tribuna
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El desafío de la España de las regiones a PP y PSOE

La alianza de Ximo Puig y Juan Manuel Moreno es una expresión de un nuevo tipo de regionalismo centrípeto que impugna la visión de España desde Madrid que tienen los grandes partidos

El presidente de Andalucía, Juan Manuel Moreno (izquierda) y el de Valencia, Ximo Puig, el pasado 21 de septiembre en Sevilla.
El presidente de Andalucía, Juan Manuel Moreno (izquierda) y el de Valencia, Ximo Puig, el pasado 21 de septiembre en Sevilla.María José López - Europa Press (Europa Press)

La reunión entre los presidentes Ximo Puig y Juan Manuel Moreno simboliza una clara impugnación, desde dentro, a ciertas lógicas que han teñido al bipartidismo en estos años, y en concreto, a la política entendida exclusivamente a través de los intereses de las sedes de Ferraz y Génova, o de la M-30. En primer lugar, por el rechazo frontal de dos barones territoriales al fenómeno de la polarización. Eso ha impedido a Partido Popular y PSOE acercarse en el Congreso ante el temor a los partidos nuevos. Segundo, por la contestación de Puig y Moreno a las formas del Madrid político. Tan ensimismadas en sus cuitas de poder radicadas en La Moncloa y las Cortes Generales, las formaciones nacionales han descuidado las urgencias de financiación de esa España existente bajo el apelativo de “periférica”.

Sin embargo, la lucha territorial nunca fue más multipolar y evidente en nuestro país que en la actualidad. Va más allá del madridcentrismo de la popular Isabel Díaz Ayuso, o de las mesas de diálogo de Pedro Sánchez con el independentismo catalán. Es decir, que excede a algunas de las regiones más ricas, y en las que está siempre puesto el grueso de la atención política y mediática. Al contrario, el movimiento de varios barones de la España infrafinanciada debe entenderse como una forma de contrarrestar un malestar encubierto: el del olvido institucional, que ya cristaliza en un fenómeno como el neocantonalismo.

Se trata de la sensación creciente en España de que es necesario crear un partido regionalista, por pequeño que sea, para hacerse valer en el tablero de poder estatal. Se palpa hasta en las nuevas generaciones. Hace escasos días participé en una conferencia sobre partidos de ámbito no estatal (PANE), organizada por grupo de jóvenes de las islas Baleares, donde alguno me preguntó si un partido netamente regionalista balear tendría más capacidad de visibilizar sus demandas en el parlamento nacional. Podríamos inferir que sí.

Ese neocantonalismo convive precisamente en la XIV legislatura del Congreso de los Diputados. Muestra de ello es el inédito y abultado número de escaños (unos 40 de 350) ocupados por partidos regionalistas, nacionalistas e independentistas. A saber: Teruel Existe, BNG, PNV, Partido Regionalista de Cantabria, Coalición Canaria, Nueva Canarias, Bildu, ERC, CUP, UPN, Junts per Catalunya, Foro Asturias, Compromís… Muchos de ellos no tienen su oficina en Madrid, Barcelona o Euskadi, sino en otros puntos del territorio. Por eso, sería un error reducir el fenómeno a lo identitario, cuando ello se da incluso en zonas donde no hay una tradicional pulsión de ruptura. Véase la existencia de la plataforma cívica ¡Soria, ya!

Otra circunstancia parecida ocurre en varios parlamentos autonómicos. Más Madrid superó al PSOE en las elecciones madrileñas del pasado 4-M. Teresa Rodríguez pareciera pergeñando una candidatura andalucista. El BNG suplió a Podemos en 2020 en Galicia. Ciudadanos transigió con la creación de Navarra Suma, junto al PP y UPN, en 2019.

En consecuencia, la queja soterrada de las formaciones regionalistas ilustra dos fallas de funcionamiento, desde el Estado, en la gestión de la pluralidad territorial. De un lado, la progresiva pérdida de capacidad del sistema de partidos nacionales de recoger y representar algunas de esas necesidades, y del otro, el fracaso en los mecanismos de ordenación del poder autonómico.

En el primer caso, parte de la ruptura del sistema político entre 2015 y 2020 estuvo cruzada por el mismo nervio. Podemos intentó agregar las pulsiones plurinacionales, mediante sus confluencias, capitalizando el abandono de la bandera descentralizada del que se acusaba al PSOE. Ciudadanos trató de representar el sentir de la España vaciada, frente a un PP con dificultades de regeneración. Vox bebió de otra forma de nacionalismo, el español, en oposición al procés catalán y al modelo autonómico.

En segundo lugar está la depauperación en el funcionamiento institucional. La reforma de la financiación lleva caducada desde hace siete años por la crisis, la forma cómo el independentismo se apeó de la gobernabilidad en 2017, o por el desacuerdo entre PP y PSOE. Asimismo, crece la percepción de que la Conferencia de Presidentes Autonómicos sirve sólo para la foto, porque las 17 autonomías no están en pie de igualdad, dado que partidos como el PNV obtienen suculentos acuerdos por otras vías. Un tercer ejemplo es el Senado, una institución ineficaz para representar a los territorios. Eso explica a su vez la territorialización que se da en el Congreso, en contra del espíritu de la Cámara baja.

En consecuencia, Puig y Moreno simbolizan la intuición de cómo PP y PSOE buscan recoger el testigo de ese neoncantonalismo centrífugo, pero ahora desde la lógica del bipartidismo periférico, para darle una salida de pulsión integradora, centrípeta. Es decir, la idea de construir un proyecto nacional conjunto que acoja la reivindicación de la España plural, descentralizada, aunque con un reparto justo del poder y del dinero. Y por qué no: una estrategia del bipartidismo para posicionarse electoralmente para los comicios autonómicos y municipales de 2023 frente a Ciudadanos, Podemos, Vox, y ese regionalismo incipiente.

Estefanía Molina es politóloga y periodista. Es autora de El berrinche político (Destino).

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