Columna
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Maktäxk. Las lenguas indígenas y la 4T

Hace falta tener una visión más amplia de la diversidad lingüística, pensar, en todo caso en cómo proteger los derechos lingüísticos de todas las comunidades de hablantes

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en una imagen de 2018.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en una imagen de 2018.Manuel Velasquez (Getty Images)

Después de observar los datos derivados del Censo de Población y Vivienda 2020 realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, podemos decir que las lamentables proyecciones que han hecho diferentes especialistas sobre la vitalidad de las lenguas indígenas se van cumpliendo. La proporción de población hablante de estas lenguas descendió al 6.1% y al acercar la lupa a los datos preocupa la pérdida de población infantil que habla muchas de estas lenguas que se están quedando sin las tan necesarias nuevas generaciones de hablantes que puedan después transmitirlas. El sueño post-revolucionario de imponer solo el español como la lengua del país sigue recogiendo hasta ahora sus frutos aunque los discursos oficiales hallan mutado. Las narrativas han cambiado, en los discursos y celebraciones del Día Internacional de la Lengua Materna, que ya se acerca, se pondera el valor de la diversidad lingüística, se habla de su importancia y de su valor pero de muy poco sirve cuando las prácticas oficiales siguen sin dar el viraje necesario y radical para hacer algo que realmente combata la muerte de las lenguas de este país. Los funcionarios pueden hablar del valor de las lenguas indígenas, pueden hablar del aprecio que sienten por la diversidad lingüística, pueden comprometerse a aprender alguna de las lenguas indígenas del país o pueden inaugurar un pabellón u otro premio literario más dedicado a las lenguas indígenas pero seamos realistas, todo esto no son más que actos simbólicos que no están repercutiendo en garantizar la transmisión intergeneracional de las lenguas indígenas y poco influyen en el respeto a los derechos lingüísticos de miles de personas que se enfrentan al sistema judicial, al sistema de salud y a todos los sistemas de administración del estado. Más que acciones simbólicas, si es que hay voluntad de hacer algo por la vitalidad de las lenguas indígenas, es necesario que la revitalización y el fortalecimiento lingüístico se conviertan en un proyecto de planificación lingüística en el que participe todo el estado: cambiar el comportamiento y la inercia monolingüe del estado para que se adapte a una realidad que es multilingüe, es decir, ir contra su propia naturaleza ideológica.

Ante la realidad que los resultados del Censo 2020 plantean, me han preguntado cuáles son las políticas lingüísticas que el proyecto de la Cuarta Transformación ha diseñado para hacer frente a la acelerada pérdida de la diversidad lingüística. Además del significativo recorte que sufrió el presupuesto del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, puedo observar tres acciones que sobresalen. Desde el año 2003, en el que se promulgó la Ley General de los Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas de México, las lenguas indígenas y el español son consideradas todas como lenguas nacionales. El año pasado, la Cámara de Diputados aprobó una reforma al artículo segundo para que este reconocimiento, que ya estaba en la Ley General, apareciera ahora en la Constitución. Aún cuando faltan mecanismos legales para consolidar esta reforma constitucional, la propuesta fue votada por unanimidad en la Cámara de Diputados. Aunque este reconocimiento puede ayudar en el proceso, me temo que en gran parte sucederá lo que ya ha sucedido con la Ley General de los Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas de México, es decir, su existencia no ha impedido el descenso de la vitalidad de las lenguas indígenas porque, entre otras cosas, el gran problema es la llamada brecha de implementación, la ley reconoce amplios derechos que en la vida cotidiana del estado son violentados sistemáticamente. Tendría más potencia implementa lo que ya dice la Ley General que elevar lo que ya reconocía a rango constitucional.

Curiosamente, el senador Martí Batres presentó también una propuesta para hacer del español y las lenguas indígenas no solamente lenguas nacionales sino lenguas oficiales. Aunque en teoría se escucha muy bien, tengo demasiadas preguntas sobre esta propuesta y las mesas y la consulta que debieron haberse previamente. El carácter oficial de una lengua dentro del marco del estado tiene consecuencias legales importantes que no necesariamente abonan a la diversidad lingüística; en esta propuesta el español también tendría el carácter de oficial y eso puede ser bastante problemático. Hace falta tener una visión más amplia de la diversidad lingüística, pensar, en todo caso en cómo proteger los derechos lingüísticos de todas las comunidades de hablantes incluyendo a la población gitana que habla la lengua rom, la población menonita que habla plautdietsch, la comunidad de Chipilo que habla veneto, la lengua de señas mexicana, la lengua de señas maya y las potenciales comunidades de habla de otras lenguas que puedan llegar a territorio mexicano. Antes de proponer algunas lenguas oficiales para el estado mexicano, es necesario en todo caso discutir cómo crear sociedades multilingües en las que los derechos lingüísticos de las personas no estén siendo violentados.

Otra apuesta de la Cuarta Transformación en el marco del Decenio de las lenguas indígenas (2022-2032) propuesto por la ONU, es la creación de la Universidad de Lenguas Indígenas de México con sede en Milpa Alta. Esta universidad impartirá cuatro licenciaturas: Enseñanza de las Lenguas Indígenas, Interpretación y Traducción de las Lenguas Indígenas, Conocimientos y Literatura Indígena y Comunicación Indígena Intercultural. Si bien es una apuesta interesante para la formación de profesionales en el tema, la situación actual de la diversidad lingüística necesita de otras acciones radicales para poder revertir el proceso de pérdida de lenguas.

El proyecto de la Cuarta Transformación adolece, en general, de lo mismo que las administraciones anteriores en cuanto a las políticas sobre diversidad lingüística, no hay políticas lingüísticas rectoras a nivel nacional, la brecha de implementación del marco legal sobre el tema sigue siendo muy grande, el sistema educativo de educación básica sigue apostando a un modelo de educación bilingüe que no funciona como educación bilingüe en realidad, los funcionarios de los brazos administrativos del estado son enviados a territorios de pueblos indígenas sin tener que aprender las lenguas del lugar , no se garantiza la interpretación y la traducción y, en general, la 4T no ha construido una propuesta de planificación lingüística integral que combata la muerte de las lenguas. Las propuestas más esperanzadoras no están construyéndose dentro del estado sino desde otros lugares que ojalá puedan hacer frente y seguir resistiendo a ese proyecto fundamental del estado mexicano: la integración lingüística, un proyecto que apostó por la muerte de las lenguas indígenas.

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