Tribuna
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Reflexiones sobre El Salvador

La Iglesia y la comunidad internacional tenemos la obligación de movernos con la misma intensidad que en el caso del asesinato de los jesuitas, con todos los asesinatos de la guerra de El Salvador

Conmemoración de los jesuitas asesinados en San Salvador, en 2015.
Conmemoración de los jesuitas asesinados en San Salvador, en 2015.Oscar Rivera (EFE)

El día del asesinato de mis queridos compañeros jesuitas de El Salvador estábamos escondidos en un barranco Rogelio Ponseele, sacerdote belga, y yo. Concretamente en el norte del departamento de Morazán, zona controlada entonces por el FMLN.

Ocho años atrás (11 de diciembre 1981) más de mil campesinos desarmados fueron asesinados en el Mozote y otros caseríos del Norte de Morazán por el mismo batallón Atlacat que asesinó a los jesuitas. Entre los asesinados hubo más de 100 niños menores de 12 años (136 ya encontrados sus restos). La única sobreviviente, Rufina Amaya, contó muchas veces cómo se desarrolló aquella horrible matanza en la que asesinaron a sus cuatro hijos, uno de ellos de pecho.

Pero, hasta bien avanzado 1990, el asesinato de los jesuitas era el único asesinato de la guerra con un proceso judicial legalmente iniciado.

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Las organizaciones sociales del norte de Morazán nos trazamos una meta: que las víctimas del Mozote tuvieran el mismo tratamiento judicial que mis compañeros. Nos parecía de una elemental justicia. Y el hecho de ser yo jesuita me obligaba más a ello. Pensé que los jesuitas nos debíamos mover con la misma intensidad con otros asesinatos que como lo hacíamos con el asesinato de los miembros de nuestra institución.

El relato de los pasos que dimos para ello está escrito y a disposición de quien desee conocerlo. Se logró iniciar el juicio en octubre de 1990.

Muy en resumen diré lo siguiente sobre la actuación de los responsables de la Compañía de Jesús y de la Iglesia salvadoreña en relación con ese juicio:

1) Los responsables de la Compañía de Jesús no respondieron a nuestras peticiones concretas de apoyo al juicio del Mozote. Su respuesta fue el silencio salvo una de las cuatro personas a las que acudimos (Michael Czerny, entonces director del Instituto de Derechos Humano de la UCA y hoy cardenal). No respondía tampoco él a nuestras peticiones, pero, al menos, respondía. Se lo agradecimos entonces y se lo agradecemos de nuevo. Pero la Compañía de Jesús no se hizo eco de nuestras peticiones de apoyo al juicio del Mozote (ya iniciado un mes antes de esas peticiones) con motivo del primer aniversario del asesinato de los jesuitas.

2) Fue difícil conseguir que Tutela Legal del Arzobispado fuera a Morazán. Se negaba a reunirse con otros organismos de derechos humanos. Finalmente, su directora, María Julia Hernández, aceptó visitarnos y hacerse cargo del juicio. Se habían perdido muchos años preciosos para iniciar el juicio. Así se lo comentamos a María Julia. La Iglesia había estado muy lenta. Pero, a partir de entonces, Tutela tuvo un trabajo intensísimo y el juicio se puso en marcha.

3) En cuanto a Monseñor Eduardo Álvarez (Q.E.P.D.), obispo de la diócesis y que había sido también vicario general castrense (tenía el grado de coronel del Ejército) diré que fui a visitarlo al acabar la guerra para preguntarle, entre otras cosas, por qué no había denunciado nunca esa horrible masacre ocurrida en su diócesis. Se levantó de la mesa gritando y me echó del obispado.

Se lo comuniqué al entonces nuncio en El Salvador, monseñor Monteiro de Castro, muy acogedor siempre. Pero, que yo sepa, nunca hubo ninguna palabra pública de la Iglesia sobre aquel silencio cómplice de Monseñor Álvarez.

¿A dónde quiero llegar? Lo diré en la forma más sintética posible:

1. Incluso en grandes causas humanitarias, como el juicio a los delitos de lesa humanidad o los crímenes de guerra, el poder social, cultural, religioso o económico condiciona grandemente la evolución de los acontecimientos y la lentitud o rapidez de los procesos judiciales. Incluso su inicio o no inicio. Hasta después de la muerte hay clases sociales a la hora de hacer justicia con los asesinados. Debe haber mecanismos legales, además de morales, que lo eviten.

2. El protagonismo social del que nadie está exento y que también afecta a instituciones de diferente signo, impide o retrasa la igualdad en el trabajo por la justicia y, en concreto, la justicia de post-guerra. Puede haber un cierto “ensimismamiento” con el protagonismo que conlleva la lucha por la justicia “con/por los míos” en detrimento del apoyo a otras causas no menos graves en que nuestro protagonismo es menor o nulo.

3. Somos los miembros de las instituciones que hayan cometido errores en el tratamiento real de los derechos humanos, como los errores (a mi juicio) aquí descritos, las primeras personas que debemos hacer autocrítica pública. No tiene altura ni coherencia ético-espiritual el hecho de pedir, como pedimos, que instituciones, especialmente las judiciales o políticas, tengan celeridad, imparcialidad, altura moral y no reconocer que nos falta en ocasiones esas mismas cualidades a instituciones que, como las religiosas, nos situamos a veces por encima del bien y del mal, con derecho a juzgar a medio mundo, sin juzgarnos a nosotros mismos por errores iguales o parecidos

4. En concreto, sobre los hechos aquí traídos a colación, creo que, precisamente por ser yo miembro de la Iglesia Católica y jesuita, es por lo que debo decir y reconocer públicamente que, desde mi modesto punto de vista, estos hechos muestran que ni el arzobispado de San Salvador ni la Compañía de Jesús tuvieron la misma agilidad de actuación, altura de miras y universalidad de sus planteamientos cuando se trataba del inicio del juicio del asesinato de mis compañeros jesuitas que cuando se trataba de iniciar el juicio del Mozote. Aunque, posteriormente, ambos, tuvieron un trabajo admirable de apoyo a esa causa.

5. Sin embargo, ahora que se desarrolló el juicio en España a uno de los implicados en el asesinato de los jesuitas, quiero felicitar públicamente a mis compañeros de la Compañía de Jesús en Centroamérica porque su postura oficial siempre ha sido y es que, aunque no se oponen al juicio en España, las leyes de El Salvador deben permitir un juicio justo sobre todos los asesinatos de la guerra en el mismo El Salvador.

6. Mención aparte merece la actuación (o mejor, la falta de actuación) de Monseñor Álvarez ante la matanza de campesinos cometida en su propia diócesis. Esa pasividad injustificable, forma parte, a mi entender, de la triste historia de tantas colaboraciones “de facto” de la Iglesia (por acción o por omisión) con las violaciones graves de derechos humanos en América Latina y en el mundo (también en España) durante el siglo pasado y a lo largo de la historia. Debemos, cada institución, mirar la viga en nuestro propio ojo antes de mirar la paja en los ojos de los demás. Y reconocerlo públicamente.

7. Los jesuitas, la Iglesia y la comunidad internacional tenemos la obligación moral de movernos, en el futuro inmediato, con la misma intensidad que nos hemos movido en el caso del asesinato de mis hermanos jesuitas, con todos los asesinatos de la guerra de El Salvador, empezando, al menos, por el único cuyo proceso judicial ya está abierto: el de la masacre del Mozote.

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