ABRIENDO TROCHA
Columna
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Sometiendo a la justicia: ‘urbi et orbi’

De poco -o nada- sirven estándares democráticos para frenar los apetitos autoritarios en Hungría o Polonia; o las más recientes y fulgurantes de Bukele en El Salvador

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele.
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele.United Nations (AP)

Si bien el urbi et orbi es sobre la bendición papal -aplicable a “todo el mundo”-, el hecho es que sería aplicable a la ola autoritaria que ahora baña a países de diferentes continentes y que tiene su médula en el sometimiento a la justicia por el poder político. Y con algo más en común: las limitaciones de las organizaciones globales y regionales para detener esa ola.

Los ejemplos sobran. Dos de Europa y uno reciente de América Latina, son ilustrativos de esto y de la relativa impunidad que se va imponiendo. De poco -o nada- sirven estándares democráticos -europeos o latinoamericanos- para frenar los apetitos autoritarios en Hungría o Polonia; o las más recientes y fulgurantes de Bukele en El Salvador. Y hay, por cierto, más ejemplos.

En Europa se cuenta con herramientas financieras que, en teoría, deberían haber sido eficaces dadas las normas y valores de la Unión Europea que Hungría y Polonia vienen confrontando repetidamente. Han desafiado la supremacía de la legislación de la UE y eludido las sentencias del más alto tribunal del bloque, además de los informes y recomendaciones de la ONU.

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Ahora Bruselas ha pasado al “materialismo histórico”: la herramienta del dinero reteniendo miles de millones de dólares en subvenciones a Hungría y Polonia, y aplicando fuertes multas a Polonia por no acatar decisiones del más alto tribunal del bloque, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Según parece, sin embargo, los gobiernos de los dos países no han acatado esas decisiones. O las han impugnado ante este mismo Tribunal en medida ostensiblemente orientada a ganar tiempo.

La impune aplanadora de injerencia del poder político en la justicia es acaso más transparente y chocante en El Salvador reciente con la impune demolición de la independencia judicial en dos tiempos. Primero, en abril, con la destitución arbitraria -sin proceso previo ni derecho a la defensa- de todos los integrantes de la Sala Constitucional de la Corte Suprema y del Fiscal General. Segundo, con dos leyes aprobadas precipitadamente hace un mes con las que barrieron de un plumazo con el principio de la inamovilidad y sacaron de la función judicial a la tercera parte de sus integrantes.

Junto con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hemos enviado -y hechas públicas- dos comunicaciones al gobierno de ese país centroamericano rechazando esas decisiones que confrontan los estándares internacionales. También se manifestó su discrepancia con la medida de abril el secretario general de la OEA. Sin embargo, los países miembros de la organización interamericana no han puesto en agenda el asunto en el Consejo Permanente, que es lo que de acuerdo a la Carta Democrática Interamericana sería aconsejable hacer.

Sí en Europa el sistema regional tiene “dientes” financieros, en la región latinoamericana prácticamente ello no ocurre. Por ejemplo, con la banca multilateral regional de desarrollo; en teoría podría tener algo que ver. Sin embargo, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) no tienen en su convenio constitutivo referencias a la institucionalidad democrática.

En el caso del BID, aunque su estrategia institucional vigente sí establece que uno de los tres temas transversales que deben tenerse en cuenta para las prioridades estratégicas es el Estado de derecho, no parece operar ello como condición. Por otro lado, desde la Cumbre de las Américas en Quebec (2001) se enfatizó la importancia de la relación entre la democracia, el desarrollo y su financiamiento.

Algunas vibras financieras, pues, se debieran haber activado cuando la institucionalidad democrática se ha visto confrontada. No hay, sin embargo, señales en tal dirección ni conexión con lo que eventualmente se pudiera decidir, por ejemplo, en los espacios políticos de la OEA sobre el estándar democrático en un país.

El hecho es que con herramientas institucionales y financieras o sin ellas, al fin de la historia una suerte de impunidad autoritaria localista parece imponerse por encima y al margen de estándares democráticos internacionales que son muy semejantes en Europa y América Latina. ¿Callejón sin salida?

La dinámica real de este tipo de situaciones es, por cierto, diferente en Europa y América Latina. En la primera existe una normatividad dotada no solo de herramientas coercitivas más claras para hacer valer estándares y procedimientos acordados entre los países por decisión soberana. También se han dado pasos concretos. Esto no ha ocurrido en la OEA cuyo Consejo Permanente parece haberse puesto de perfil.

En cualquier caso, el hecho es que las señales internacionales no parecen haber tenido impacto decisivo, en ninguna de las dos regiones, para cambiar el rumbo de las cosas ni las decisiones políticas en plena ejecución, para minar la independencia judicial. Si han servido para llamar la atención sobre hechos muy graves y que no queden ocultos bajo la alfombra. Mientras tanto, sin embargo, una conclusión cruda y dura: ante situaciones como estas es la dinámica política e institucional interna, en cada país, así como el papel activo y protagónico de su ciudadanía e instituciones, en donde reposan las capacidades medulares para responder cuando una democracia se ve atacada.

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