Opinión
Texto en el que el autor aboga por ideas y saca conclusiones basadas en su interpretación de hechos y datos

George Shultz: la cara amable del intervencionismo norteamericano

Shultz representaba el ala pragmática dentro de la administración Reagan, pero apoyó algunas de las políticas más intervencionistas de la presidencia republicana en América Central

George Shultz, al centro, junto al presidente estadounidense Ronald Reagan, en una fotografía de 1985.
George Shultz, al centro, junto al presidente estadounidense Ronald Reagan, en una fotografía de 1985.Barry Thumma (AP)

Vivimos en tiempos extraordinarios, lo sabemos. Tan extraordinarios que durante los cuatro años de presidencia de Donald Trump hemos asistido a la reevaluación de una figura política como la del expresidente George W. Bush, durante cuyo mandato se gestaron las desastrosas intervenciones estadounidenses en Afganistán e Iraq, se usó en forma sistemática la prisión extrajudicial de la base militar de Guantánamo y la tortura se volvió un medio legítimo para obtener información. No solamente estas decisiones tuvieron una vertiente ética profundamente cuestionable, sino que también desestabilizaron dramáticamente una región con equilibrios geopolíticos tan frágiles como Oriente Medio. El reciente fallecimiento de George Shultz, exsecretario de Estado durante el Gobierno de Ronald Reagan, se inserta en ese mismo proceso de revalorización a posteriori. El fallecimiento del alto diplomático estadounidense, de hecho, ha detonado una ola de obituarios y notas sobre su legado, describiéndolo como uno de los arquitectos del fin de la Guerra Fría, proponente de la normalización y del fortalecimiento de las relaciones diplomáticas entre los Estados Unidos y China.

Indudablemente, Shultz desempeñó un papel crucial y positivo en mover gradualmente la presidencia de Reagan, donde los halcones antisoviéticos eran mayoría, hacia la apertura de una fase de diálogo productivo con la URSS de Mikhail Gorbachev. Al margen de los éxitos cosechados en este campo, sin embargo, pocos comentaristas parecen recordar el legado mucho menos amable de Shultz en la región centroamericana. Y es que, en las llamadas naciones de las periferias, como Nicaragua, la moderación mostrada por Shultz a la hora de abordar la relación con Moscú fue casi impalpable.

Shultz, al igual que su predecesor Alexander Haig, fue un ferviente opositor de la política de normalización estadounidense hacia el gobierno Sandinista, llegado al poder en Nicaragua tras un largo proceso revolucionario en el verano de 1979. Shultz representaba el ala pragmática dentro de la administración Reagan, un funcionario conciliador que, a pesar de sus diferencias con funcionarios más recalcitrantes como William P. Clark o Jeane Kirkpatrick, apoyó algunas de las políticas más intervencionistas de la presidencia republicana en América Central. Su nombramiento en 1982, más que moderar la política intervencionista de Haig, le dio una cara sensata y más amable, pero no menos radical en sus cimientos.

Shultz, como la mayor parte de los miembros del gabinete de Ronald Reagan, consideraba que el apoyo a la Contra nicaragüense, un variopinto grupo armado anticomunista que buscaba derrocar al gobierno Sandinista, debía representar uno de los pilares de la política estadounidense hacia Centroamérica. En 1983, el exsecretario de Estado declaró que las actividades de la Contra contribuían “de forma importante” a las posibilidades de encontrar una salida negociada a la crisis en Nicaragua. Para Shultz, la Contra era el garrote necesario para apabullar al gobierno de izquierda de inspiración marxista de Nicaragua y forzarlo a abandonar su experimento de autodeterminación política, económica y social empezado en 1979. En 1986, al pedir más de 100 millones de dólares para financiar las actividades de la Contra, Shultz señalaría que el gobierno de Nicaragua era un “cáncer” en el continente. En 1988, añadiría que Nicaragua, una nación arrasada por 10 años de guerra, representaba una amenaza para los Estados Unidos, glosando que “ahí existe un cáncer que debemos extraer.”

Diez años después del comienzo de la Revolución y de los intentos de la Contra para descarrilara, la organización defensora de los derechos humanos Human Rights Watch acusó a las milicias contrarrevolucionarias de graves violaciones a los derechos humanos, responsabilizándola de llevar a cabo ataques indiscriminados en contra de civiles, el asesinato selectivo de no-combatientes y maltrato a prisioneros, entre otras acusaciones. Con el paso de los años, la misma Contra que Reagan y Shultz solían definir como una organización de freedom-fighters, se vio envuelta en todo tipo de escándalos, no sólo por la violencia desatada en contra de civiles nicaragüenses, también por su incómoda cercanía con la CIA, el caso Irán-Contra y, en particular, por su papel en el trasiego de drogas durante los años ochenta. En 1988, el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos, presidido por John Kerry, elaboró un reporte en el que indicaba que había evidencia sustancial sobre la participación de miembros de la Contra en actividades ligadas al narcotráfico.

Considerando lo anterior, no es sorprendente que las negociaciones entre Nicaragua y los Estados Unidos a cargo del Departamento de Estado de Shultz fueran infructuosas. Durante el gobierno de Ronald Reagan, la diplomacia y la política de intervención militar fueron dos caras de una misma moneda: una política de negociación con fuertes condicionantes, apoyada por la violencia generalizada llevada a cabo por la Contra. El Departamento de Estado de Shultz veía con cierta preocupación cualquier negociación que no estuviera liderada o sirviera a los propósitos políticos de la administración Reagan, y en ocasiones intentó bloquear los esfuerzos de países como México, Colombia, Panamá y Venezuela para iniciar un proceso de diálogo que pudiera evitar mayor derramamiento de sangre.

La diplomacia norteamericana hacia Nicaragua, a cargo de George Shultz, siempre argumentó que defendía la democracia en el continente, sin embargo, no escatimaba apoyos a los gobiernos autoritarios de Guatemala, Honduras y El Salvador, cuyos crímenes y violaciones a los derechos humanos han sido absolutamente documentados a lo largo de los últimos 30 años.

La gestión de Rex Tillerson y Mike Pompeo a cargo del Departamento de Estado durante los años de Donald Trump ha hecho que más de un comentarista celebre el regreso a la tradicional y sensata política exterior norteamericana ejemplificada por la labor de diplomáticos como George Shultz. Una diplomacia que muchos gustarían observar en la labor del nuevo Secretario de Estado, Antony Blinken. Ojalá que la celebración del retorno a la normalidad no haga olvidar a los nuevos dueños de las riendas de la política exterior estadounidense que, en esa historia, existieron también capítulos profundamente cuestionables y decisiones dramáticamente equivocadas que sería imprescindible no repetir.

Vanni Pettinà es profesor de Historia Internacional en El Colegio de México.

Gerardo Sánchez Nateras es doctor en Historia por el Colegio de México.

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