El Senado aprueba castigar hasta con 22 años de prisión los ataques con ácido en México

El pleno avala unánimemente el aumentar las penas de quien agreda con sustancias corrosivas a otra persona, el proyecto ahora pasa a la Cámara de Diputados

Esmeralda Millan, sobreviviente de un ataque con ácido de su expareja, posa en 2021.
Esmeralda Millan, sobreviviente de un ataque con ácido de su expareja, posa en 2021.Ginnette Riquelme (AP)

El clamor de las sobrevivientes de ataques con ácido por acabar con los niveles de impunidad ha tenido eco en el Senado mexicano. El Senado aprobó este jueves por unanimidad castigar hasta con 22 años de prisión a quien agreda con sustancias químicas o ácido a otra persona. El dictamen avalado por los senadores establece que se impondrán de 7 a 13 años de prisión a quien cause a otra persona lesiones con cualquier tipo de agente o sustancia corrosiva, cáustica, irritante, tóxica o inflamable, álcalis, ácidos y sustancias similares, incluyendo las que necesiten de otro agente para reaccionar. La pena aumentará a 21,6 años si existe o haya existido entre el agresor y la víctima una relación de parentesco, sentimental, afectiva, laboral o de confianza.

De acuerdo con la iniciativa, el personal de salud deberá notificar al Ministerio Público de todos los casos de lesiones provocadas por agentes químicos que reciban para atención médica; además, este tendrá la obligación de garantizar la reparación del daño integral, adecuada, eficaz, efectiva y proporcional a la gravedad del daño. Una vez aprobado por los senadores, el proyecto se ha remitido a la Cámara de Diputados para su aprobación.

Ante el pleno, la senadora Kenia López Rabadán, del PAN, destacó que 80% de las personas atacadas con ácido son mujeres y en 9 de cada 10 casos, fueron agredidas por una persona con la que habían tenido o sostenían una relación sentimental. “La mayor cantidad de este tipo de ataques contra las mujeres, provienen de personas que deberían cuidarlas”, enfatizó.

Durante la discusión del dictamen, la senadora Geovanna Bañuelos, del Partido del Trabajo, destacó que con esta modificación se busca elevar hasta en más de dos décadas a quienes atenten contra las mujeres con el uso de estas sustancias químicas. De acuerdo con sus cifras, en lo que va del año se han registrado 47 agresiones de este tipo en el país, víctimas con nombre y apellido como la saxofonista María Elena Ríos o la activista Carmen Sánchez; ambas fueron atacadas con ácido por sus exparejas.

“Esta reforma es el resultado de la exigencia social efectuada por mujeres que han vivido la escalada de violencia y la forma en cómo se manifiesta. Cada vez son más los casos de agresiones con sustancias corrosivas o ácidos. Por ello, la exigencia de justicia y de visibilizar este tipo de actos inhumanos es prioritario”, aseguró la senadora María Graciela Gaitán del Partido Verde.

Los senadores también aprobaron adicionar un artículo en el Código Penal Federal para sancionar el acoso sexual, en cualquier espacio público o privado, y el que se realice a través de medios informáticos, con una prisión de uno a cinco años. “Se establece que si la persona acosadora fuese servidor público, y usa medios o circunstancias de su cargo, será destituido e inhabilitado para ocupar otra responsabilidad pública hasta por un año” refiere la reforma.

El aumento de penas contra este tipo de ataques en México era un clamor desde hace tiempo. . Los casos de Luz Raquel Padilla y una pequeña de 11 años quemada en un albergue -ambos en el Estado de Jalisco- o el testimonio de Liliana Torres, en Nuevo León, o el de María Elena Ríos, en Oaxaca, son solo algunas estampas de las cicatrices que ha permanecido impune en un país continuamente lacerado por la violencia machista. Actualmente, los ataques con sustancias corrosivas son delitos sin agravante de género en 25 de los 32 Estados de México, una condición que se modificará si la Cámara de Diputados secunda el aval unánime que este jueves los senadores han dado a la reforma del Código Penal.

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Karina Suárez

Es corresponsal de EL PAÍS en América, principalmente en temas de economía y sociedad. Antes trabajó en Grupo Reforma. Es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y Máster de periodismo de EL PAÍS.

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