editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

Túnez, democracia arruinada

El control de la judicatura por parte del presidente Saied culmina la regresión autoritaria en el país

Manifestación contra el presidente tunecino en las calles de la capital, el 13 de febrero.
Manifestación contra el presidente tunecino en las calles de la capital, el 13 de febrero.MOHAMED MESSARA (EFE)

La Constitución dejó de tener plena vigencia en julio de 2021, cuando el presidente de la República de Túnez, Kais Saied, destituyó al primer ministro y suspendió las actividades del parlamento, atendiendo a una discutible interpretación de las “medidas excepcionales” pero temporales que le permite tomar la Constitución. Elevado al poder gracias una elección presidencial plebiscitaria, este jurista conservador y populista ha ido concentrando todo el poder en sus manos, anuló al poder legislativo primero de forma permanente y ahora ha decretado la clausura del Consejo Superior de la Magistratura.

Said ha erigido su poder cada vez más omnímodo en la reacción frente a los efectos de la pandemia, el desastre de la economía, la corrupción y la fragmentación política, en una exhibición ejemplar de la deriva autoritaria y personalista de los populismos. Ha argumentado el ataque al poder judicial y la absorción de sus competencias en la corrupción de jueces nombrados por su organismo de gobierno, pero ha sido él personalmente quien ha determinado la existencia de tales delitos. Túnez en poco se diferencia ya de los países gobernados autoritariamente de su entorno. Muy poco en el carácter de la represión creciente contra la oposición, que ya ha empezado pero todavía no alcanza los niveles habituales en países como Egipto o Arabia Saudita. La excepción tunecina, que todavía alentaba en quienes sostenían el carácter temporal de las decisiones de Saied, ha dejado de existir.

El último paso que falta para culminar el proceso es la formalidad de su plasmación jurídica en la nueva Constitución que Saied se propone someter a plebiscito el próximo 25 de julio, cuando celebrará el primer aniversario de la suspensión del parlamento. Quienes la están redactando no son, por supuesto, ciudadanos surgidos de la elección democrática, sino juristas nombrados por el presidente. Con este marco constitucional a medida, el dictador convocará unas elecciones generales, que ya ha anunciado para diciembre, a las que acudirá sin duda un partido organizado desde la presidencia de la República, momento en el que Túnez tendrá todas las características de los regímenes autoritarios que proliferan en el mundo árabe. Saied no ha destruido únicamente la Constitución más avanzada de esta región africana, sino también ha liquidado la esperanza que significaba la democracia pluralista y abierta surgida de la revuelta de los jazmines que derrocó al dictador Ben Ali en 2010. No es extraño que la deriva de Saied reciba los plácemes de las monarquías petroleras, la discreta complacencia de China y las simpatías de todos los regímenes que cifran en este fracaso la superioridad de la mano dura y la concentración de poder sobre las democracias liberales.

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