Abriendo trocha
Columna
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Respetar a la justicia

En el ámbito judicial se juega mucho del futuro de la democracia

La jueza Ruth Bader Ginsburg, en una imagen de septiembre de 2009, en la Suprema Corte de EE UU, en Washington.
La jueza Ruth Bader Ginsburg, en una imagen de septiembre de 2009, en la Suprema Corte de EE UU, en Washington.Charles Dharapak (ASSOCIATED PRESS)

En memoria de Ruth Bader Ginsburg (1933-2020)

Hay casos extremos y hasta truculentos de ataque a la justicia, casi a diario: asesinato o acoso a jueces, destituciones transparentemente arbitrarias, pensando en un par de ejemplos. Pero también procesos de selección y designación no siempre transparentes y en los que “la mano que mece la cuna” es el poder político, el fáctico y hasta el mediático.

En otros tiempos el tema de la justicia hubiera merecido atención básicamente por el mundo de la abogacía o, máximo, de la política. Hoy está poniendo en alerta a las sociedades de manera creciente: la justicia y su independencia como la clave de una sociedad democrática. ¿Quién son nombrados?, ¿cómo?, ¿por qué?

El quid está en que en esos espacios se juega buena parte del poder público y los derechos de la gente. Así, cuestiones que otrora eran percibidas como “abogadiles” -como la designación de los altos tribunales o el acatamiento de sus decisiones- son asuntos cada vez más evidentemente vinculadas al ejercicio del poder.

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El asunto puede ser visto, sintéticamente, en dos planos. Uno es el de la burda injerencia del poder atropellando la independencia de la justicia y cerrando el paso de cualquier ilusión de separación de poderes. Aparece incluso en la noticia diaria y lamentablemente no son pocos los casos. Por ejemplo, las apabullantes intromisiones gubernamentales en las Altas Cortes (Polonia, El Salvador, Bielorrusia o Venezuela) hasta una dinámica letal que acaba con la vida o libertad de decenas de jueces o juezas en nombre de la “guerra contra la droga” (Filipinas), la “guerra contra el terrorismo” (Turquía) o cualquier otro pretexto.

Entre la injerencia política y la mano asesina hay, por cierto, un amplio abanico de zonas grises. En el que resaltan los procesos de designación de altas cortes, a veces resultado de oscuras y poco transparentes negociaciones por debajo de la mesa y contaminadas del “cuoteo” político. Porque el poder político no siempre ha entendido que las altas cortes deben ser independientes y que para que así sea la escogencia debe basarse exclusivamente -sí, exclusivamente- en criterios de excelencia y de garantía a esa independencia.

Pero la historia y ciertos ejemplos paradigmáticos han puesto ante nuestros ojos, a la vez, procesos y conductas ejemplares de afirmación de derechos que reposan en la independencia de la justicia. Sin la cual no hay equilibrio de poderes ni garantías de derechos para la sociedad. Ejemplos hay muchos; en varios países y en distintos escalones de la administración judicial. Sin embargo, ciertos momentos y personajes a lo largo de la historia han puesto esto de manera especialmente relevante.

Lo fue, por ejemplo, a mediados del siglo pasado, por ejemplo, lucha por los derechos civiles en EE UU. Una sucesión de decisiones de la Corte Suprema, a partir de Brown v. Board (1954) proscribiendo la discriminación racial en las escuelas públicas, afirmaron gradualmente la igualdad y respeto de los derechos sin esperar a que cambiaran primeros las leyes o una encuesta Gallup demandándolo.

En toda circunstancia, sin embargo, saltos cualitativos como esos se dan gracias a liderazgos concretos, de personas decididas a despejar las cosas de musgos conservadores. En la medida, por cierto, que puedan actuar con independencia y visión de futuro en ejercicio de la función judicial. Un gran ejemplo es el de Ruth Bader Ginsburg (RBG), magistrada de la Corte Suprema estadounidense fallecida hace menos de un año luego de un brillante desempeño por 27 años en el máximo tribunal. Su papel en la afirmación de principios como el de la igualdad y de los derechos de las mujeres es uno de los tantos hitos sustantivos que dejó en su rica trayectoria.

Han sido de enorme relevancia, en esa dirección, las reflexiones producidas esta semana en Madrid en el importante encuentro internacional organizado por la World Jurist Association en homenaje a RBG. Institución que impuso, por primera vez, la medalla de honor Ruth Bader Ginsburg y que otorgó esta vez a seis juristas de diferentes partes del mundo como Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo, y Luz Ibáñez, vicepresidenta de la Corte Penal Internacional.

Dentro del marco de ese gran referente que es RBG, el enfoque compartido en esas jornadas fue uno solo y contundente: la independencia de la justicia como elemento absolutamente esencial en un Estado democrático para avanzar en garantizar derechos y en que operen los contrapesos en el ejercicio del poder. Convergieron en ese mensaje y enfoque sustancial las cortes internacionales más relevantes, juristas independientes y el propio rey de España Felipe VI quien participó activamente en las jornadas.

Es que en la justicia se juega mucho del futuro de la democracia. Así, más allá de RBG y de su liderazgo por afirmar la igualdad, el hecho comprobado es que en espacios judiciales se han afirmado y desarrollado aspectos fundamentales sobre los derechos fundamentales en diversas regiones. Es el caso, por ejemplo, de Latinoamérica en la interacción dinámica entre la jurisprudencia avanzada de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y las decisiones de altos tribunales nacionales en materias como la investigación a graves violaciones a los derechos humanos, la no discriminación por orientación sexual o la afirmación de los derechos de los pueblos indígenas para dar solo tres ejemplos relevantes.

Se entiende, pues, que la conducta y papel de los tribunales sea hoy un gran espacio de tensión dados los apetitos del poder de controlar. Lo estamos viendo en esta misma semana en el Perú con la atropellada intención en el legislativo en el que congresistas -muchos de ellos con problemas con la justicia- de imponer atropelladamente una composición del Tribunal Constitucional en violación de la Constitución, la ley y una sentencia de una jueza constitucional ordenando suspender el proceso.

Dos conclusiones.

De un lado, en un sentido optimista: el dato positivo de que uno de los grandes espacios de contradicción sea la composición de los altos tribunales y su conducta. Señal de que los mismos han afirmado un espacio de poder que los hace cada vez más relevantes para el poder político.

En previas etapas se daba casi por hecho que todos los espacios de poder público tocarían la misma música; hoy tiende a no ser más el caso. Cualquiera que analice el status de la institucionalidad democrática en diferentes lugares del mundo constatará que en torno a la independencia de las cortes y la actuación de la justicia giran muchos de los debates y tensiones. Señal, pues, de salud democrática.

Por otro lado, sin embargo, los propios diseños institucionales en los procesos de selección y designación de las altas cortes facilitan y propician tentaciones que podrían evitarse. Parece llegado el momento de optar por diseños constitucionales en los que el poder político quede al margen de esos procesos. Y que sea una variada y calificada institucionalidad -no el gobierno ni el legislativo- a la que se le encomiende tan delicada función.

Sería esa una forma de afirmar a futuro la independencia judicial y, por cierto, una gran manera de seguir rindiendo homenaje a la trayectoria de RBG.

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