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Queremos votar

La calle forma parte del espectáculo del multilateralismo en acción, pero, ¿influye realmente en las declaraciones finales? Quedan en manos de técnicos, diplomáticos y políticos

Vista general de la sede de la COP26 en Glasgow (Reino Unido).
Vista general de la sede de la COP26 en Glasgow (Reino Unido).YVES HERMAN (REUTERS)

Se ha vuelto a ver en Glasgow: la brecha entre los que protestan en la calle —jóvenes, sobre todo— y los que negocian —representantes oficiales, no tan jóvenes, por ser amables—; entre quienes toman las decisiones hoy y los que sufrirán sus consecuencias mañana. La calle forma parte del espectáculo del multilateralismo en acción, pero, ¿influye realmente en las declaraciones finales? Estas, ya se sabe, quedan en manos de técnicos, diplomáticos y políticos. Del resultado en esta ocasión, ni hablamos. Un ejemplo: Greta Thunberg y otros jóvenes han presentado una petición legal a António Guterres para que Naciones Unidas declare el nivel 3 de emergencia, el más alto de la organización, por la crisis climática. Ello significaría más recursos, siguiendo lo que se ha hecho para combatir la pandemia. La solicitud ha pasado casi desapercibida en los medios y, de momento, no tiene respuesta de la ONU.

Es uno de los grandes desafíos de la gobernanza global: la necesidad de incorporar en la discusión y en la toma de decisiones a todos los actores, no solo a los Estados. ¿Es posible abordar el cambio climático o la gestión de los bienes comunes sin contar con las ciudades, con las organizaciones ecologistas o con la industria? ¿Es posible abordar el futuro de internet sin incluir a las grandes empresas o a las asociaciones de consumidores? La cuestión lleva tiempo sobre la mesa y ha recibido el nombre —atención al palabro— de multistakeholderism: incluir a todas las partes implicadas. Existen ya numerosas MSI (en la jerga técnica): alianzas voluntarias entre gobiernos, sociedad civil y sector privado, que buscan mejorar aspectos concretos relacionados con la sostenibilidad o los derechos humanos, como el acceso global a las vacunas, el avance de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la producción textil y alimentaria, o la extracción de petróleo y gas.

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A día de hoy existen serias dudas sobre su eficacia real, en cuanto a su legitimidad y en cuanto al choque entre la defensa del interés público y el privado, sobre todo cuando detrás hay grandes corporaciones. Sigue siendo, sin embargo, un debate necesario, en momentos en que la ciudadanía global no siente sus intereses defendidos adecuadamente por los políticos. Queremos votar, en temas que nos afectan a todos, pero no existen los mecanismos para hacerlo.

En los últimos años, se han puesto en marcha diversos ejercicios de deliberación ciudadana (recientemente, la asamblea por el clima en España, por ejemplo), aunque no son vinculantes. Otros proyectos vislumbran la posibilidad de una votación global digital, que todavía suscitan grandes problemas de seguridad, de acceso, de alfabetización digital. Pero hay dos cosas claras: una creciente demanda por participar en este tipo de cuestiones y la oportunidad de aprovechar la tecnología para gobernarnos de otra manera. Parecen ideas lejanas, pero llegarán, no tardando mucho.

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