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Así se les roba a los jóvenes su futuro

La reforma de pensiones pactada por Gobierno y agentes sociales endosa un coste a las nuevas generaciones

Una joven, en una terraza de San Sebastián.
Una joven, en una terraza de San Sebastián.Juan Herrero / EFE

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El pasado 28 de junio España encajó dos goles en propia meta. El primero lo vimos todos: un pase hacia atrás de Pedri que se le coló a Unai Simon por exceso de confianza. El segundo, menos comentado, fue juego de equipo: una obra conjunta del Gobierno, los sindicatos y la patronal en el acto de presentación de la reforma de las pensiones. El primer gol quedó olvidado por las siguientes victorias de la selección; del segundo, nuestros jóvenes se acordarán toda la vida.

La reforma acordada por el Gobierno y los agentes sociales consiste en derogar aspectos clave de la anterior. Ha sido celebrada porque busca garantizar que las pensiones seguirán subiendo. Pero nada es gratis: alguien siempre debe pagar la fiesta.

En este caso, los paganos son los jóvenes: el Gobierno acaba de endosar a cada uno de ellos una hipoteca de 100.000 euros hasta 2070. Eso es lo que, utilizando cálculos del economista Ángel de la Fuente, le va a costar la reforma a cada español.

La caja de la Seguridad Social está en déficit desde 2011. Es decir, lo que se recauda por las cotizaciones de los trabajadores cada mes no cubre las pensiones de ese mes. En 2020 y en 2021, el déficit en prestaciones contributivas será de unos 1.500 euros por año para cada uno de los 20 millones de trabajadores. Y este agujero aumentará por el envejecimiento de la población. El trabajador español cotiza alrededor de 35 años de media, según Eurostat; su jubilación durará 22 años si es hombre y 27 si es mujer. Actualmente hay en España 3,4 personas en edad de trabajar por cada pensionista. También según Eurostat, en 2050 habrá solo 1,7 personas por cada jubilado; es decir, la mitad.

Estas proyecciones muestran que el sistema avanza por una senda insostenible, y que es necesaria una reforma profunda. Sin embargo, el Gobierno se ha limitado a dar una patada hacia adelante y envolver el anuncio en propaganda, traspasando el problema a la próxima generación.

El gran logro anunciado de la reforma es la derogación del factor de sostenibilidad, que exigía que cualquier subida viniera acompañada de recursos para pagarla. El factor de sostenibilidad era una garantía para los jóvenes, porque les dejaba un sistema de pensiones asumible.

El Gobierno anuncia que va a sustituirlo por un mecanismo de equidad intergeneracional. Pero, en vez aprobar el nuevo y derogar el viejo, simplemente deroga el viejo y dice que ya aprobará uno nuevo. De hecho, como ya anuncian los socios de gobierno, es prácticamente imposible que consiga aprobarse una alternativa, con lo que el agujero irá creciendo exponencialmente.

Para cerrar el agujero, el Gobierno propone dos cosas. En primer lugar, cambiarlo de sitio: transfiere 14.000 millones de euros de pensiones no contributivas (de personas que cobran sin haber cotizado) este año y 22.000 millones al año a partir del siguiente, y lo endosa a los Presupuestos del Estado. Déficit de las pensiones solucionado. Ahora, en vez de tener el agujero en un sitio lo tenemos en otro, pero la forma de pagarlo cambia poco: habrá que subir impuestos o recortar otras políticas.

Esta medida podría parecer poco (o nada) eficaz, pero inocua. En realidad, en estos movimientos políticos siempre hay alguien que gana. En este caso, los ganadores son los sospechosos habituales: las comunidades de régimen foral, es decir, País Vasco y Navarra. Todos los españoles contribuyen a la Seguridad Social por igual, independientemente de dónde vivan. Pero la contribución a los Presupuestos Generales del Estado de los territorios forales se rige por un cupo preacordado con el Estado, y no hay intención de cambiarlo. A partir de ahora, las pensiones no contributivas, también las que cobran navarros y vascos, las pagaremos solo los demás españoles.

En segundo lugar, el Gobierno fía el éxito de su reforma a penalizar la jubilación anticipada. Pero las penalizaciones no son tales. Como ha mostrado este diario, la medida introducida incrementa la penalización en solo dos supuestos, de forma que, para la mayor parte de los pensionistas, resulta aún más barato jubilarse anticipadamente.

En definitiva, el Gobierno gasta en contentar a los pensionistas, porque son los que más votan, e ignora los problemas de los jóvenes porque son menos y su participación electoral es baja. En realidad, ningún pensionista sale ganando si el sistema resulta insostenible y (como sucedió en Grecia) de un día para otro los mercados se niegan a financiar la deuda resultante. Ahí sí, de repente, vienen los grandes (e injustos) recortes.

Sin perspectivas, ni fórmulas de solución de los problemas de los jóvenes, España no puede tener futuro. Si el plan del Gobierno es que los jóvenes asuman un gasto de 100.000 euros por cabeza para que las pensiones sigan subiendo, no duden de que se hartarán y votarán con los pies. Es decir, saldrán huyendo hacia otros países que sí les ofrezcan un futuro.

Luis Garicano es jefe de la delegación de Ciudadanos en el Parlamento europeo y vicepresidente económico y portavoz de Renew Europe.

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