tribuna
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¿Por qué pagamos la luz tan cara?

Todos los gobiernos han utilizado el precio de la electricidad como instrumento recaudatorio y de acción política. La tarifa regulada, además de un derecho, es una buena decisión

Cinta Arribas
Fernando Ferrando

El pasado 22 de octubre finalizó el periodo de consulta para modificar la tarifa regulada (PVPC) de electricidad a los pequeños consumidores, tarifa que engloba a más de 10,5 millones, que todavía no han decidido abandonarla, a pesar de las múltiples campañas de publicidad, para pasarse al mercado liberalizado.

En los últimos meses estamos viviendo el incremento histórico de los precios en el mercado eléctrico provocado por el aumento del precio del gas natural en los mercados internacionales y de los derechos de emisiones de CO₂, como determinó en su informe el Banco de España, situación que no sería tan alarmante si ese incremento solo se aplicara a aquellos kilovatios que realmente se están produciendo con gas natural. Para hacernos una idea: en lo que llevamos de año, solamente el 15% se ha generado en las centrales de ciclos combinados de gas, por lo que el 85% restante corresponde a centrales que acaban cobrando un precio de la electricidad muy por encima de lo necesario para que sean rentables y de lo que han ofertado en el mercado.

Tras la COP26, donde han evaluado los planes y las tendencias de descarbonización de los distintos países, no podemos permitirnos una electricidad cara, ya que nos podría condenar al incumplimiento de muchos de los objetivos fijados. Dentro del marco del Acuerdo de París hemos adoptado, como objetivo de la política energética, la reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) y la electrificación de la demanda de energía para conseguir la erradicación de la dependencia de los combustibles fósiles. Por tanto, la situación actual es, como mínimo, incomprensible, ya que el precio de la electricidad, que debe sustituir al gas natural, lo fija, precisamente, el propio gas natural, provocando que esta no sea competitiva como vector energético.

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Que el diseño del mercado eléctrico no traslade una señal precio transparente con los costes que originan la electricidad, base de cualquier política energética que quiera apostar por la eficiencia y por el consumo responsable, no es razón de peso para pensar que la tarifa eléctrica doméstica deba diseñarse eliminando o amortiguando su exposición al mercado, una situación de falta de transparencia que se verá ratificada si al final el Gobierno decide aprobar mediante real decreto ley una “subasta” a precio fijo para las centrales renovables y de cogeneración, sujetas al marco retributivo regulado.

Cuando las comercializadoras ofrecen tarifas planas, sin variaciones en los precios y con horas de electricidad gratuitas a elección del consumidor, lo que están haciendo es romper la corresponsabilidad de los costes con los precios y dar señales ineficientes y ajenas a la realidad al consumidor. De hecho, como consecuencia de la situación de volatilidad del mercado mayorista y de la campaña de ofertas a precio fijo de las grandes eléctricas, muchos consumidores están abandonando la tarifa regulada para pasarse al mercado liberalizado.

Mantenerse en la tarifa regulada, incluso con el actual diseño, además de ser un derecho es una buena decisión. Si analizamos, por ejemplo, el periodo de los últimos cinco años, podemos ver que el consumidor que estaba en la tarifa regulada pagó un 14% menos que si hubiera estado en el mercado libre y, aunque se incluyan los efectos de los precios de 2021 en un cómputo plurianual, la situación sigue siendo favorable para la tarifa regulada.

Pero, antes de culpar al funcionamiento no idóneo del mercado mayorista, creo que es necesario analizar algunas consideraciones sobre la actual conformación de la tarifa eléctrica y que se ha convertido, a nivel doméstico, en una de las más caras de la Unión Europea (UE).

El primer punto es que ningún gobierno ha considerado a la electricidad como un bien de primera necesidad, sino como un elemento recaudatorio y un instrumento para hacer política territorial e industrial. Si analizamos 2019 podemos ver cómo los consumidores domésticos, Tarifa 2.0, pagaron en impuestos 61,67 euros por cada megavatio hora (MWh) consumido, más de lo que costó generar la electricidad que fue como valor medio 47,69 euros/MWh. Este precio no solo está definido por tener un tipo de IVA igual que el de un bien de lujo (un 21%), mucho más alto que el de países de nuestro entorno con tipos más reducidos (Francia, un 5,5% y doble tipo, Portugal y Grecia, un 6%, Italia, un 10% ...), sino también por el impuesto de electricidad (5,11%), por el impuesto de generación con voluntad medioambiental del 7% que, a pesar de su nombre, se aplica a toda la generación, contamine o no, o el destino no definido de la recaudación del coste de CO₂ a la generación emisora. Estos impuestos han sido rebajados para reducir la presión mediática, pero según la propuesta del Gobierno para los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2022, estos volverán a sus valores de origen y así recuperar su papel recaudatorio.

En segundo lugar, un 58% de la tarifa, antes de impuestos, para un año como 2019 (que se corresponde con la media de los últimos años), son partidas fijadas y reguladas por el Gobierno vía BOE. Es decir, si tenemos un precio de la electricidad elevado, la responsabilidad no solo es del diseño del mercado mayorista, sino también de la decisión regulatoria del Gobierno. Es el principal argumento que esgrimían desde Bruselas al decir que los gobiernos tienen instrumentos para actuar, sin que esto les exima de la responsabilidad de proponer un diseño del mercado mayorista más adecuado con el mix de fuentes de energía que participan en la actualidad.

Volvamos a los costes regulados y a las posibilidades abiertas para legislar sobre ellos. El elemento más importante en cuantía es el marco retributivo de las inversiones renovables y la cogeneración que supusieron 7.367 millones de euros en 2019. El Gobierno ha presentado al Congreso el Anteproyecto de Ley del Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE), aprobado en diciembre de 2020, para que el 73% de estos costes sean asumidos por todos los consumidores energéticos y no solo por los eléctricos.

Esta medida es razonable y justa porque el consumidor eléctrico no puede ser el que, por cumplir con los compromisos medioambientales asumidos como país, acabe pagando las consecuencias. Según la redacción actual, para el consumidor doméstico supondría una rebaja en el precio de la luz del 13%, rebaja que, de forma inexplicable, se llevará a cabo de forma progresiva en cinco años. Esta medida debe ayudar a fomentar lo que tenemos en abundancia y no contamina, como son las renovables, y no lo que no tenemos y contamina, que son los combustibles fósiles.

Por cuantía, la siguiente partida sería la retribución a la actividad de distribución de electricidad que supone 5.891 millones de euros. En este caso, cuatro empresas tienen el 90% de la propiedad de la distribución. Respecto al transporte, es una actividad que desarrolla en monopolio Red Eléctrica de España (REE), que recientemente ha presentado los resultados de los primeros nueve meses del año con un beneficio, antes de impuestos, equivalente al 49% de los ingresos. Esta cifra, obviamente, se sale de todos los estándares de actividades empresariales, sobre todo si se considera que es vital para el suministro de un bien esencial. Se trata de una retribución del 5,88%, basada en un retorno a la inversión exento de riesgo, ya que es independiente de la electricidad transportada o distribuida.

Las redes eléctricas, sobre todo la de distribución, son la base de la automatización y la digitalización del sistema eléctrico que debe permitir y facilitar que el autoconsumo y la movilidad eléctrica se desarrollen y que los consumidores podamos actuar y tengamos algo más que decir, además de firmar los contratos de suministro.

El resto de las partidas que se incluyen en los costes que pagamos por la electricidad, como los costes originados por la cohesión territorial, 1.093 millones de euros para 2019, deben ser asumidos por los PGE y no por la tarifa, como así se pactó en 2009. Y lo mismo ocurre con la anualidad para la amortización de la deuda por el déficit tarifario, 2.696 millones de euros, que, al margen de las discusiones sobre su origen, podría extender el plazo de amortización, según la regulación hasta 2034, lo que supondría una importante rebaja.

Pero, además, la tarifa encierra una asignación de los costes fijos en mayor proporción para los consumidores domésticos que para el resto, lo que conlleva una subvención encubierta a la industria. De hecho, para 2019, los costes regulados asignados, antes de impuestos, para el consumidor doméstico, Tarifa 2.0, fueron de 179 euros/MWh, un 77% más que para la pequeña industria, Tarifa 3.0, o 3,6 veces más que para los grandes consumidores, Tarifa 6.1.

¿Por qué es tan cara la luz? Pues, simplemente, porque la tarifa eléctrica ha sido siempre el cajón de sastre que todos los gobiernos han utilizado como instrumento recaudatorio y de acción política. Esperemos que la consulta pública no sea solo un acto de cara a la galería, sino que sirva para considerar a la electricidad como un derecho y un bien de primera necesidad y no solo un negocio.

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