Tribuna
Artículos estrictamente de opinión que responden al estilo propio del autor. Estos textos de opinión han de basarse en datos verificados y ser respetuosos con las personas aunque se critiquen sus actos. Todas las tribunas de opinión de personas ajenas a la Redacción de EL PAÍS llevarán, tras la última línea, un pie de autor —por conocido que éste sea— donde se indique el cargo, título, militancia política (en su caso) u ocupación principal, o la que esté o estuvo relacionada con el tema abordado

México: de la militarización al militarismo

La democracia constitucional mexicana está acercándose a un punto de no retorno que no es exagerado calificar como existencial

Soldados mexicanos en la celebración del día del Ejército en febrero de 2019.
Soldados mexicanos en la celebración del día del Ejército en febrero de 2019.Marco Ugarte (AP)

Al cumplirse dos años del Gobierno de López Obrador el proceso de militarización, que tanto criticó como candidato, no solo sigue avanzando, sino que comienza a desdoblarse además en una política militarista. ¿Está la democracia constitucional mexicana preparada para encarar las consecuencias de semejantes desafíos?

La militarización es un proceso en el que las Fuerzas Armadas intervienen cada vez más en seguridad pública cuando la policía, las agencias de inteligencia, y el sistema de justicia no son confiables, o capaces, para enfrentarse a las organizaciones criminales o grupos armados. En América Latina el caso paradigmático de militarización es Colombia, una democracia desde 1958 donde las Fuerzas Armadas han tenido una participación muy intensa en la seguridad interior. La militarización de la seguridad pública es indeseable en una democracia. Sin embargo, en algunas circunstancias puede ser inevitable y el dilema es justo cómo lograr que esa intervención no rompa el marco constitucional. El colombiano es un buen ejemplo en ese sentido. Como uno de nosotros muestra en un libro reciente, por casi tres décadas su Corte Constitucional ha contribuido a regular el uso de la fuerza letal y a poner límites a la extensión y funcionamiento de la jurisdicción militar. En un proceso de militarización el objetivo de utilizar a las Fuerzas Armadas para enfrentar retos de seguridad internos es restaurar el estado de derecho, proteger la democracia, hacer uso legítimo de la fuerza del Estado en contra de los actores ilegítimos que buscan debilitarlo o derrocarlo.

El militarismo, en contraste, es un proyecto en el que las Fuerzas Armadas se convierten en un actor político que asume tareas no solo de seguridad interior sino relativas a otros ámbitos que corresponden a grupos o instituciones civiles. Algunos ejemplos de militarismo en América Latina incluyen la noción profundamente enraizada en la historia constitucional brasileña de las Fuerzas Armadas como el “poder moderador” que garantiza la estabilidad del sistema político. Otro ejemplo es Chile, donde las Fuerzas Armadas fueron parte de la columna vertebral del sistema político desde la irrupción de los militares en 1925. Ese papel quedó al descubierto en el golpe de 1973, en los años de gobierno militar y todavía sobrevive hasta hoy, en el legado y entramado institucional de la Constitución de 1980 redactada y promulgada por los militares. Tanto Brasil como Chile siguen lidiando con el militarismo, los brasileños fortaleciéndolo bajo el liderazgo de Bolsonaro, los chilenos tratando de extirparlo mediante la creación de una nueva Constitución.

Desde 1946 en México se le puso freno al proyecto militarista de los generales triunfantes en la Revolución mediante el llamado pacto civil-militar, en el que las Fuerzas Armadas obtuvieron una muy extensa autonomía (que todavía existe hasta el día de hoy) a cambio de su lealtad al nuevo régimen. La naturaleza civil de nuestro régimen autoritario de partido hegemónico fue una excepción notable en la región. Pero el descontento social, los cambios socioeconómicos, y los movimientos guerrilleros en las décadas de 1960 y 1970, junto con el crecimiento de los cárteles de la droga en las décadas de 1980 y 1990, impulsaron un proceso gradual, pero creciente de militarización que llegó a niveles sin precedentes en los años 2000, especialmente después de que el entonces presidente Felipe Calderón declarara su “guerra contra el crimen organizado” en el 2006. Los niveles de violencia y homicidios se dispararon enormemente desde entonces.

El presidente López Obrador no solo le dio continuidad a ese proceso de militarización, sino que lo profundizó impulsando una reforma constitucional para crear un nuevo cuerpo militar, la Guardia Nacional. Al mismo tiempo, ha optado por aumentar la participación y el poder de las Fuerzas Armadas en muchas tareas. Sus argumentos para hacerlo indican una deriva hacia el militarismo: “las Fuerzas Armadas son la institución más confiable en el país”, “son incorruptibles”, son “el pueblo en uniforme”. Incluso algunos partidarios del presidente, como por ejemplo el historiador Lorenzo Meyer, argumentan que no se puede quedar “dormida” una fuerza de más de 270.000 activos y un abultado presupuesto que no hace más que crecer (cuando en otros muchos rubros se achica). Estos alegatos no corresponden a los de una solución pragmática y temporal para enfrentar un reto mayúsculo, indican una definición ideológica donde las Fuerzas Armadas son clave en el entendimiento del país a partir del cual está gobernando el presidente.

La democracia constitucional mexicana está acercándose a un punto de no retorno que no es exagerado calificar como existencial. La extraordinaria detención en Estados Unidos del General Salvador Cienfuegos, y su también extraordinaria liberación en el plazo de un mes, encienden todas las alarmas. La extensa autonomía de las Fuerzas Armadas se ha transformado en una nula rendición de cuentas. Ya sea que el General Cienfuegos sea investigado o no, sea encontrado culpable o inocente, el riesgo de poner todos los huevos en la canasta de las Fuerzas Armadas es simplemente demasiado alto. El apoyo mayoritario que todavía tiene el presidente, tanto en el Congreso como entre la población, ha desactivado en la práctica buena parte de los controles políticos de los que depende el buen funcionamiento del sistema de pesos y contrapesos. A dos años de gobierno, López Obrador no solo ha redoblado la militarización, sino que avanza por una nueva senda militarista que puede terminar dándole un significado muy distinto a la promesa de “transformación” que lo llevó al poder.

Carlos Bravo Regidor es profesor en el programa de Periodismo del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).

Julio Ríos Figueroa es profesor en el departamento de Derecho del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).

Inicia sesión para seguir leyendo

Sólo con tener una cuenta ya puedes leer este artículo, es gratis

Gracias por leer EL PAÍS
Normas

Archivado En

Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS