Editorial
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La dimisión de Oltra

La imputación de la vicepresidenta valenciana daña su credibilidad y debilita al Gobierno de coalición de la comunidad

Mónica Oltra, en un acto de Compromís en Valencia, el pasado 18 de junio.
Mónica Oltra, en un acto de Compromís en Valencia, el pasado 18 de junio.Jorge Gil (Europa Press)

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha llamado a declarar como investigada a Mónica Oltra, vicepresidenta de la Generalitat, el próximo 6 de julio por un presunto encubrimiento de los abusos sexuales de su entonces marido a una menor tutelada de 14 años. El caso se remonta a 2017, cuando Oltra era ya consejera de Igualdad y Políticas Inclusivas (y responsable de los centros de menores) además de vicepresidenta. El juez de instrucción cree que pudo haber un desamparo intencionado a la menor tutelada y ha imputado ya a los 11 funcionarios del equipo de la consejería. Al ser aforada Oltra, el juez solicita al tribunal que la interrogue sobre su actuación entonces. El tribunal reconoce la ausencia de “prueba directa” contra ella, pero aduce también “indicios plurales” de una conducta concertada y una respuesta idéntica por parte de los funcionarios de la consejería que podría delatar una estrategia de protección de la misma Oltra o de abandono de los derechos de la víctima, cuya denuncia fue minimizada o desatendida por la consejería por falta de credibilidad. El exmarido de Oltra fue condenado a cinco años por abusos sexuales a la menor, aunque la sentencia está recurrida ante el Tribunal Supremo.

La negativa a dimitir de Oltra, también portavoz del Consell presidido por el socialista Ximo Puig, la ha colocado a ella misma y a su Gobierno en una posición insostenible. Actos y declaraciones de apoyo sin fisuras de su partido, Compromís, como los vividos el viernes y el sábado no ayudan a encontrar la salida a un problema que pone en jaque al Gobierno valenciano. Compromís ha recordado que la destitución de Oltra podría conducir a la ruptura de la coalición. Pero es que, ahora mismo, la permanencia de la vicepresidenta en sus cargos erosiona la acción del Gobierno de socialistas, Compromís y Unides Podem. La dimisión ante la gravedad de las imputaciones de la fiscal y del juzgado de Instrucción (y del propio tribunal) es la única salida para proteger las instituciones, defender su inocencia y abrir la puerta a un eventual regreso en cuanto se dirima la causa.

Mientras tanto, cada día que pasa la resistencia a ceder el cargo perjudica un poco más la credibilidad política de la responsable del pacto del Botànic y debilita su propia posición en un Ejecutivo que llegó a la Generalitat con la bandera de la ejemplaridad. Poco tiene que ver en este asunto de la ejemplaridad la filiación ideológica —de ultraderecha— del abogado de la menor, la querella interpuesta por una fundadora de Vox o que el mismo Vox se haya sumado a la denuncia. La gravedad de la cuestión explica que la Fiscalía y los tribunales, primero el juez instructor que lo pide y ahora el Superior, se hayan interesado en recabar el testimonio de la investigada y es esa misma circunstancia la que debería convencer a Oltra de la conveniencia de declarar sin ostentar un cargo político de la relevancia del suyo.

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