ABRIENDO TROCHA
Columna
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Perú: jugando con fuego

El proceso de confrontación impulsado por quienes no quieren aceptar los resultados electorales apunta a una polarización transversal en la sociedad

Miembros jubilados de las fuerzas armadas peruanas se manifiestan en Lima el pasado martes por un "fraude electoral".
Miembros jubilados de las fuerzas armadas peruanas se manifiestan en Lima el pasado martes por un "fraude electoral".ERNESTO BENAVIDES (AFP)

A casi tres semanas del ballotage del 6 de junio entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori, aún sin una proclamación oficial por la autoridad electoral, hay quienes están tensando la situación y empujando al Perú al borde del abismo, a la ruptura de la institucionalidad democrática. Jugando con fuego, como si el país no quemara ya.

El proceso de confrontación impulsado por quienes no quieren aceptar los resultados electorales apunta a una polarización transversal en la sociedad. En pocas semanas, ciertos espacios han retrocedido décadas (o siglos) a tiempos inquisitoriales. Poniendo en primer plano la intolerancia, el racismo y el más ramplón macartismo. Se dicen y escuchan llamados a golpes de Estado, pedidos inconstitucionales para repetir las elecciones, mentiras por doquier, además de gritos de “comunista” o “terrorista” contra cualquiera que no apoye las pretensiones de estos sectores. Trágica analogía con situaciones como las que, por ejemplo, precedieron a la guerra civil española.

Nadie ha podido brindar algún sustento a la tesis de fraude. Esto, pese a la campaña emprendida por la virtual perdedora de la elección, Keiko Fujimori, para tratar de convencer a la gente de ello, al apoyo de los grandes medios y a la dedicación —sin éxito— de algunos de los más grandes despachos limeños de abogados. La OEA, la misión de la UE, otras misiones internacionales (cerca de una veintena), la Defensoría del Pueblo, que en el Perú es realmente independiente, han certificado la transparencia y calidad del proceso electoral.

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El Gobierno de EE UU, por su parte, no solo ha calificado el proceso de “libre, justo, accesible y pacífico” sino como “un modelo de democracia en la región”. Oportuna —e inusual— calificación orientada a frenar las abiertas amenazas de golpe de Estado y, se entiende, de cualquier otra contra la institucionalidad constitucional

Las entidades privadas más calificadas en estudio y seguimiento de elecciones tampoco encuentran sustento a la idea de un fraude. Ipsos, por ejemplo, revisó las 86 mil actas electorales y comprobó que la porción de actas “atípicas” era no solo ínfima (2,3%), sino exactamente de la misma magnitud en beneficio tanto de Castillo como de Fujimori y que no afectaba el resultado final.

Siendo así las cosas, y mientras lo peor de odios y espíritus confrontativos es promovido por ese sector extremista, preocupan particularmente dos dinámicas que hoy se esparcen al galope: una gran contradicción y una gran intolerancia. Dinámicas no solo toleradas sino impulsadas en parte por personas que otrora apostaron por la democracia.

Gran contradicción: quienes no quieren reconocer los resultados decían que respetarían lo que resuelva la justicia electoral. Fantástico si así fuera, pero no es cierto. Han debido actuar con coherencia y respeto a la independencia de esa justicia electoral y la democracia, en vez de exigirle que cambie las reglas y procedimientos en pleno partido.

Numerosos intentos de dilatación de la proclamación han venido de la mano de tambores de guerra, llamados al golpe de Estado y acoso contra la autoridad electoral. Con sistemáticos ataques solo por negarse a la arbitrariedad de cambiar en medio del proceso electoral los procedimientos y los plazos que fijó previamente la ley. La última movida es pasar del golpe de Estado al “golpe lento”: dejar sin quorum al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) con la renuncia este miércoles de un integrante que les es afín; renuncia prohibida por la ley en medio de un proceso electoral.

En paralelo, estos sectores extremistas estimulan que hordas organizadas y violentas bloqueen desde hace más de dos semanas la casa del presidente del JNE, el juez Jorge Salas, y a que se le acose y agravie tanto por redes como por los medios de comunicación tradicional.

Por otro lado, preocupa la gran intolerancia: para quienes no quieren reconocer los resultados electorales, son “comunistas” todos quienes respetan el proceso democrático y señalan que hay que atenerse a lo que decida la autoridad. Han planteado desde un golpe militar, hasta olvidarse del orden constitucional y anular la elección del 6 de junio y, ahora, a trabar el funcionamiento del JNE dejándolo sin quorum para que no concluya su trabajo y proclame a Castillo como presidente electo.

En esa dinámica corrosiva, quien no está de acuerdo con estas ilegalidades y trampas, o si afirma lo obvio, que Pedro Castillo ganó las elecciones, pasa a ser parte de aquellas personas con las que no se puede ni debe hablar. Y si el cuestionado procede del mundo andino, peor aún. Se ponen a flote, como pocas veces antes, las peores expresiones de racismo. Peligroso, pues, ese nivel de desprecio por lo indígena, como por la democracia, hoy exacerbado.

El país que lideró el crecimiento regional buena parte de los últimos veinte años, está siendo vuelto, de pronto, a la intolerancia y la barbarie. El aliento de un golpe militar o de una ruptura institucional en pleno bicentenario de la independencia, es una barbaridad que ningún grupo de oficiales sensato llevaría a cabo. No solo porque violaría la Constitución, sino porque sería insostenible. Llevaría al Perú al aislamiento internacional, el colapso de su economía y a un curso de guerra civil.

¿No sería bueno escuchar al intelectual Mario Vargas Llosa dejar de lado el silencio sobre estas amenazas reales a la institucionalidad democrática? No está al margen, pues a ellas viene contribuyendo —activa e intensamente— junto con otros que otrora batallaron por la democracia.

Apuntando en una dirección distinta, positiva, ¿hacia dónde podrían —deberían— ir las cosas para que la democracia peruana no colapse? Podrían ir bien en dos tiempos.

Primero, dejar —lo elemental— que la autoridad electoral termine el trabajo que le falta resolviendo algunas pocas apelaciones pendientes y proclame al triunfador. Ya está claro quién es, y voltear la página lo más pronto posible es lo que procede. La torpe imitación de la conducta prepotente y contra ley de Trump de enero de este año, es algo que ninguna sociedad merece.

Segundo, la gobernabilidad. Debería ser el principio-guía del análisis y de las principales decisiones en este momento, en vez de la generación gratuita de tensiones, la bravuconería y el inaceptable racismo. ¿Cómo?

Salir del foso de confrontación e intolerancia requiere concertar. Es lo que Pedro Castillo tendrá que hacer desde que sea proclamado. Tanto para armar el Gobierno que debería instalar el 28 de julio, como para poder gobernar luego. Porque no solamente no cuenta con mayoría parlamentaria, sino que podría encontrar una al frente que decida hacerle la vida imposible. Tendrá, pues, que armar la suya en un contexto segmentado con más de 10 agrupaciones políticas.

La buena noticia: el Perú cuenta con positivas condiciones económicas y fiscales en la región. Buenas condiciones, pues, para inversión pública importante en salud y educación, dos sectores que notablemente fueron la cenicienta desde mucho antes de la pandemia.

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