De mar a mar
Columna
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El obispo Álvarez, secuestrado por Ortega en Nicaragua

La pareja presidencial del país camina a paso acelerado hacia el totalitarismo, destruyendo el entramado civil

Una manifestación contra la represión en Nicaragua, este 19 de agosto, ante la embajada nicaragüense en Costa Rica.
Una manifestación contra la represión en Nicaragua, este 19 de agosto, ante la embajada nicaragüense en Costa Rica.OSCAR NAVARRETE (AFP)

A las 3.40 de la madrugada del viernes pasado, la policía de Nicaragua ingresó en el palacio episcopal de Matagalpa y secuestró al obispo de esa ciudad, Rolando Álvarez Lagos. Unas horas antes, él había emitido un tuit con este texto: “Preocupémonos por llevar el traje de fiesta en el Reino de Dios”.

El comunicado que emitió la policía carece de referencias a orden judicial alguna. Consigna que Álvarez fue puesto bajo arresto en una residencia familiar de Managua. Y que los demás detenidos fueron llevados a esa ciudad para “las indagaciones de ley”.

Los cargos que se le hacen al obispo son tan imprecisos como realizar actividades “desestabilizadoras y provocadoras”. El parte consigna que después de las detenciones se pudo “recuperar la normalidad para la ciudadanía y las familias matagalpinas”.

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Según el abogado Yazer Morazán, con tal de no tener testigos, los uniformados no solo procedieron durante la madrugada, sino que obligaron a cerrar sus puertas a un comercio vecino, que atiende las 24 horas. Se movilizaron en varios carros de asalto. Fue el mayor ataque del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo contra la Iglesia Católica, que ha experimentado a lo largo del año una escalada de hostilidades por parte del matrimonio de tiranos.

La imputación con la que se argumentan las detenciones es la sospecha de haber participado de las protestas de 2018, que dejaron cientos de muertos y expatriados. Bajo ese cargo, el obispo Álvarez permaneció arrestado en el edificio de la curia de Matagalpa desde el jueves 4 de este mes, junto a cinco sacerdotes, tres seminaristas y dos laicos. Aquel jueves que le detuvieron, Álvarez salió a la puerta de la casa y se puso a cantar “Amigo”, la canción de Roberto Carlos, dedicada a los policías que le rodeaban con cachiporras y escudos. Un rato más tarde, salió con la eucaristía a orar, de rodillas, en la acera. Ese temperamento, que se expresó con críticas cada vez más ácidas contra la dictadura, hizo que los Ortega, enfurecidos, ordenaran su secuestro.

La decisión provocó una corriente de inquietud internacional. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, manifestó su preocupación por lo que está ocurriendo en Nicaragua. También levantaron su voz otros obispos, como Silvio Báez, un carmelita nicaragüense que desde septiembre de 2019 está exiliado en el Vaticano. Otro clérigo, el sacerdote Edwing Román, quien viajó a Miami sin que le permitieran regresar, reclamó: “Basta ya de tanto silencio, hablen quienes tienen que hablar y dar la cara, a eso se le llama pecado de omisión”.

Las palabras de Román hacen juego con una presión creciente sobre las jerarquías de la Iglesia para que enfrenten a la tiranía nicaragüense. La Conferencia Episcopal, que preside el obispo Carlos Herrera, ha sido muy cautelosa en sus expresiones. Cuando el obispo Álvarez fue puesto bajo arresto domiciliario, expresó su “amistad y fraternidad” con él, e hizo saber su disponibilidad para colaborar con las autoridades con el propósito de alcanzar la paz.

La misma contención tuvo el cardenal Leopoldo Brones, que en la mañana del sábado visitó al obispo detenido. Informó que le expresó su “estima fraterna en nombre de la Iglesia nicaragüense”. Y agregó: “Esperamos que la razón, así como el entendimiento respetuoso, abran camino a la solución de esta crítica y compleja situación para todos”

Después del secuestro de Álvarez, la ola de reclamos llegó al Papa Francisco, quien durante el tradicional rezo del Angelus, este domingo, se pronunció diciendo: “Sigo con cercanía, con preocupación y dolor la situación que se ha creado en Nicaragua que afecta a personas e instituciones. Quisiera expresar mi convicción y mi deseo de que por medio de un dialogo abierto y sincero se puedan encontrar la bases para una convivencia respetuosa y pacifica”.

Quienes siguen con desasosiego el proceso de degradación de la democracia en Nicaragua suponen que la prudencia de la máxima jerarquía católica está dirigida a establecer alguna negociación que evite una violencia mayor. El cardenal Brenes y el obispo Herrera serían los encargados de esa aproximación al gobierno. En el plano público, además de las palabras del Papa, el Vaticano solo se pronunció a través de su observador ante la OEA, Juan Antonio Cruz, quien en una reunión del Consejo Permanente del organismo comunicó que en Roma tomaban nota de la situación nicaragüense y ofrecían el diálogo, que es indispensable para la democracia.

La cautela papal inspiró otras declaraciones. Un grupo de expresidentes y exjefes de Gobierno, entre los que se encuentran José María Aznar, Vicente Fox, Sebastián Piñera y Álvaro Uribe, pidieron al jefe de la Iglesia que actúe con mayor vigor. Esa solicitud de líderes de derecha presume que la moderación de Francisco esconde una brumosa simpatía por los gobiernos populistas de América Latina.

El hostigamiento de Ortega a las organizaciones católicas se ha ido incrementando a lo largo del año. En marzo, se resolvió la expulsión del nuncio apostólico Waldemar Stanislaw Sommertag. A comienzos de julio, fue expulsada la congregación de Misioneras de la Caridad, la orden fundada Teresa de Calcuta. Diciocho monjas debieron abandonar el país. A lo largo de los meses, las autoridades clausuraron 11 radios y 4 señales de TV administradas por la Iglesia.

En la sociedad nicaragüense hay una preponderancia católica, aunque no en la proporción de otros tiempos. Se calcula que 50% de la población practica esa religión y que el otro 50% la respeta. Pero en el blanco de Ortega también están los evangélicos, cuyas emisoras de radio y televisión fueron clausuradas.

La avanzada contra las organizaciones religiosas está inscripta en un movimiento más general. Ortega y su esposa dispusieron durante el último año la supresión de 700 organizaciones de ayuda humanitaria a las que, por su sola actividad, califican como corrosivas para el régimen. Esta radicalización autoritaria se aceleró después de la farsa electoral del año pasado, cuando los funcionarios advirtieron la notoria pérdida de consenso que afecta a su administración.

Alexis de Tocqueville señaló que uno de los fenómenos que previene contra los impulsos autoritarios que pueden anidar en la democracia es la asociatividad. Él la identificó, sobre todo, en la sociedad norteamericana. Los Ortega parecen discípulos perversos de Tocqueville. Caminan a paso acelerado hacia el totalitarismo destruyendo el entramado civil.

Esa marcha enciende señales de alarma en la comunidad internacional. En mayo de este año, el presidente del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Federico Villegas, designó a tres expertos que se encargarán de examinar la dolorosa situación nicaragüense. Son la colombiana Ángela María Buitrago, el alemán Jan-Michael Simon y el chileno Alexandro Álvarez. Grupos como éste han prestado servicios muy valiosos a la lucha por los derechos humanos, por ejemplo, en Venezuela. Se presume que la fiscalía de la Corte Penal Internacional decidió abrir un caso formal sobre la dictadura de ese país una vez que esos peritos elaboraron un informe con acusaciones muy precisas, dirigidas a más de 40 funcionarios, entre los cuales Nicolás Maduro fue señalado con nombre y apellido.

Nicaragua es un caso más complejo, porque no ha suscripto el Tratado de Roma, en el que se sostiene la autoridad de esa Corte. Para ser sancionados, sus tiranos, los Ortega-Murillo, deberían ser sometidos un proceso basado en la jurisdicción universal.

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