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La nueva ley audiovisual: la necesaria cooperación

Es preciso modificar el anteproyecto del Gobierno para garantizar una mejor protección de los derechos de la ciudadanía en el entorno digital

Nicolás Aznárez
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La digitalización ha comportado un cambio de paradigma en el sector audiovisual. Ha cambiado los hábitos de consumos de la ciudadanía y las plataformas digitales se han convertido en los principales servicios donde, especialmente los más jóvenes, visionan contenidos audiovisuales. Unas plataformas que, a diferencia de los medios audiovisuales tradicionales, están bajo una regulación totalmente insuficiente.

Este desequilibrio regulador provoca que, en estos momentos, los contenidos ilícitos o más perjudiciales se concentren en el entorno digital, como por ejemplo la proliferación de la desinformación, los mensajes dañinos para los menores, los que incitan al odio o la publicidad encubierta.

La Comisión Europea trató de dar respuesta a esta situación modificando la directiva de servicios audiovisuales. El objetivo era incorporar en el ámbito subjetivo de la regulación los servicios televisivos a petición, las plataformas de intercambio de vídeos y, en su caso, las redes sociales. Y cabe decir, que algunos países ya han introducido esta modificación, aprobada por la CE en noviembre de 2018, en sus ordenamientos jurídicos.

En el Estado, el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital ha concluido dos períodos de información pública del anteproyecto de Ley General de Comunicación Audiovisual, que tiene carácter normativo básico. Una propuesta que si bien recoge los puntos principales de la nueva directiva europea, presenta algunos déficits que a nuestro entender, no contribuyen a una regulación equilibrada y eficaz.

En primer lugar, el texto presenta algunas afectaciones competenciales sobre la organización del servicio público audiovisual autonómico que estamos convencidos de que en el trámite de análisis de las alegaciones se corregirán. Así mismo, entendemos que debería ser más ambicioso en promover la contribución de las grandes plataformas digitales a la producción local y a la diversidad cultural.

Y en tercer lugar, creemos que el texto propuesto no responde, en lo que hace referencia al marco competencial, al nuevo ecosistema audiovisual. Los retos que tenemos hoy son globales, y requieren más que nunca, una actuación concertada de todos los organismos reguladores independientes que hay en el Estado. Entre ellos, y con el resto de reguladores europeos.

El anteproyecto deja prácticamente en manos de la autorregulación y la corregulación por parte del propio sector el establecimiento de medidas y mecanismos parar proteger, por ejemplo, los derechos de los menores o de personas con discapacidad. La experiencia demuestra que la autorregulación ha ofrecido muchas carencias en España, bien percibidas por la opinión pública. Todos somos conscientes de la relevancia de contenidos audiovisuales con conductas sexistas o discriminatorias. Y la frecuente ignorancia de compromisos adquiridos. Los medios pueden desempeñar un deseable complemento en la regulación, pero no sustituir a las organizaciones que garantizan esa protección. Es inquietante, en esa misma línea, que desaparezca del régimen sancionador el incumplimiento de resoluciones de la autoridad audiovisual en pro del pluralismo.

La experiencia alcanzada en estos últimos años por instituciones pioneras en el Estado como el CAC (creado el año 2000), el CAA (creado el 2005), y más recientemente, del recién creado CACV, permiten aportar y compartir conocimientos en cuestiones tan relevantes como la protección de las personas menores de edad, discurso de odio, publicidad encubierta, desinformación o alfabetización mediática.

Los consejos disponemos de una amplia trayectoria en la regulación audiovisual y en los últimos años ya hemos incorporado sistemas de control de los contenidos de riesgo en el mundo digital. Por todo ello, queremos expresar la oportunidad que ofrece la nueva normativa para poner en valor la tarea que realizan las diferentes autoridades audiovisuales y la necesidad de establecer como un eje básico de relación, el principio de colaboración entre ellas.

De hecho, no se trataría de ninguna novedad a nivel europeo, ya que este ha sido el posicionamiento de otros Estados descentralizados, como por ejemplo el alemán o el belga.

A nuestro entender, pues, es necesario modificar el anteproyecto de Ley de tal manera para adaptar la distribución competencial a la nueva realidad audiovisual estableciendo una actuación concertada entre las autoridades reguladoras independientes existentes en el Estado en materia de supervisión y control de los contenidos en las plataformas de intercambio de vídeos o el control y la supervisión de las obligaciones relativas a la promoción de obras europeas de los servicios a petición, entre otros.

Desde el CAC, el CAA y el CACV queremos participar, desde el principio de optimización de los recursos públicos, y en colaboración con la CNMC, en la regulación del nuevo entorno digital en los ámbitos en los que ya contamos con experiencia contrastada.

Se trata de tener visión estratégica para aunar esfuerzos y garantizar así una mejor protección de los derechos de la ciudadanía en el entorno digital. Y sería una mala táctica no actuar con todos los activos de que disponemos. Una colaboración, además, que es plenamente consecuente en el marco de un estado descentralizado.

Roger Loppacher es presidente del Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC); Antonio Checa, presidente del Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA), y Josep Maria Vidal, presidente del Consejo Audiovisual de la Comunitat Valenciana (CACV).

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