tribuna
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Verdadera y falsa reforma en la Universidad

La nueva ley debería cambiar el método de selección del profesorado

El ministro de Universidades, Manuel Castells, en La Moncloa el pasado mayo.
El ministro de Universidades, Manuel Castells, en La Moncloa el pasado mayo.Europa Press

En 1950, Yves Congar, posiblemente el teólogo más influyente del siglo XX, titulaba de este modo un libro sobre la Iglesia católica. El dominico defendía que, para evitar cismas, las reformas de la Iglesia debían de producirse en su seno, de ahí la bastardilla. Nuestra universidad adolece, sensu contrario, del mismo mal. Por eso, la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) que presentará en septiembre el ministro Castells, para su aprobación por el Congreso, debería anunciar una verdadera reforma de la Universidad. Su actual estado de postración es fruto del modus operandi de dos agencias estatales notoriamente dañinas: la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora (CNEAI), que valora las publicaciones de los profesores; y la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), que los selecciona mediante comisiones y expertos anónimos, fingidamente independientes.

Como ya apuntaron Cajal y Marañón, la raíz del atraso científico de España está en la selección del profesorado universitario. La composición de los tribunales, que antes era por sorteo, ahora se controla de forma opaca por estas dos agencias. Llamarlas opacas no es un juicio de valor, sino una descripción del Tribunal Supremo, lo que socava su pretendida independencia y estimula la promiscuidad endogámica y el nepotismo. Seleccionar al profesorado compete a las universidades, en virtud de su autonomía, pero los procedimientos tienen que ser transparentes porque la opacidad es una injusticia grave que vulnera el derecho de los profesores a que no existan secretos, pues “son injustas todas las acciones que se refieren al derecho de otros hombres cuyos principios no soportan ser publicados” (Kant, Sobre la paz perpetua).

En economía, CNEAI sólo evalúa las revistas medidas con los índices de impacto JCR/SJR que, aunque tengan indudable calidad científica, no son las únicas. Tampoco la valoración de publicaciones se ajusta al método científico, porque CNEAI no comprueba si son correctas las afirmaciones que contienen. Hay un puñado de Premios Nobel de economía que lo obtuvieron por investigaciones rechazadas en revistas de calidad. Por otro lado, ANECA y CNEAI niegan calidad a investigaciones publicadas antes de que proliferasen las revistas JCR/SJR. Esto nos sitúa frente al absurdo de que Fuentes Quintana no habría sido acreditado, tampoco Rojo, dos de los maestros de mi generación. Por ello, deben acatar la jurisprudencia del Tribunal Supremo (STS 986/2018, 12/6/2018) que avala la doctrina que exige considerar el contexto histórico en el que se publicaron. No hacerlo es gravísimo porque pervierte el fin de cualquier evaluación: enviar señales numéricas y/o cualitativas sobre la calidad. La revisión por pares de las publicaciones científicas, que todos defendemos, debe distinguirse de la opacidad, arbitrariedad, y ausencia de controles de estas dos agencias, que yerran cuando valoran la valía del investigador sólo según el número de publicaciones en revistas JCR/SJR. Hasta un chiquillo con uso de razón podría hacer su trabajo.

El Estado es cómplice de ANECA y CNEAI porque las evaluaciones positivas repercuten sobre los presupuestos, al firmarlas un funcionario del Ministerio. Sólo los bendecidos por CNEAI obtienen evaluaciones positivas y se embolsan los proyectos de investigación. Esto, creo, tiene un nombre. Asimismo, obtener proyectos facilita conseguir otros nuevos y ser acreditado por ANECA. Dado que sin proyectos no hay acreditación y sin acreditación no hay proyectos, las acreditaciones deberían ser más que cristalinas. Ser investigador principal es clave en la universidad porque ANECA, aunque se obstine en negarlo, sólo puntúa los currículos de quienes lo son.

También el Ministerio actúa así cuando adjudica proyectos. En la última convocatoria (BOE 100, 27/04/2021) sólo tienen acceso quienes hayan obtenido ayudas previas, tampoco considera los proyectos europeos, lo cual es absolutamente incomprensible ¿Cómo pretenden el Ministerio y ANECA presumir de calidad si repudian los proyectos europeos? ¿Será porque pierden el control endogámico? Deberían leer a Marañón: “Nada perjudica al florecimiento científico y a la eficacia de la Universidad como el mantenerse separado de lo universal” (Cajal: su tiempo y el nuestro). Al conceder proyectos, el evaluador anónimo decide opaca y arbitrariamente sobre el solicitante, incumple la normativa (pues sólo considera las publicaciones JCR, y desestima los SJR), y reserva la concesión para los cercanos. Tanto el Ministerio como ANECA y CNEAI han actuado así para denegar la acreditación a catedrático a un microbiólogo de la Universidad de Alicante, nominado varios años para el Nobel de Medicina y Química. Seguirá siendo profesor titular toda la vida.

No cabe pensar en una verdadera reforma en la universidad sin abordar “la transformación radical y definitiva de la aptitud y del ideario de la comunidad docente. Y hay pocos hombres capaces de ser cirujanos de sí mismos. El bisturí salvador debe ser manejado por otros” (Ramón y Cajal, Reglas y Consejos sobre investigación científica). Sólo podemos esperar una verdadera reforma de la universidad si el ministro Castells incluye en la LOSU la supresión de ANECA y CNEAI, al tiempo que ofrece al Congreso el bisturí sanador para que las extirpe y dejen de hacer daño a la universidad y a España.

Manuel Sanchis i Marco es profesor titular de Economía Aplicada de la Universidad de Valencia, execonomista de la Comisión Europea, y miembro de España Cívica.

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