Editorial
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La prioridad son los menores

Las comunidades tienen que implicarse en la solución de la crisis en Ceuta

Varios agentes y voluntarios de Cruz Roja atienden a un menor en Ceuta.
Varios agentes y voluntarios de Cruz Roja atienden a un menor en Ceuta.Brais Lorenzo / EFE

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Marruecos ha tenido que replegar velas en su intento de establecer un pulso con España y la Unión Europea. Tras dos días, tuvo que cerrar de nuevo el paso fronterizo con Ceuta y aceptar el regreso de la mayor parte de los casi 9.000 inmigrantes que habían entrado ilegalmente en la ciudad gracias a la pasividad de su policía. Aunque la crisis diplomática sigue abierta, la rápida y firme reacción tanto del Gobierno español como de la Unión Europea mostró desde el primer momento que el órdago era un error y estaba condenado al fracaso. Europa ha respaldado sin fisuras a España dejando claro que la frontera española es frontera europea.

El motivo que alentó la iniciativa marroquí fue la decisión de España de acoger al líder del Frente Polisario Brahim Gali, gravemente enfermo de covid, para que recibiera asistencia médica. Fue en respuesta a una petición de ayuda humanitaria para Gali por parte de Argelia, cuyas relaciones de vecindad son igualmente importantes para España. Pero el gesto se produjo cuando el reino alauí estaba en plena ofensiva internacional para lograr su soberanía sobre el Sáhara Occidental después de que Donald Trump la reconociera en diciembre pasado, al margen de los dictámenes de Naciones Unidas, a cambio de que Marruecos estableciera relaciones diplomáticas con Israel.

Si Rabat pudo sentirse agraviado por no haber sido informado, la respuesta debía haber sido diplomática y en ningún caso a través de la vía de los hechos consumados utilizando además como arma de presión una cuestión tan sensible como la inmigración. La maniobra se ha vuelto contra el propio Gobierno de Marruecos, que ha aparecido ante la comunidad internacional como un poder arbitrario capaz de utilizar sin escrúpulos el deseo de emigrar de sus propios ciudadanos y poner en riesgo la vida de miles de menores con los que tiene un especial deber de protección.

España tiene que resolver ahora de forma rápida y eficaz el destino de los menores que permanecen en Ceuta. El objetivo es lograr que el máximo número de estos pueda volver con sus familias y acoger dignamente a los que no puedan ser repatriados. Las condiciones en que viven son inaceptables. Una ciudad de 85.000 habitantes y 19 kilómetros cuadrados no puede afrontar sola este reto. La prioridad de restablecer la normalidad no debe pasar por delante de los derechos humanos, como ha ocurrido con algunas devoluciones en caliente de menores en las que se ha podido vulnerar la ley.

No es la primera crisis ni será la última y de nuevo se ha puesto de manifiesto la principal carencia de la política migratoria, tanto en España como en Europa: la falta de un mecanismo justo y ordenado de reparto, en este caso de los menores que llegan, entre las diferentes comunidades autónomas. Pese a todas estas sombras, hay que resaltar dos consecuencias positivas: que Europa ha respondido con firmeza en la protección de sus fronteras exteriores y que la unidad política es la mejor respuesta ante un embate como este y la mejor forma de dejar sin oxígeno el discurso xenófobo de la ultraderecha.

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