Editorial
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Mala iniciativa migratoria en el Reino Unido

La llamada Ley de Fronteras abre paso a prácticas muy cuestionables

Un grupo de inmigrantes intenta llegar a la costa británica, a través del canal de la Mancha.
Un grupo de inmigrantes intenta llegar a la costa británica, a través del canal de la Mancha.BEN STANSALL / AFP

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La llamada Ley de Fronteras que esta semana ha comenzado a tramitarse en el Parlamento británico encarna uno de los grandes objetivos del Brexit y del primer ministro, Boris Johnson: el endurecimiento de la política migratoria, uno de los caballos de batalla sobre los que el líder conservador apoya su estrategia política. El Ejecutivo plantea la nueva legislación como una respuesta “firme pero justa” para combatir a las mafias que trafican con seres humanos cuyo destino final es su territorio.

Es perfectamente lógico intentar obstaculizar esta trata y regularizar los cauces por los que se produce el fenómeno migratorio, pero el nuevo sistema planteado por Londres ha recibido duras y más que justificadas críticas de la oposición laborista y de numerosas organizaciones humanitarias. En primer lugar, porque simplifica de tal manera el proceso de rechazo en frontera o de deportación que se abre el serio riesgo de dejar a muchos peticionarios de asilo desamparados, pudiendo llegar a no cumplir con la Convención de Refugiados de 1951, de la que el Reino Unido es signatario. Además, contempla la posibilidad de retener a los inmigrantes en centros “de países seguros”, alejados del suelo británico, un plan que recuerda la lamentable ley aprobada recientemente en Dinamarca. No se especifica dónde estarían esos centros, ni qué protección legal o estatus tendrían quienes permanecieran allí. Johnson, además, incluye un pulso —otro más— a la UE, con la amenaza de suspender los visados a aquellos países que “no colaboren” en la deportación de inmigrantes irregulares. Es decir, a los países europeos que no los acepten de vuelta en su territorio, de donde salieron hacia el Reino Unido.

La nueva ley trata, en la práctica, de la criminalización de los inmigrantes irregulares y demandantes de asilo. En lugar de establecer mecanismos de entrada, lo que se hace es facilitar y acelerar los procesos de rechazo. Una medida electoralista que no solucionará el grave problema y que confirma la deriva aislacionista del Reino Unido en esta etapa.

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