina Suárez

Es corresponsal de EL PAÍS en América, principalmente en temas de economía y sociedad. Antes trabajó en Grupo Reforma. Es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y Máster de periodismo de EL PAÍS.

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