tribuna
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La militarización de los necios

Construir la paz requiere entender que la presencia de los militares en las calles no ha resuelto ni resolverá la situación de fondo

Agentes de la Guardia Nacional cerca de Tulum, Estado de Quintana Roo (México).
Agentes de la Guardia Nacional cerca de Tulum, Estado de Quintana Roo (México).Artur Widak (NurPhoto via Getty Images)

El pretexto de la situación de inseguridad y el hecho de que gobernadores y alcaldes soliciten la presencia de la Guardia Nacional no es razón suficiente para defender el paso de dicha corporación a la SEDENA o justificar la ampliación del período de participación del Ejército en la seguridad pública hasta 2029. Sobre todo, sin ningún plan de salida y una estrategia integral que indique que tras dicho plazo el panorama será diferente.

Hacer lo mismo una y otra vez esperando obtener un resultado diferente es un evidente signo de insensatez. El uso de los militares en tareas de seguridad pública no es algo nuevo, ha sido la estrategia seguida durante los últimos tres sexenios, teniendo siempre resultados fallidos. Ha sido presentado, además, como una solución transitoria para suplir la incapacidad de las policías civiles, mientras se fortalecen estas instituciones. Sin embargo, esto sigue sin suceder y la excepción ha terminado por convertirse en la regla.

A pesar de que la SEDENA es una institución que ofrece un sentido de pertenencia, doctrina y disciplina, además de permitir a sus miembros la posibilidad de desarrollar una carrera, la naturaleza de las funciones para las que han sido entrenadas está encaminada a la seguridad nacional y no a la seguridad pública. La defensa de la soberanía, vigilancia de instalaciones estratégicas y el cuidado de las fronteras y puertos marítimos son algunos de los deberes a los que se deben los militares y para los cuales su preparación es indispensable. Sin embargo, su participación en tareas normalmente reservadas para corporaciones civiles resulta contraproducente, pues carecen de las habilidades necesarias para realizar tareas de proximidad, prevención social del delito, perspectiva de género y experiencia como primer respondiente con perspectiva de derechos humanos, lo que resulta, además, contrario a las recomendaciones internacionales.

Considerando que el 95% de los delitos son del fuero común, parecería evidente que cualquier estrategia que busque ser efectiva en materia de seguridad, debería priorizar el desarrollo y fortalecimiento de las capacidades policiales a nivel local. Sin embargo, no lo ha sido para nuestros legisladores y funcionarios.

Al inicio de la actual administración se propuso, desde el Consejo Nacional de Seguridad Pública, el Nuevo Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica, con el objetivo de fortalecer a las policías municipales y estatales. Dicho modelo buscaba estandarizar rubros de formación, profesionalización, certificación, dignificación y equipamiento de las corporaciones policiacas, además de consolidar la perspectiva de género y la proximidad. Se hablaba, incluso, de enfoques como el de policía proactiva, orientada a la solución de problemas y se priorizaba la justicia cívica, esencial en la resolución de conflictos comunitarios y faltas administrativas en sus etapas más tempranas. Sin embargo, el recurso más importante para su puesta en marcha, el FORTASEG, desapareció del presupuesto desde 2021. Se trata de 4 mil millones de pesos, que equivalían al 0.065% del Presupuesto de Egresos de la Federación, pero que beneficiaban a 286 municipios que concentran el 60% de la población y el 90% de la incidencia delictiva a nivel nacional. Sin un presupuesto claro, no se entiende cómo se van a fortalecer las policías para que en 2029 estén listas para atender su responsabilidad.

Otro de los argumentos utilizados para justificar la militarización de la seguridad, es que las fuerzas armadas son la autoridad que cuenta con mayor confianza por parte de la ciudadanía. A pesar de ser cierto, dicho reconocimiento está en riesgo ante la encomienda gubernamental de destinarles tareas policiales, además del incremento en el número de responsabilidades que se le han encomendado en los últimos años. Funciones ajenas a su vocación que tienen el potencial de vulnerar a la ciudadanía y que los expone al desgaste. Esto ha quedado en evidencia en la más reciente medición de la ENVIPE del INEGI 2021, que empieza a reflejar una disminución en la confianza en las fuerzas armadas.

Construir la paz requiere entender que la presencia de los militares en las calles no ha resuelto ni resolverá la situación de fondo, requiere contar con estrategias adicionales de fortalecimiento local y diseñar un plan integral de seguridad que priorice la prevención social del delito, más allá del discurso, lo que, desafortunadamente, es una deuda pendiente. Es urgente repensar la estrategia.

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